Así ha sido la ‘jugada maestra’ de las tabacaleras

A ‘golpe’ de un intenso cabildeo, manipulación de la opinión pública, falseo de datos y vínculos poco transparentes con funcionarios y legisladores, la industria ha logrado su cometido: frenar impuestos por 10 años.

Cuando Mikel Arriola tomó las riendas de la Comisión Federal de Protección Sanitaria (Cofepris) en marzo de 2011, inició una cruzada contra el tabaco ilegal, que coincidió con la campaña mediática de Philip Morris México (PMM) y British American Tobacco (BAT) en el mismo sentido. Ambas transnacionales aseguraban que el comercio de cigarrillos ilegales en México era culpa del Congreso por haberles subido el impuesto especial (IEPS).

El argumento de la industria era que el incremento de 7 pesos a la cajetilla que significaba un nuevo costo de unos 38 pesos, y que entró en vigor en enero de aquél 2011, provocaría que los fumadores compraran tabaco ilegal por ser más barato.

Arriola, desde la Cofepris, fue la punta de lanza del lema “Juntos contra la Ilegalidad” y en esos tiempos era frecuente verlo en actos que simulaban los shows de “la guerra contra el narco”, pero en vez de quemar droga, destruía cajetillas ilegales.

Para esta campaña, la Cofepris actuó junto con cámaras empresariales y otras instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y por supuesto, legisladores cercanos a los grupos de cabildeo de las dos tabacaleras, empresas a las que les venía muy bien que México pusiera el foco en la lucha contra el tabaco ilegal, y no en los impuestos a sus productos. 

Esta guerra se disputaba como en un tablero de ajedrez. Todos seguían las órdenes de los cabilderos, quienes en calidad de jefes de este ejército, actuaban como “alfiles”; luego estaban los diputados y senadores, cuya habilidad para boicotear en el Congreso, se asemejaba al de las “torres” asaltando las fortalezas; a su vez, la “caballería”, era la línea de golpeo frontal, encarada por Cofepris y Hacienda; mientras que los “peones” eran las cámaras empresariales. Por supuesto los “reyes” eran las tabacaleras. 

Desde el 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) detectó una serie de “interferencias” implementadas por parte de las tabacaleras para boicotear lo que afecta sus intereses, o impulsar aquello que les beneficia. Para esto utilizan a un gran número de cabilderos que mantienen relación con instituciones gubernamentales, las dos cámaras legislativas y organismos empresariales. Son como unos alfiles dirigiendo tácticamente su alineación. 

Una investigación de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas revela que hasta ahora las tabacaleras aventajan la partida, pues han logrado frenar el incremento recomendado a los impuestos al tabaco a lo largo de la última década, y ello coloca a nuestro país en la lista de “incumplidos” de la OMS. Este organismo internacional indica que el 75% del precio de una cajetilla debe corresponder a impuestos, y en México apenas suma 68.4%; por lo tanto, los avances están por debajo de las prácticas internacionales cuyo fin último es desincentivar el consumo de tabaco. 

Esta adicción, cada año, cobra la vida de 51 mil 600 mexicanos en promedio (142 por día), según datos presentados por Myriam Reynales, Jefa del Departamento de Investigación sobre Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Es decir, el 7.5% de las muertes totales en México, agregó la investigadora en un seminario web en julio de este año.

De acuerdo con una revisión de todas las iniciativas presentadas de 2010 a 2020 para incrementar impuestos al tabaco, un análisis hemerográfico y entrevistas a actores políticos y expertos en la materia, se evidencia que tanto PMM como BAT realizaron interferencias como impulsar agendas en el Congreso, desinformar, manipular a la opinión pública, falsear datos, reunirse con funcionarios y publicitar tabaco. “Los intereses de los gobiernos con los de la industria del tabaco son irreconciliables”, refiere Norma Ibáñez, abogada especialista en regulación del tabaco y exfuncionaria de Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic). 

Los expertos consultados coinciden en que una de las razones más importantes para aumentar impuestos es sencilla: mientras se recaudan 43 mil millones de pesos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a los cigarros y puros, las enfermedades relacionadas con el tabaquismo cuestan al sector salud entre 75 y 80 mil millones, según datos oficiales. Casi el doble. 

Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, urgió a alcanzar ese 75% de impuestos no sólo para promover un equilibrio entre la recaudación fiscal y los costos al sector salud, sino para evitar casi 100 mil casos de infartos al miocardio, 15 mil de cáncer de pulmón y más de un millón de muertes prematuras por tabaquismo en la siguiente década. Ello significaría una recaudación de más de 135 mil millones de pesos. “No hay dosis saludables del tabaco, ni colores, ni sabores. El tabaco mata” dijo López-Gatell el pasado 21 de julio, en un claro desafío a las tabacaleras. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, ha dejado claro que no está de acuerdo en que sea favorable un incremento; y en varias ocasiones ha dicho que no confía en la estrategia de aumentar impuestos en productos como alimentos chatarra, cigarros y alcohol, para evitar que la gente los consuma, afirmando que “no se puede traficar con la salud del pueblo”.

Sin embargo, en el marco de la emergencia por la COVID-19, hay un grupo que insiste con una nueva apuesta para subir el impuesto al tabaco que incluye además a bebidas azucaradas, alcohol y alimentos chatarra. Las diputadas Carmen Medel e Imelda Pérez de Morena proponen elevar la cuota fija del IEPS a casi 1.5 pesos por cigarro, que la recaudación extra se etiquete al gasto en salud y que Hacienda construya el andamiaje para ello en 90 días.

Sin embargo, su dictaminación quedó congelada en junio a pedido del propio morenista Marco Antonio Medina, secretario de la Comisión de Hacienda, lo cual respaldó José Isabel Trejo (PAN) por ser “el peor momento” para un aumento, aún en esos productos. 

Hay una segunda iniciativa para subir impuestos que es la de Manuel Huerta, pero igualmente está atorada en la Comisión sin ser analizada desde dos periodos atrás y apuesta a elevar a 1.35 pesos por cigarro, que se sumaría a la actualización a la inflación autorizada en 2019. “Este año se requiere otro logro, aprovechando que estamos en otros tiempos políticos y que no vamos a ceder tanto”, dice el morenista Huerta en entrevista; pero (los cabilderos de las tabacaleras) “ya están acechando como tiburones”, agrega.

A partir del 8 de septiembre que se recibió la propuesta del paquete fiscal 2021, estas iniciativas podrían ser consideradas en el dictamen que se lleve a votación del Pleno en ambas cámaras. No obstante, el panorama para que ello ocurra se ve complicado, y se suma que la propuesta del Ejecutivo no incluye aumento o actualización alguna de impuestos. 

ASÍ HA OPERADO LA INDUSTRIA EN EL TABLERO 

Después del aumento del IEPS a los cigarros, entre finales de 2009 y de 2010, las tabacaleras iniciaron campañas mediáticas para revertirlo. Fueron respaldadas por cámaras empresariales y asociaciones como la Alianza Contra Productos Ilegales (ACPI); lo mismo que por la Cofepris y la SHCP.  Con ello las tabacaleras lograron que solo les aplicara un impuesto que incrementaría gradualmente, y al siguiente año un aumento a la cuota, pero sin ajuste a la inflación, lo que incumplía el 75% recomendado por la OMS. 

“Fue una campaña tremenda en los medios”, recuerda Juan Núñez, coordinador de la coalición “México SaludHable” y de la Alianza Nacional Contra el Tabaco. “Pusieron espectaculares en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey” en los que se advertía sobre el peligro del tabaco ilegal, dice a su vez  Erick Ochoa, director general de Salud Justa, una organización civil que le sigue la pista a las tabacaleras desde hace años. 

De acuerdo con los expertos, la estrategia de crear un problema a raíz del alza de impuestos es una “táctica dilatoria” usada en todo el mundo.  “De hecho ha sido, desde hace años, uno de sus ‘caballitos de batalla’”, coinciden los expertos.

Las declaraciones de Carlos Humberto Suárez, director de asuntos corporativos de BAT, en ese entonces, evidencian la narrativa: “Alertamos a los legisladores en octubre del año pasado (2010) de las consecuencias negativas de un aumento tan violento en el impuesto a los cigarros. Les dijimos que se detonaría un mercado ilícito”. 

Al tiempo que esto sucedía, los grupos cabilderos de las trasnacionales operaban en la cámara baja a fin de que no se alcanzara el ajuste. La opacidad con la que actuaban PMM y BAT se daba gracias a que las transcripciones de las reuniones entre diputados y cabilderos, no se hacían públicas, como lo establece una revisión de las bitácoras realizada por Ethos. 

Aunque desde 2003 México había firmado el Convenio Marco de Control del Tabaco (CMCT) de la OMS, en donde se establecieron lineamientos para impedir que la industria tabacalera influenciara políticas de salud, en marzo de 2011, quedó claro que activaron a sus cabilderos para evitar un ajuste real.

Ese marzo, Mikel Arriola tomó posesión en la Cofepris para el periodo 2011-2016. Antes fue jefe de la Unidad de Legislación Tributaria dentro de la SHCP, y cercano al círculo del entonces subsecretario de Ingresos, José Antonio Meade. 

“La industria siempre ha tenido aliados en la Cofepris y se acercaron a Mikel Arriola para construir esa narrativa”, comenta el experto en regulación de tabaco, Erick Ochoa de Salud Justa. 

“El apoyo público que dio Arriola, como comisionado de Cofepris, para unirse a las campañas de las tabacaleras, fue una violación al Convenio Marco de la OMS. Mikel tiene ahí una responsabilidad grave”, acusa directamente Miguel Ángel Toscano, antecesor de Arriola en Cofepris, y conocido por denunciar en 2005 viajes pagados por tabacaleras a legisladores a la Fórmula1 de Budapest, cuando él era diputado del PAN. 

Consultado sobre ello, Arriola lo niega y añade que su gestión fue la más activa en la regulación del tabaco. “Yo nunca me comí ese argumento de la industria. A mi me veían en los pasillos de la Cámara de Diputados los cabilderos de la industria y salían corriendo”, dice. Por su parte, Álvaro Pérez, excomisionado de operación sanitaria en el equipo de Arriola responde: “De ninguna manera hubo coacción o determinación de política pública por parte de las tabacaleras”. 

Desde su llegada, Arriola cambió la estrategia para perseguir “intensamente” el comercio ilegal de tabaco, según lo comenta en el texto “La regulación sanitaria, clave para el control del tabaco en México”. Para ello se abrieron canales de comunicación entre la Alianza Contra Productos Ilegales (ACPI), y la Secretaría de Gobernación (Segob),  el SAT, la aún PGR, la Profeco y la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) entre otros organismos, los cuales aparecen como “aliados” en su web. 

“Se trataba de un grupo fachada (ACPI). En realidad protegía los intereses de la industria”, indica el abogado Javier Zúñiga, quien pertenece a la Coalición México Salud-Hable. Por su parte, Mikel Arriola y Álvaro Pérez coinciden en que este grupo no tenía vínculos con la industria del tabaco, a pesar de que notas periodísticas de la época refieren que las tabacaleras hacían parte de la Alianza. PMM indica por su parte: “Toda nuestra comunicación con las autoridades de México y de cualquier otro país se realizan con absoluta transparencia”.

Si bien la eliminación del tabaco ilegal sí es una línea de acción de la OMS que el organismo establece a partir de un protocolo, una de las “dificultades” por las que los países no lo ratifican, se debe a que es un espacio usualmente aprovechado por las tabacaleras para acercarse a las instituciones públicas a través de supuestas colaboraciones. 

Suárez Flores, de BAT, insistió en septiembre de 2011 que la subida de impuestos incentivaba a “traficantes internacionales”. A su vez Cofepris presumía de sus logros como un aumento del 400,000% de incautaciones durante el primer año en el cargo, en el marco de la campaña Juntos contra la ilegalidad. En ese mismo año, según el directivo de BAT, el contrabando causó una pérdida recaudatoria de 6,000 millones de pesos. 

En ese entonces la Hacienda de José Antonio Meade “no respondía a las solicitudes que se hicieran para algún ajuste (alza al impuesto)”, añade Ochoa de Salud Justa en entrevista. 

Para finales del sexenio de Calderón, en mayo de 2012 se lanzó la campaña: “En mi tienda vendo solo cigarros legales”. Y en 2013, con Enrique Peña Nieto ya en la presidencia, continuó la dinámica. El director de BAT y el entonces senador Manuel Cota se reunieron con productores de tabaco en Nayarit, el mayor estado productor. El priista se comprometió a no elevar impuestos a cigarros. 

Para 2014 y 2015 se implementaron más operativos, de acuerdo con la línea de tiempo construida por Ethos. Luego, en 2016 Arriola salió de Cofepris y entró Julio Sánchez y Tepoz, cuyo cargo fue hasta noviembre de 2018. 

Ochoa, de Salud Justa, asegura que durante el sexenio de Peña Nieto tuvieron unas tres reuniones con la SHCP de Luis Videgaray para impulsar el tema de impuestos al tabaco; pero “había muy poca retroalimentación porque en realidad no querían asumir compromisos”, opina. 

Consultado sobre las “interferencias” para evitar impuestos, el doctor Miguel Malo, asesor Internacional de Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS en el Área de Prevención y Control de enfermedades Crónicas y Salud Mental, explica: “Un mecanismo utilizado, por un lado, es exagerar la importancia económica de la industria; y también mostrar datos falsos”. Esto con el fin de que se perciba como una amenaza a la economía.

“Resulta que nosotros con uno de los estudios más importantes en el mundo (…) llegamos a la conclusión que el contrabando era menos del 9%” y no el 17% que difundieron las tabacaleras, agrega el doctor Malo sobre el estudio Cigarros ilícitos en México. Una estimación robusta y transparente para apoyar la toma de decisiones de la Conadic y la OMS, el cual sostiene que el mercado negro solo es el 8.8% del consumo total de cigarros. 

Sin embargo, PMM en su línea narrativa, asegura en el comunicado entregado a Ethos que representa poco más del 20% del total según datos del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, y advierte: “México enfrenta un problema creciente de consumo de cigarros ilegales (…) y por los efectos de la pandemia se prevé un aumento en la demanda”.

De esta forma, y de acuerdo con los expertos consultados , a lo largo de este tiempo, se han generado al menos seis tipos de boicot a los impuestos mediante: manipulación de la opinión pública, uso de datos no sustentados, apariencia de empresa socialmente responsable, cabildeos legislativos, reuniones con funcionarios y publicidad del tabaco. 

Es decir, prácticamente de 2010 a 2020, dicha oposición a los impuestos se apegó a la narrativa de que el consumo ilegal se ha incrementado por culpa del IEPS gradual; esto pese a que dicha medición requiere del sistema internacional de localización y seguimiento de la OMS, recomendaciones que debe cumplir cualquier gobierno que quiera implementar el Protocolo para eliminar el tabaco ilegal. Y si bien México firmó ese protocolo en 2012, no lo ha ratificado.

“El proceso de ratificación del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco se ha visto obstaculizado por la interferencia de la industria tabacalera, que tiene interés en perpetuar la situación actual”, asegura la OMS en un documento de 2015 respecto a los países que no han ratificado el protocolo.

¿CÓMO ACTUARON LOS BRAZOS CABILDEROS?

La fuerza cabildera en México se volvió estratégica a partir de la primera alternancia en el sexenio de Vicente Fox y un legislativo en reequilibrios. Su jugada a jaque fue la operación de PMM y BAT en el polémico acuerdo “un peso por cajetilla” que firmaron con la Secretaría de Salud, vía Cofepris y Conadic.

Entre 2004 y 2006 el gobierno condonó los impuestos especiales (IEPS) y al Valor Agregado (IVA) “al peso por cajetilla” a cambio de que las tabacaleras patrocinaran el Fondo de Gastos Catastróficos para el naciente Seguro Popular, recursos que además fueron deducibles en el ISR. La industria finalmente aportó 50 centavos por paquete de cigarrillos los primeros 17 meses, 70 centavos por 9 meses más, y un peso solo los últimos tres meses del pacto.

El decreto de condonación de impuestos se publicó el 30 de julio y entró en vigor un día después. El objetivo era recibir 4 mil millones de pesos; y esta interferencia neutralizó todo gravamen el resto del sexenio foxista. Con esta acción, México incumplió con el compromiso de mantener a las tabacaleras al margen de sus políticas de salud y tabaco, solo un mes después de haber ratificado el Convenio Marco de la OMS, que así lo establece.  

De acuerdo con activistas pro control y una revisión hemerográfica, este pacto se atribuyó al entonces secretario de Salud, Julio Frenk, y al primer regulador de Cofepris, Ernesto Enríquez Rubio (2002-2006), quien presumía que la idea había surgido por asesorías de España y Brasil. “El gran problema fue que Frenk se sentó a negociar con las tabacaleras la salud pública de las personas y años después seguimos pagando las consecuencias”, precisa el abogado Javier Zúñiga, jurídico de El Poder del Consumidor.

Años después, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicada en 2010, reveló que fueron los propios directivos tabacaleros, quienes diseñaron el pacto. 

En el gobierno de Felipe Calderón con PAN y PRD fortalecidos en la LX Legislatura (2006-2009), aún insuficiente para no requerir acuerdos con el PRI, el cabildeo se colocó como estrategia decisiva para canjear información, tomar decisiones y negociar las reformas del Ejecutivo. Las áreas de enlace legislativo tomaron la relevancia que nunca tuvieron. 

Al amparo del directivo Carlos Suárez, Shirley Almaguer creció como cabildera en BAT, empresa que la fichó desde 2009; tanto así que en 2015, el propio Suárez Flores la impulsó como estratega para acompañar a su sucesor Gastón Zambrano, según sus perfiles profesionales en Zoominfo y Linkedin. 

La relación indirecta de ambos con el actual partido en el poder Morena ha sido polémica; mientras Almaguer Camacho es hija de la exdirigente del partido Yeidckol Polevnsky; el regiomontano Suárez Flores lo es del notario Carlos Suárez Garza, destituido el año pasado como representante de Morena ante el INE. Y él mismo es señalado operador político de la madre de la lobbista.  

Shirley Almaguer ha ocupado distintas carteras en la cigarrera británica, desde directora de relaciones públicas a gerente de asuntos regulatorios. A la par escaló a puestos en el sector empresarial al encabezar el Comité de Combate a la Ilegalidad de Canacintra, en 2014, y hoy como líder del sector Alimentos, Bebidas y Tabaco y vicepresidenta de Relaciones Públicas a nivel nacional. Es decir, hasta la fecha, tiene un pie en BAT y otro en Canacintra. 

Esta cámara representa los intereses de la industria junto con sectores más estruendosos ante los impuestos como las refresqueras y de alcohol. 

Aunque cada tabacalera tiene sus equipos internos de cabildeo, ambas contratan despachos externos para desplegar estrategias específicas dentro y fuera del congreso, refiere Ángela Guerrero-Alcántara, investigadora del proyecto Estrategias de la industria tabacalera en México para interferir en las políticas de control del tabaco. 

“En el contexto de hoy sin cabezas políticas que alineen las bancadas, hay muchos grupos, y las negociaciones son más complejas. Tienen más valor los asesores políticos como motores de información para cabilderos, sin que necesariamente estén cooptados”, explica Guerrero-Alcántara, del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social A.C.

Las tabacaleras no trabajan con una sola agencia, suelen tener una de monitoreo, otra de relaciones públicas y marketing, y otra para el tema fiscal, indicaron exlegisladores y cabilderos pro control del tabaco consultados para este reportaje. De 2000 a 2010, PMM centró su lobbying con su equipo interno; mientras BAT contrataba seis o siete agencias y las ponía a competir para ver quién le daba mejor resultado.

Esto cambió. En la última década, PMM apostó por las firmas externas Safie Consultores y Centro, para su lobbying más visible, aunque no son las únicas. La primera la encabeza Rosemary Safie Samour, una cabildera atípica que da entrevistas públicas y explica cómo trabaja.

“Para impulsar los intereses de nuestros clientes, les brindamos una opinión profesional sobre los asuntos que nos encargan. También revelamos cualquier posibilidad de conflicto de interés actual o potencial” dijo Safie Samour en entrevista escrita para Ethos, quien agregó que su firma “trabaja bajo un código de ética que respeta las normas jurídicas, y que se conducen con rectitud en su relación con legisladores y funcionarios”. Explicó que la identidad de sus clientes se maneja solo ante quienes tienen relación con ese cabildeo.

Con casi 20 años de experiencia en el cabildeo, Safie Samour ofrece estrategias de cabildeo, mapas de actores y escenarios a través de un staff de expertos que van de antiguos funcionarios de enlace legislativo en Relaciones Exteriores y Hacienda, a exasesores del Congreso. Ella fue funcionaria por más de 10 años en la Secretaría de Gobernación (Segob), Comunicaciones y Transportes (SCT) y Fonatur, entre otras.

En el último lustro, Safie cabildeó por la regulación enfocada a mariguana medicinal para niños enfermos, objetivo al que se sumó su esposo, el hoy alcalde Vidal Llerenas (Azcapotzalco), entonces diputado federal, apoyando la batalla legal del caso que autorizó a la familia de la niña Grace importar aceite de cannabis en jarabe para su epilepsia.

La segunda, Centro, es la consultora que dirige Mony de Swaan, el excomisionado de la desaparecida Cofetel. Su firma se especializa en asuntos públicos en telecomunicaciones, sector salud y farmacéutico, y sectores regulados.

De Swaan, con cinco años de lobbista —y exfuncionario de gobierno por más de 15—, apareció en 2017 acompañando a directivos de PM a reuniones con Cofepris cuando Julio Sánchez y Tepoz era su titular. De Swaan declinó hacer comentarios al respecto. Lo anterior fue denunciado como “interferencias” por la Coalición México SaludHable a partir de documentos de transparencia a los que tuvimos acceso.

Actual cabildero en la LXIV Legislatura del Senado, de Swaan nos indicó que si bien “no tiene un contrato” con Philip Morris para cabildear asuntos de impuestos, sí trabaja con la compañía “porque nos pagan, pero también por absoluta convicción, en el tema de servicios electrónicos de consumo de nicotina, como iQOS”.

Safie y De Swaan, desde PMM, y Almaguer, desde BAT, trabajan con estrategias diferenciadas en algunos rubros. Los primeros son alfiles que buscan la regulación de iQOS, “producto estrella” de Philip Morris, y consolidan el discurso, —no comprobado científicamente— de reducción de daños y menor riesgo de estos aparatos; mientras que la cabildera en British avanza cual alfil por el tablero, en todos los frentes, tanto por el cigarro tradicional como por regular la vaporización con aceites. 

“Tienes una industria y su lobby que juega a veces en el espectro legal o formal y otras en el ilegal o invisible. Los grupos pro control del tabaco no cambiaron, y la industria sí entendió la coyuntura de violencia y seguridad que ha sido el gran tema en los últimos 10 años”, explica Guerrero-Alcántara. 

Hoy el discurso de la industria, agrega componentes sobre la calidad del producto: además de piratas, son inseguros. Retoman el contexto del tráfico de drogas, para asociar que elevar impuestos al tabaco genera violencia y pandillas. “Aprovechan las coyunturas de cárteles y túneles del Chapo para exacerbar la problemática. Empiezan a utilizar estos conceptos”, alerta Adriana Rocha, directora de Asuntos Legislativos de Polithink. 

A nivel global, PMI alertó que el tráfico ilegal financia al terrorismo y ataques como los de París en 2016.

Pero el cabildeo en México, a diferencia de países como EEUU, sigue como desde hace una década: sin un andamiaje que transparente su actuar y cuánto se gasta en ello; o que documente las reuniones entre los llamados lobbistas y los legisladores. 

Nada regula sus estrategias y prohíbe el conflicto de interés. Solo se avanzó en tener un registro de cabilderos y un reglamento para su actuar en el espacio legislativo físico -dentro de edificios del Senado y Cámara de Diputados-, y deja fuera cualquier acción extramuros, aún cuando su actividad la realizan también en dependencias federales, según nos explican diversas fuentes. 

A una década, los resultados revelan que las torres, caballos, alfiles y peones de BAT y PMM hicieron mejores movimientos y acumularon mayor puntaje en la protección a su corona negra, pues la acción de prioridad más “alta” para combatir el tabaquismo, que es subir los impuestos, no ha alcanzado su meta; y de hecho, el gravamen se desgastó con el tiempo, ante la falta de actualizaciones a la inflación y mayores cuotas, coinciden los expertos consultados.

¿GANÓ LA SALUD PÚBLICA? 

“¡Tu mejor botella!” pidió Rosemary Safie a un mesero del restaurante del Palacio Legislativo de San Lázaro la madrugada del 19 de octubre de 2019, según reportó La Jornada. En ese festejo petit comité había otros cabilderos como Shirley Almaguer, y el jefe de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de SHCP, Francisco Arias. Celebraban el revés al elevar el IEPS al alcohol, cerveza, refrescos, alimentos de alto contenido calórico y cigarros. Escena que resume el jaque mate al bloqueo legislativo.

Los impuestos al tabaco se contemplan en el artículo 6 del Convenio Marco, como una de las medidas más eficaces para desincentivar su consumo, prevenirlo en generaciones futuras y mitigar los daños a la salud pública.

Y aunque 2020 inició con un aumento de seis a siete pesos al precio de la cajetilla de cigarros (hasta 64 pesos para las marcas más populares), de ellos solo 2.9 pesos corresponden al ajuste a la inflación de la cuota fija, pendiente por casi una década.  

Resulta que en el 2009 se aprobó incluir en la Miscelánea 2010 un segundo componente del IEPS al tabaco, una cuota específica de 2 pesos por cajetilla, pero su aplicación sería gradual de 4 a 10 centavos por tabaco a lo largo de cuatro ejercicios fiscales. La Hacienda de Agustín Carstens justificó el esquema para evitar distorsiones al mercado. Sin embargo, “diferir el alza de una tributación elimina su impacto al consumo”, explica Alejandro Madrazo-Lajous, abogado e investigador que por años apeló en favor de políticas de control de tabaco.

Una nueva reforma que buscaba cuadruplicar la cuota fija por tabaco o cajetilla, actualizar la ad valorem de 160 a 180%, eliminar la gradualidad y ajustar conforme a la inflación enfrentó un proceso legislativo largo e intenso un año después, en 2010, y destapó la maquinaria de interferencia echada a andar.

El exsenador Ernesto Saro Boardman (PAN), quien como presidente de la Comisión de Salud fue su impulsor, recuerda que “había un debate con más sustancia porque no había un interés político en contra de la reforma para elevar impuestos al tabaco, pero sí cabildeo para frenarla”. 

PMM y BAT pagaban asistentes y viajes, acusa Saro: “Perdí amistades como Yeidckol Polevnsky, quien tenía un conflicto de interés porque a su hija la contrató BAT y ella lo negaba. Lo hice público porque tenía recibos de nómina y logré que la señora se abstuviera”, aunque en esa votación de 2010, la entonces perredista fue por la negativa. 

Por su parte, Philip Morris México detalló en una comunicación enviada como única respuesta a un cuestionario de 48 preguntas, que la compañía cumple con “estrictos controles internos, que previenen que cualquier integrante de la empresa o terceros que trabajen con nosotros, incurran en actos que vayan en contra de nuestro código de ética corporativo”.

“Todas nuestras prácticas de mercadotecnia, relaciones públicas, eventos y comunicación están dirigidas a consumidores mayores de edad y nos aseguramos de manera sistemática que cumplan con la ley, con las reglas que la autoridad ha señalado y nuestros propios códigos”, añaden en la comunicación. 

Según Saro Boardman declaró para este reportaje, recibió asesorías de la OMS de Margaret Chan y de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero para blindar sus iniciativas de los amparos de la industria, que nunca perdió. Se alió con organizaciones extranjeras y nacionales como Tobacco Free Kids y Fundación Interamericana del Corazón (FIC) que le ayudaron con estudios, encuestas y financiaron una campaña de espectaculares alrededor del Congreso y en vialidades principales.

Unos 60 anuncios con frases como “Conoce a tus diputados, a algunos no les interesa tu salud” en una imagen con hombres de negro y corbata roja que en un año con 15 elecciones, 12 para gobernador, tuvo reacción inmediata. 

Fue entonces cuando el senador Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada tricolor, se comprometió a dar el apoyo de su partido en el Senado y también en Diputados, para que la reforma avanzara, pues el PRI siempre votaba en bloque, recuerda Saro; y narra que a raíz de todo esto, las tabacaleras emprendieron una campaña de desprestigio en contra del exsenador por Coahuila: “Fueron como 10 días de ataques intensos que finalmente no prosperaron”, según cuenta. 

Pero el mayor bloqueo —recuerda Saro— fue con la Hacienda de Ernesto Cordero, quien advertía que se caería la recaudación de actualizar el gravamen; es decir, el argumento de la industria tal cual. 

“En temas de impuestos, les daba miedo. Les temblaba la mano”, asegura el excomisionado y exdiputado del PAN Miguel Ángel Toscano. 

“El cabildeo de las tabacaleras era con el Ejecutivo: con Hacienda y Salud”, añade Saro Boardman, que en aquellos años hizo mancuerna con el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba con quien impulsó diversas reformas en materia de tabaco, pero al menos 14 no prosperaron. Hoy Ramírez Barba, impulsor de la LGCT y otra vez diputado federal, apoya que los cigarros electrónicos y vapeadores sean regulados, aún cuando esto es contrario a la recomendación de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de prohibir o restringir su fabricación, importación, distribución, presentación, venta y consumo.  

“Yo llegué hasta Los Pinos, y el presidente me preguntó: ‘¿traes algún problema con esta gente?’ Le dije, sí, que están matando a muchos mexicanos, pregunta al IMSS y al ISSSTE cuánto les cuestan las enfermedades relacionadas al tabaco. Tuve que hablar con Margarita (Zavala) y me ayudó a convencer a Felipe y a Cordero. Logramos empujar la iniciativa; limitada pero salió”, recuerda Saro.

En 2012, en la LXII Legislatura y el retorno del PRI con Peña Nieto en la presidencia, el senador Francisco López Brito (PAN) integrante de la Comisión de Salud, buscó escalar a 90 centavos por cajetilla la cuota fija e indexarla con la inflación. La Comisión de Hacienda del diputado priista José Francisco Yunes no la dictaminó, pidió prórroga y la archivó.  

Un año después, la diputada Leslie Pantoja (PAN) revivió el intento de fijar en 90 centavos por cigarro la cuota específica e indexar; pero nada se incluyó en la  reforma a la miscelánea fiscal que entró en vigor en 2014. Exentar la cuota fija a tabacos artesanales de la priista Marina Garay y los códigos de seguridad que apuntaló el gobierno sí se incluyó. Movimientos que dieron puntos a la industria.  

En 2014, se firmó el Acuerdo de Certidumbre Tributaria por el que el gobierno de Peña Nieto no presentaría reformas fiscales el resto del sexenio. La mayor estrategia de interferencia de cuatro años.

Pese a ello, en 2016, una iniciativa del diputado Francisco Javier Pinto (PANAL) propuso elevar la cuota fija a 42 centavos por cigarro y la ad valorem a 193.12% y 36.6%, pero tampoco se dictaminó. Un año después, tras los sismos de septiembre de 2017, se impulsaba en apoyo a la reconstrucción. Pero nada se movió. 

La industria suele trabajar con legisladores nayaritas, estado en que se cultiva tabaco para comercialización de PMM y BAT en México. Como ejemplo, el senador Miguel Ángel Navarro de Morena, actual presidente de la Comisión de Salud, en un evento de BAT dijo que no se debe satanizar al tabaco, que genera inversiones, empleos.

Hay mucha evidencia de interferencias en Nayarit, e incluso el gobierno estatal participa: “Cuando tienes al presidente de la Comisión de Salud diciendo que la gente se muere también de otras cosas (la obesidad mata más que el tabaco), no puedes decir que no hay intervención”, señala Adriana Rocha de Polithink.

Para finales del 2019 Hacienda promovió en el paquete fiscal 2020, incluir la actualización a la inflación del IEPS al cigarro. Derivó en casi tres pesos más por cajetilla a la cuota fija de siete ya existente, pese a la resistencia de la industria que pedía una reunión en septiembre, vía Andrzej Dabrowski, presidente de PMM. 

En esa discusión del Pleno se presentó a última hora una reserva moderada de incremento al IEPS a tabaco, alcohol, refrescos y alimentos chatarra y que la recaudación se etiquetara a la salud. Fue aceptada a mano alzada con aval de PT, MC y Morena, pero finalmente fue rechazada luego de que el diputado Gerardo Fernández Noroña pidió votarla aparte y recordó que el compromiso del gobierno de AMLO fue no subir impuestos.

“Fue evidente una operación para parar lo ya aprobado, con cabilderos dentro del pleno, la promesa de no elevar impuestos y el argumento de no afectar a los más pobres, cuando son los más beneficiados con esto”, recuerda Pérez Segura, diputada promovente quien esa madrugada manifestó la interferencia.

El lobby festejó y resonó hasta en las redes, pero esta vez no operó como antaño con triunfos en todos los frentes, refiere Adriana Rocha de Polithink. Por ejemplo, la industria no logró frenar el decreto que prohíbe importar cigarros electrónicos y vapeadores, que el gobierno gestionó desde marzo de 2019. “PMM y BAT redujeron espacios de poder y hoy deben negociar mucho más”, agrega. 

Sin embargo, a días de que inicien los jaloneos y la próxima discusión en la Cámara, en medio de la cloaca que destapó la pandemia -de mayor riesgo por comorbilidades que crea la nicotina-, “hay patadas bajo la mesa”, nos dice el diputado Manuel Huerta. 

A mediados de agosto le filtraron una iniciativa con cuotas más conservadoras a las presentadas, que se gesta con sigilo en el Senado y firman legisladores del PAN, que son secretarios de las comisiones de Salud de ambas cámaras. “No se socializó; quiere decir que allí están los poderes fácticos y buscan ganar terreno para contravenir o retardar”, explica.

Ahora parece haber más fuerza desde posiciones del gobierno: “(López-Gatell) es un personaje que (la industria) no ha podido cooptar; y eso quiere decir que no tendrán acceso a la subsecretaría”, opina la investigadora Guerrero-Alcántara.

“Desde la perspectiva de salud sabemos que el aumento de 2019 no es suficiente y aún no hace justicia para cumplir las responsabilidades ante la OMS”, aceptó López-Gatell a mediados de julio en un seminario con expertos.

Pero la partida está en el aire con una apertura semiabierta e iniciativas que apuestan a cubrir la meta de referencia del 75%, sin claridad en el tipo de ataque y defensa que se jugará ni en la transparencia de las acciones e interacciones. Veremos de quién será ahora el Jaque Mate. 

***Shirley Almaguer, Alfonso Ramírez Cuéllar, Ernesto Cordero, la Alianza Contra Productos Ilegales, y la tabacalera British American Tobacco (BAT) no respondieron a solicitudes de entrevista, hasta el cierre de este reportaje. 

***Este reportaje forma parte de Fostering transparency and accountability in the design and implementation of tobacco control policies, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Rodrigo Bolaños y Silvia Márquez, así como el apoyo de Lisa Grabinsky, Alejandra Moreno y Gabriel Reyes. Edición: Karla Casillas Bermúdez.

***Este documento fue posible gracias a una subvención administrada por la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (The Union) y financiada por Bloomberg Philanthropies. El contenido de este estudio es responsabilidad de los autores y bajo ningún caso debe considerarse que refleja el punto de vista de The Union o de Bloomberg Philanthropies.