ANTICORRUPCIÓN

Si convertimos el Poder Judicial en un concurso de popularidad, los avances en derechos humanos conseguidos durante las últimas décadas podrían verse comprometidos, dejando a las minorías nuevamente vulnerables y desprotegidas.

Hace unos días sonó en los medios de comunicación que la estrategia anticorrupción de Claudia Sheinbaum apostaría por regular el cabildeo. Una acción que, de concretarse adecuadamente, resultaría benéfica para nuestro país.

No se necesita mucha astucia para saber que en este país se crean todos los días empresas con el fin de realizar fraudes. ¿Quién no ha oído de las empresas fantasma que se utilizan para emitir facturas falsas, lavar dinero, contratar créditos bancarios o desviar recursos?

México necesita un combate sistémico de la corrupción, pues esta es un fenómeno con muchas aristas. El gran reto es hacer que cada parte del sistema funcione.

Ninguno de los candidatos punteros a la jefatura de gobierno de la CDMX realizó propuestas para atender el problema de la corrupción con las autoridades de seguridad pública, no hablaron del papel de los denunciantes y víctimas de la corrupción, ni hubo propuestas con enfoques interseccionales que puedan atender a las minorías.

Dada la importancia de nuestro país en el fenómeno migratorio, el combate a la corrupción en las instituciones que atienden a población migrante debería formar parte de nuestras agendas, pero no es así.

La escasez de agua que vivimos actualmente tiene causas multifactoriales, pero la corrupción en su gestión es una de las que más facilita que se nos escape el líquido entre la opacidad, ilegalidad e incapacidad institucional.

El primer obstáculo que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas es que la información sobre qué es y cómo se combate la corrupción se reproduce generalmente en medios electrónicos y en español.