Si bien las transferencias sociales pueden aliviar las condiciones económicas de los hogares, no sustituyen la provisión de servicios públicos. El apoyo directo pierde su propósito cuando las familias se ven obligadas a usarlo en consultas, medicamentos o servicios educativos privados para compensar las deficiencias de los servicios públicos.

Uno de los grandes desafíos éticos que enfrentamos es evitar que vivir más años sea castigado con la precariedad. Es indispensable cerrar las brechas salariales y de cuidados desde los años de vida laboral activa para asegurar una vejez verdaderamente digna, libre e independiente para las mujeres.

La caída de la inversión privada y la desconfianza empresarial revelan un problema que va más allá de la coyuntura: sin certeza jurídica, instituciones previsibles y Estado de derecho, el Plan México corre el riesgo de quedarse en una invitación a misa.