El gigante de amoniaco y un pueblo dividido en la resistencia

Antes de salir a pescar, cualquier persona de la Nación Mayo-Yoremedebe dar gracias a la naturaleza. Eleva su oración al universo para pedir por ese día, por la vida, por los animales y las plantas que le rodean, por el alimento que podrá recoger para su familia. Esa conexión con la Tierra es el principal misterio de esta nación indígena que vive en el noroeste de México desde hace cientos de años, antes de que este territorio fuera invadido por España y sus misiones religiosas. Esta comunidad es también la misma que inició una lucha desde hace 7 años para tratar de impedir la construcción y funcionamiento de una planta para producir amoniaco en la bahía de Ohuira.

Las comunidades Mayo-Yoreme, como los Yaquis —con quienes comparten territorio y comida—, son silenciosas hasta que llega el peligro. Son ellas quienes legalmente han logrado frenar a un gigante de acero y concreto en la bahía de la región de Topolobampo, donde desde 2015 comenzó a construirse una planta para la producción de amoniaco, lo que pondría en riesgo un ecosistema y el desarrollo de las comunidades pesqueras, rurales e indígenas. El proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en asociación con Proman, un coloso suizo-alemán del sector petroquímico, quiere iniciar operaciones, pero hasta ahora la interposición de una serie de amparos y de decisiones judiciales lo ha impedido.

Una investigación realizada por Ethos Innovación en Políticas Públicasrevela que la empresa con inversión alemana logró obtener permisos de construcción sin haber hecho una consulta previa a los pueblos originarios con las características que marca la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Con el apoyo de políticos locales de alto nivel, quienes fungieron como asesores y promotores del proyecto, y entre quienes se encuentran el político Francisco Labastida Ochoa, su hijo Francisco Labastida Gómez de la Torre y el ex gobernador Mario López Valdéz, mejor conocido como Malova, este consorcio comenzó a construir la planta en un humedalprotegido por el convenio Ramsar desde 2009. Con ello inició el proceso de destrucción y contaminación del área protegida bajo normas internacionales, según documentos e investigadores entrevistados para este trabajo.

Además, durante dos recorridos realizados en las zonas de Ohuira, Lázaro Cárdenas y El Maviri, en los que se recabaron alrededor de diez testimonios de activistas indígenas y habitantes de la zona, las comunidades denunciaron la creación de una estrategia para dividir a los pueblos, que ha incluido amenazas contra las mujeres que encabezan la lucha.

La planta que busca producir alrededor de 770 mil toneladas de amoniaco anualmente —lo equivalente a llenar el 63% del volumen del Estadio Azteca con ese químico—, traería una inversión multimillonaria en el noroeste mexicano, de aproximadamente 5 mil millones de dólares al término de 10 años, pero según diversos estudios realizados por investigadores de la zona, podría poner en riesgo el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira.

Este humedal, en medio de los pueblos de Ohuira, Muellecitos, Paredones, Lázaro Cárdenas, Campo Nuevo, San Carlos y Topolobampo, alberga aves playeras, es un hábitat crítico del delfín nariz de botella y es también zona de cría y alimentación de las tortugas prieta y carey, así como de peces y crustáceos de importancia comercial, de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).