Un negocito puede ser la oportunidad de obtener ingresos económicos, pero antes de atender al primer cliente hay que “capotear” burocracia, gestores y hasta delincuentes.

Un coro de voces de emprendedores que han intentado abrir un micronegocio se escucha por todas las regiones del país. Aunque en diversos tonos, decenas de comerciantes de 15 municipios del país coinciden en que abrir y operar un changarro no es como lo pintan. Al menos no como lo prometen los gobiernos federal y locales.

Una investigación y una encuesta realizadas por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas revela que los obstáculos aparecen en forma de ventanillas burocráticas atendidas por funcionarios incapaces o deshonestos, trámites caros y complejos, herramientas digitales y sitios web con escasa funcionalidad de navegación, tardanza en la expedición de licencias y, por supuesto, condiciones de inseguridad que propician que haya que “capotear” o tolerar a delincuentes que roban, extorsionan o cobran derecho de piso.

En la búsqueda de recursos económicos para afrontar la crisis derivada de la pandemia, miles de ciudadanos se animaron a abrir misceláneas, estéticas, farmacias de barrio, papelerías, tiendas de artículos diversos, es decir, negocios cuyo giro comercial es conocido como de “bajo impacto” para la salud o la seguridad de la comunidad. Hoy suman en el país más de dos millones de micro y pequeños negocios con ese giro, y son ellos los que enfrentan barreras que nacen en los ayuntamientos, sí, pero también existen otras que forman parte de un enrarecido ambiente que envuelve a sus estados o regiones.

Lo anterior se conoció por medio de entrevistas directas de reporteros que indagaron las condiciones para abrir micronegocios en Centro (Tabasco), Chihuahua (Chihuahua), Cuauhtémoc (Ciudad de México), Guadalajara (Jalisco), Matamoros (Tamaulipas), Mérida (Yucatán), Monterrey (Nuevo León), Puebla (Puebla), Querétaro (Querétaro), Solidaridad (Quintana Roo), Tijuana (Baja California), Tlalnepantla (Estado de México), Torreón (Coahuila), Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) y Zacatecas (Zacatecas).

Complicaciones al nacer

La investigación reveló que abrir un negocito puede ser toda una aventura, sobre todo en los municipios donde no están desarrolladas o de plano no existen herramientas digitales que guíen paso a paso y con claridad a quienes quieren emprender, lo cual los obliga a acudir a las oficinas gubernamentales a realizar trámites presenciales en vez de hacerlos en línea y así evitar posibles corruptelas.

Y si bien existe el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), promovido a escala federal desde 2002 por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, mediante el cual se supone que un negocio de bajo impacto puede ser echado a andar en un máximo tres días, este sistema suele ser poco difundido a nivel local y, por tanto, escasamente utilizado por la ciudadanía. De hecho, apenas 6.9% de todas las empresas del país conoce lo que es el SARE y, en el caso de las microempresas, sólo 4.4% lo identifica o lo ha usado, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental (Encrige 2020), del Inegi.

En teoría, a través del SARE es posible abrir un changarro en 72 horas, pero en la práctica puede extenderse a semanas y hasta meses, porque aun en caso de usar el SARE y que este funcione como promete, antes hay que recolectar una serie de documentos físicos y normativas que vuelven largo el proceso.

Son varios los casos donde el problema de abrir un negocito requiere soluciones profundas, como en Puebla. Ahí el SARE empezó a operar hace 20 años, pero según la encuesta realizada por Ethos, en este municipio 23.3% de los consultados tardaron más de un mes en cumplir con todos sus trámites antes de obtener su licencia de funcionamiento. Como le sucedió a Berenice, una joven que emprendió en 2019 una purificadora en el poblano Valle del Rey. “Fue horrible, de verdad iba diario con mi documentación, pero cada día los encargados me cambiaban la jugada y encontraban nuevos errores. Los trámites nunca quedan a la primera porque te van dando las indicaciones poco a poco, ya hasta los trabajadores me conocían por tantas vueltas que me hicieron dar”, recuerda esta empresaria al describir el calvario que duró dos meses.

Hay otros municipios donde aún no se ha implementado el SARE, y en su lugar hay portales poco amigables que vagamente señalan cómo cumplir con algunos requisitos. Así sucede en Centro, Tabasco, donde hasta hace poco las autoridades reconocen que se tenían que realizar cerca de 180 trámites de forma presencial en las oficinas municipales; ahí 13.4% de los empresarios encuestados revelaban que si bien les va, tardan más de un mes en los trámites de apertura. Hay personas que, desesperadas por abrir sus negocios, personalmente van por los inspectores y los llevan a su negocio para destrabar el proceso.

Este calvario no es privativo de ciudades en el sureste. “Un micro y pequeño empresario puede extenderse hasta seis meses desde que hace sus primeros movimientos hasta que ve su sueño hecho realidad”, confirma el presidente de la Canaco de Chihuahua, Edibray Gómez, y en ello coincide con el director de la Cámara de Comercios en Pequeño, Servicios y Turismo, José Guerrero, quien revela que “hasta para abrir unos abarrotes es complicado, las autoridades aseguran que dan muchas facilidades, pero en lugar de sugerirte cómo hacer las cosas y llenar los papeles, te dicen ‘ya te equivocaste’, ‘aquí no debía escribirse’ y ‘ahí te va tanto de multa’”.

En la fronteriza Matamoros, en Tamaulipas, las autoridades de la Secretaría de Fomento Económico aseguran que el plazo para empezar los trámites y abrir un negocio no excede los dos meses –un plazo que de por sí se antoja excesivo–, pero según testimonios recabados, en realidad lograrlo puede llevar hasta medio año, lo cual puede orillar al ciudadano a optar por incorporarse a la economía informal.

Porque para estos microempresarios el tiempo es clave, cada día que pasa es uno que deja de ganar el sustento. Y la odisea para atender al primer cliente puede requerir de eso: mucho tiempo, dinero y esfuerzo.

Por eso fue valioso comprobar que hay municipios con iniciativas que pretenden modernizar sus plataformas digitales de servicio a los empresarios y son consideradas ejemplos de buenas prácticas en este sentido. Ahí figuran municipios como Tijuana, Baja California, en donde el ayuntamiento permite abrir un negocio de bajo impacto de forma instantánea y le otorga al propietario un plazo de tres meses para poner en regla toda la normativa. O como Mérida, ciudad que impulsó una “ventanilla digital de inversiones”, única en su tipo en México, y que permite iniciar operaciones empresariales y ha sido reconocida por la OCDE.

Coyotes entre nosotros

Quienes se aprovechan por un lado de los vicios o demoras de los burócratas y, por otro, del desconocimiento de los ciudadanos sobre los requisitos básicos para echar a andar el negocio, son los intermediarios o coyotes.

Estos pueden ser informales –y casi ilegales– como se comprobó en la alcaldía capitalina Cuauhtémoc, donde personajes como Lorenzo, quien dijo ser “funcionario en la alcaldía” y tener contacto con otros funcionarios de la misma, recibe las rentas de comerciantes de un pequeño mercado con locales de celulares, tatuajes, barbería, cuidado de las uñas, pizzas, etcétera; en caso de llegar un inspector, Lorenzo habla con sus palancas dentro de la alcaldía para arreglar la situación.

También hay gestores bien acreditados y formales, como ocurre en la misma Cuauhtémoc o en la ciudad de Querétaro, donde con todo y su empeño por digitalizar el gobierno, los pequeños empresarios no se libran de la necesidad de intermediarios. Como lo refiere Armando N., quien al ver su negocio cerrado luego de una inspección, alguien le recomendó recurrir a un gestor bien conocido en la zona del Bajío. Éste le pidió a Armando varios papeles, y en menos de una semana pero con un pago 10 veces superior al precio de la licencia, las cortinas de la tienda se volvieron a abrir.

Nadie dijo que los servicios de la gestoría fueran modestos, pero agilizar trámites y reparar sanciones que en condiciones normales tardarían semanas o hasta meses en solventarse, tiene su precio. La encuesta realizada por Ethos en los 15 municipios reveló que 43.3% de los empresarios consultados consideró que los coyotes son necesarios para la realización de trámites, lo que habla del largo camino que aún hay que recorrer para alcanzar una ágil y eficiente administración de las necesidades y obligaciones ciudadanas.

El lado más oscuro

Y si abrir el negocito es un reto que implica tesón y paciencia, evitar sufrir el acoso de los ladrones ocasionales y, mucho peor, sortear las amenazas de bandas criminales se torna en una verdadera odisea.

En Zacatecas, por ejemplo, las quejas no sólo son porque expedir una licencia de funcionamiento –que cuesta 1,800 pesos– se cobra por igual a una modesta abarrotera que a las grandes tiendas, sino que además están bajo acecho constante de la violencia que se ha acentuado en la capital y el resto del estado. “También hemos pensado en cerrar pero aquí seguimos hasta donde se pueda”, admite en entrevista Juana María, una preocupada tendera de la localidad.

Otra zona donde los negocios grandes y chicos sufren es la Riviera Maya. En el municipio de Solidaridad la extorsión se ha hecho cotidiana, y los testimonios son impactantes. Como un restaurantero, Omar S., quien ha sufrido tres intentos de extorsión. En todos denunció pero no ante la policía: fue con la Marina. “La única forma de frenar a los criminales es denunciarlos, si les pagamos los hacemos más fuertes. Tengo amigos a los que llegaron a pedirles hasta 120,000 para dejarlos abrir, más 17,000 mensuales para la maña [como se les llama a grupos delictivos] y 10,000 mensuales para los inspectores de gobierno”.

Porque además, en esta franja turística quintanarroense, la extorsión oficial de los inspectores municipales también se ha normalizado, pues según las cámaras locales, a los empresarios registrados en el municipio de Solidaridad , dependiendo de su nivel, se les cobra entre 1,000 o 2,000 pesos a los más pequeños, hasta 50,000 o 100,000 pesos a los más desarrollados.

En Monterrey los nuevos empresarios tampoco la tienen fácil. La creciente ola de inseguridad generada por bandas criminales que se especializan en el cobro de derecho de piso amenaza incluso a los empresarios más novatos, los que abrieron durante la pandemia. Para don Luis y su esposa María, dueños de una tienda de comestibles, ese impuesto criminal puede llegar a representar hasta 50% de sus ingresos mensuales. Otro comerciante, el señor Patricio, refiere que “han estado preguntando a los vecinos de los locales, y a los tacos de al lado sobre quién es el dueño de mi negocio… no han llegado aquí todavía”, dice preocupado.

Así, entre morosidad institucional, herramientas digitales que no acaban de madurar, coyotes y criminales, los micro y pequeños nuevos negocios luchan por sobrevivir y seguir siendo la válvula de escape para más de dos millones de familias en este país.

GRAL

Los micronegocios nadan contra corriente:
 delincuencia, corrupción, burocracia y coyotes

Una investigación y una encuesta realizadas en 15 municipios del país revelan las trabas que enfrentan los emprendedores que osan abrir y operar un changarro de manera formal.

Por: Ethos Innovación en Políticas Públicas

Abren sus puertas todas las mañanas con la expectativa de que vecinos y clientes ocasionales ingresen y soliciten algo de lo que hay en sus anaqueles y refrigeradores. A estos negocios los conocemos como tiendas de abarrotes, misceláneas, changarros, minisúpers, papelerías, farmacias de barrio, unidades económicas que el Inegi calcula suman poco más de dos millones, en las cuales trabajan de una a cinco personas, giros comerciales y de servicios que no implican riesgos a la salud o la seguridad. Son pequeños emprendimientos cuya viabilidad suele depender de las ganancias que dejan las ventas de cada día.

Pero en estos locales también ingresan, cada vez con mayor frecuencia, personajes que no compran nada y en cambio ofrecen, envuelta en amenazas, una indeseada mercancía: protección a cambio de dinero, lo que se conoce como “cobro de derecho de piso”. Las bandas criminales imponen sistemáticamente este “impuesto informal” a muchos pequeños negocios. De no recibirlo, las consecuencias van desde atentados al establecimiento hasta riesgos a la integridad física de los dueños y empleados.

Sin contar la cifra negra, es decir, los delitos que no se reportan, durante 2020 se registraron en México alrededor de 900 000 extorsiones contra empresas, incluidas las micro, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una investigación periodística en campo y una encuesta realizada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas a empresarios de quince municipios del país reveló que en diez de ellos la inseguridad es el principal problema que enfrentan las personas que se animaron a abrir y operar un negocio. Además, casi cuatro de cada diez micro y pequeñas empresas en estas localidades son víctimas de algún tipo de delito, desde el robo hormiga hasta el asalto y, en el flanco extremo, el cobro de derecho de piso.

Varias de las localidades analizadas exhiben serias agravantes del fenómeno. Como el municipio Solidaridad, en Quintana Roo, que incluye a la turística Playa del Carmen y donde no sólo existe la práctica de imponer un cobro de piso por parte de grupos de la delincuencia a empresas de todos tamaños, sino que persiste una “extorsión oficial” por parte de funcionarios, corrupción institucional que la actual administración municipal asegura encarará con fuerza.

En la otra punta del país las cosas no son tan diferentes. En Matamoros los comerciantes llaman minisúper y no tienditas a sus negocios porque este término remite a espacios donde se venden sustancias ilegales; de hecho, algunos comerciantes confiesan que se abstienen de ofrecer productos como la cerveza, pues saben que los grupos delincuenciales cobrarán derecho de piso por ello y ejercerán una ominosa supervisión en los negocios.

La tierra tamaulipeca no es la única entidad norteña donde los nuevos empresarios enfrentan este tipo de acoso. En su vecino, Nuevo León, y de forma acentuada en la industriosa capital Monterrey, “el cobro de derecho de piso” o extorsión es el crimen más extendido y doloroso desde hace unos años, según reveló esta investigación, aunque no necesariamente los empresarios suelen reconocerlo abiertamente.

Por desgracia no son los únicos casos. En la encuesta de Ethos realizada por SIMO Consulting entre 2250 pequeñas empresas se descubrió que, en once de las quince ciudades que fueron parte del estudio, la inseguridad es el factor que más complica la operación de un negocio. El porcentaje de empresarios que así lo confirmaron alcanzó 62.6 % en Zacatecas, el más alto de todos, seguido de Matamoros (50.6 %), Torreón (48.6 %), Monterrey (48 %), Chihuahua (42 %), Solidaridad (40 %) o Centro, en Tabasco (38.6 %).

Asimismo, en municipios que no suelen figurar en la punta de las estadísticas de criminalidad, los empresarios no dijeron estar del todo exentos de la inseguridad, como en Querétaro (32 %), Puebla (25.3 %) o Mérida (24 %).

Llama la atención que urbes que suelen registrar problemas de violencia por diferentes factores, como la fronteriza Tijuana o la chiapaneca Tuxtla Gutiérrez, promediaron en este aspecto 15.3 y 28 %, respectivamente. También sorprendió que en plena zona metropolitana de la Ciudad de México, tanto en la alcaldía Cuauhtémoc (que incluye el Centro Histórico) como en la mexiquense Tlalnepantla, se registre idéntica respuesta en cuanto al problema de la inseguridad (38 %), semejante a lo que manifiestan los empresarios de la capital de Jalisco, Guadalajara, quienes admiten tener altos índices de incidencia en este aspecto (34.6 %).

Precisamente en estos tres últimos municipios las respuestas de los consultados mostraron elevados niveles de victimización por el delito más agresivo, el de “cobro de derecho de piso”. Tlalnepantla, que alberga gran cantidad de industrias, actividad comercial y desarrollos habitacionales de clase media, es la que muestra el problema más agudo (24.67 %), seguida de Cuauhtémoc, en el corazón de la Ciudad de México (22 %) y Guadalajara (20 %). Por otro lado, y no obstante los altos índices de “cobro de derecho de piso” que se registran en Monterrey, paradójicamente sólo 8.6 % de los encuestados aceptaron haber sufrido de este delito.

En general, de los 2250 empresarios y empresarias encuestados en los 15 municipios, 13.5 % declaró que en el último año han sido víctimas de cobros por el crimen organizado, es decir, 13 de cada 100 empresas han tenido que pagar derecho de piso en su negocio, pero se puede inferir que el número de víctimas es mucho mayor debido a la cifra negra que rodea este delito.

Quien con coyotes anda, a aullar se enseña

Si bien la delincuencia es algo que puede quitar el sueño al empresariado de escala modesta, no es el único factor que juega en contra para mantener el negocio a flote. Porque no comprender cabalmente o no poder solventar una regulación compleja, sumado a trabas en oficinas municipales y altas tarifas de licencias o permisos, puede ser determinante para la sobrevivencia, pues los propietarios no suelen contar con ayudantes, contadores, dinero y tiempo para resolver todo el proceso con prontitud.

Desde el momento mismo del arranque y ante el poco avance de los mecanismos digitales, los pequeños empresarios no pueden evitar el contacto con burocracias locales que imponen procesos complejos y lentos. Al ciudadano no le queda otra opción que realizar trámites en ventanillas, a mano directa.

Y es aquí cuando la figura de los gestores profesionales, pero también de aquellos que operan desde las entrañas del cuerpo burocrático, cobran relevancia. Estos gestores, conocidos como coyotes, ofrecen agilizar trámites y solucionar sanciones que en condiciones normales tardarían semanas o hasta meses en solventar. Representan una suerte de negocio paralelo donde por ciertas cantidades de dinero —a veces, al margen de la ley— se promete abrir negocios de forma expedita, resolver multas o impedir inspecciones in situ.

No por nada la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental 2020 (ENCRIGE) del Inegi arrojó que entre los principales motivos para la corrupción destaca “Agilizar trámites” (72.6 % señalaron esa causa), muy por encima de “Evitar multas o sanciones”, “Evitar la clausura”, “Pagar menos impuestos”, “Obtener licencias o permisos” y “Evitar inspecciones”.

Justamente ahí radica el poder de quienes conocen cómo funcionan las oficinas en gobiernos que han desarrollado incipientemente la digitalización, como puede ser el caso de la capital de Zacatecas, que carece de una base de datos que dé seguimiento sobre quién abrió una empresa y en qué condiciones, y que requiere de una credencialización de comerciantes y empresarios; o en la capital de Chihuahua, donde abrir un negocito hasta posteriormente operarlo depende en gran parte del ánimo y disposición de los funcionarios en ventanillas, y por tanto el proceso puede durar días o meses; o como testifican ciudadanos y cámaras comerciales en el tabasqueño Centro, quienes denuncian cómo se niega a desaparecer un sistema que propicia el pago en mano, debido a que son necesarias reiteradas visitas y peticiones en el ayuntamiento para realizar trámites.

No por nada en estos tres municipios —Zacatecas, Chihuahua y Centro— es donde más de la mitad de los encuestados admitieron que los gestores son necesarios para la realización de trámites.

Sin embargo, como se pudo comprobar en esta investigación, no sólo los ayuntamientos desprovistos de facilidades y modernización digital son campo propicio para la presencia de coyotes, sino que el intermediarismo también se da en sitios como la alcaldía Cuauhtémoc, donde florecen pseudo funcionarios conectados con diversos niveles de gobierno para arreglarse con inspectores que acuden a establecimientos diversos.

Incluso en Querétaro, con altas evaluaciones de gobierno digital o en Tijuana, con un portal web amigable para los emprendedores, cuando se atora algún trámite o se desea destrabar la apertura de un negocio, los gestores aceleran los procedimientos por unos cuantos miles de pesos.

La investigación en los municipios coincidió en gran parte con la encuesta hecha para Ethos; en ésta, los empresarios en Tijuana y en Querétaro manifestaron que han recurrido a gestores de modo muy relevante (33.3 y 32.6 %, respectivamente), seguidos de Tuxtla Gutiérrez (24 %), y Torreón, Solidaridad y Guadalajara (alrededor de 18V%).

En las quince ciudades que fueron parte del estudio, casi 20 % de los empresarios acudieron a un gestor o a un coyote para realizar trámites de apertura o mantenimiento de su negocio. Esto pese a que 54 % de los encuestados expresaron que los gestores legales y los coyotes “no deberían de existir”. O sea, los empresarios están usando estos servicios no por decisión propia, sino por necesidad.

Pásenle, novatos

Más allá del acoso de la delincuencia y de la dependencia hacia los intermediarios o gestores, existe un pecado original en el tejido burocrático que afecta la creación misma de empresas. La ineficiencia de los procesos institucionales hace que el acopio de todos los papeles, y el cumplimiento de las reglamentaciones y disposiciones, no sea expedito ni barato. Porque es ahí, en los detalles de los requisitos, en las visitas a las ventanillas de las dependencias y, como se suele decir, en “la letra chiquita”, donde está el diablo para quienes emprenden.

A escala federal los nuevos empresarios suelen tener contacto con Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), incluso con instancias de protección contra riesgos sanitarios (como Cofepris), y a escala municipal o estatal con dependencias como Tesorería, Protección Civil, sistemas de agua y de recolección de residuos y con el departamento de bomberos.

Arrancar uno de estos negocios no le debería llevar al ciudadano más que tres días si cubre y paga los requisitos, pues existen mecanismos que teóricamente permiten hacerlo en ese plazo. Tal es el caso del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), un sistema que promete dar permisos de apertura empresarial en máximo tres días impulsado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) de la Secretaría de Economía federal. Sin embargo, la realidad es que su efectividad sólo se comprueba en muy pocos casos.

Esta investigación descubrió que, pese a que el SARE es una de las estrategias más prometedoras, su uso, conocimiento y resultados están muy lejos de lo anunciado. Ésta fue una constante en la gran mayoría de los municipios analizados, aunque en varios de ellos hubo señales de la disposición y empeño por parte de los gobiernos locales en modernizar sus portales y en disminuir el trato directo en ventanilla, un factor que propicia la corrupción.

Se encontraron ejemplos de lo anterior en el municipio de Puebla, donde existe una estrategia que busca digitalizar todos los trámites empresariales, unificados en un solo portal para reducir de 288 a 165 los trámites digitales más importantes para la apertura y mantenimiento de un negocio; algo semejante ocurre en Torreón, donde se diseña un plan basado en una ventanilla única virtual y se cuenta con un SARE apenas activado en julio de 2020, además de que se creó una megabase de datos a la que acceden todas las dependencias de gobierno municipal para evitar duplicidades para el ciudadano. O en Tijuana, donde mediante el programa municipal de Aviso de Apertura Inmediata el nuevo negocio puede operar con un periodo de gracia de noventa días para realizar todos los trámites necesarios. O en Monterrey y en Guadalajara, donde se trabaja respectivamente en disminuir la sobrerregulación y la tardanza en las inspecciones.

Los testimonios y la información recabada en esta investigación apuntan a que es necesario que los gobiernos en México, en todos los órdenes pero sobre todo a escala municipal, fortalezcan la protección y la atención a los poco más de dos millones de micro y pequeños negocios de bajo impacto. Su relevancia se mide no sólo porque constituyen una válvula de escape al desempleo sino porque forman la base más extendida de las unidades económicas del país, mismas que generan plazas de trabajo, recaudación fiscal y movilidad social.

Este reportaje forma parte de la serie “La odisea de abrir un micronegocio en México”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Dalia Toledo, Luis Ángel Martínez y Héctor Tirado, así como el apoyo de Silvia Márquez y Maura Arzate.

Corresponsales: Sergio Blanco Covarrubias (Guadalajara, Jal), Martina María de los Ángeles (Tuxtla Gutiérrez, Chi), María de Lourdes Cruz Sosa (Solidaridad Q.R.), Francisco Javier Rodríguez Lozano (Torreón, Coah), Ana Gabriela García Muñoz (Puebla), Patricia Yolanda López Núñez (Querétaro), Gerardo Romo Arias (Zacatecas), Alexis Daniel Pérez Cerino (Centro, Tabasco), Daniela Alejandra García Gracia (Monterrey NL), María Concepción Peralta Silverio (Cuauhtémoc y Tlalnepantla), Rosa María Pereda Rangel (Matamoros, Tams), Alejandro Aldán Vázquez (Tijuana), Elizabeth Pérez Ongay (Mérida, Yuc), Manuel Escogido Zubiate (Chihuahua). Jefe de información: José Ramón Huerta González. Coordinador editorial: Salvador Frausto Crotte.

QRO

Querétaro: entre buenas iniciativas y males añejos, los gestores persisten

En este municipio las autoridades se han esforzado por digitalizar los trámites, pero los gestores y la informalidad parecen ser un problema difícil de erradicar.

Por: Patricia López Núñez

A 17 años de aplicar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el municipio de Querétaro, el Ayuntamiento se precia de estar entre las pocas ciudades del país donde se entregan licencias de funcionamiento a los negocios de bajo riesgo en sólo 24 horas. 

En los últimos tres años se autorizaron más de 7,000 licencias de funcionamiento a través de este sistema en la capital queretana y de manera reciente se aprobó agilizar los trámites a negocios de riesgo medio. Estas acciones pretenden reducir la informalidad y evitar a los intermediarios, los famosos gestores.

Sin embargo, aun con una serie de cambios que ha realizado la administración municipal en los últimos años, los comerciantes manifiestan varias quejas, y los gestores siguen siendo la mejor herramienta para los empresarios. Armando M. ejemplifica lo anterior; él es un emprendedor que está por abrir su segunda tienda en menos de dos años, luego de que la primera fue clausurada por operar sin permiso durante nueve meses. Pagó una multa de 8,688 pesos y buscó a un gestor, quien le consiguió la licencia en, efectivamente, escasos días. 

Su historia inició en plena pandemia, en abril de 2020, cuando abrió su tienda sin tener licencia. Operó sin problemas hasta enero del 2021, cuando lo detectó el área de inspección municipal y clausuraron su negocio. Se le acusó también de incumplir las medidas de protección sanitaria y de operar fuera de horario.

Al ver su negocio cerrado, un cercano le recomendó recurrir al mencionado gestor, alguien bien conocido en la zona del Bajío. Éste le pidió a Armando varios papeles para hacer los trámites, y en menos de una semana las cortinas de la tienda se volvieron a abrir, aunque el comerciante sabe que pagó casi 10 veces más que el precio de la licencia. “Le di lo que me pidió, se movió, me cobró y yo conseguí mi licencia. Ya hasta abrí una segunda tienda y voy a llamar al gestor para que me saque otra licencia”, relata el comerciante. 

Organizaciones locales de comerciantes, como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), delegación Querétaro y la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) también realizan este servicio de gestoría, pero sin costo, aunque sólo para sus agremiados “porque la idea es apoyar a nuestros socios, así que juntamos sus papeles, hacemos el expediente y acudimos a solicitar las licencias o la regularización, según sea el caso”, asegura Fabián Camacho, líder estatal de Canaco. 

El intermediarismo extraoficial encarnado en gestores –antes llamados coyotes– es algo que persiste, a pesar de que implica un pago extra y de que el municipio ha dado facilidades en los últimos tres lustros para apoyar a los emprendedores. El ex secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del municipio, Genaro Montes Díaz, no niega la existencia de gestores, pero resalta que en ese universo hay de varios tipos: “Los que son muy profesionales y saben hacer las cosas muy bien y los que son improvisados y buscan sorprender a la persona sin asesorarla para el tipo de trámite –advierte–, por eso es importante generar mayor facilidad al momento de solicitar una apertura rápida de empresas a través de una plataforma en el municipio”, explica el ex secretario. 

Hágalo usted mismo

Algo con lo que el municipio intenta hacer que los empresarios tramiten las licencias y permisos directamente con las instancias oficiales son las ventanillas físicas de atención, que complementan la gestión a través de internet. Hay ventanillas en cada una de las siete delegaciones y en el Centro Cívico, pero hace falta aumentar el número de trámites que se pueden realizar por internet.

El líder estatal de la Canaco, Fabián Camacho, detalló que entre los trámites que sí pueden realizarse online desde hace tiempo se encuentra el visto bueno de protección civil, indispensable para la licencia de funcionamiento. Además  comenta que en el área metropolitana de Querétaro “el 60% de los trámites ya se pueden realizar en línea” y la previsión es que pronto se aumente ese porcentaje. 

El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos y miembro del Consejo Consultivo de Empresarios Turísticos, Ricardo Veraza Peñaloza, coincide en que se ha avanzado, pero aún faltan pasos por dar. Entre los trámites que se solventan por vía digital, dice, se encuentran los de inicio para la apertura de negocios como uso de suelo, factibilidad de giro y licencias de construcción, pero los de música ambiental, poda de árboles, prórrogas o descuentos y el contrato de basura requieren escritos físicos ante las dependencias. 

Donde ninguna cámara y hasta el gestor más avezado puede topar con pared es en el trámite de obtener una licencia para vender alcohol, por una sencilla razón, según explica el mismo Veraza: en este municipio, desde hace tres años, no se otorgan esas licencias a tienditas, bares o restaurantes por decisión del Poder Ejecutivo estatal.

Acceder a la venta de alcohol ayuda a los negocios a ganar más, porque “en estos giros se gana muy poco y deben estar abiertos mucho tiempo, el margen de ganancia es pequeño, las tiendas que consiguieron hace años la licencia de alcohol tienen un margen mayor, así no se puede competir”, se lamenta el empresario del sector turístico. 

SARE, vacuna contra coyotes e impulso para los emprendedores

Donde los emprendedores queretanos sí han encontrado una llave para inhibir el papel de los intermediarios es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), por medio del cual, si se reúnen los requisitos mínimos, se puede obtener la licencia de operación en un día. Querétaro, de hecho, ostenta el estatus de mayor eficiencia para los gobiernos municipales registrados en el sistema de apertura rápida de empresas, que es de 72 horas. 

El exsecretario de Sedesu, Genaro Montes, informa que el SARE se implantó en Querétaro desde el 2005, con todas las indicaciones de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (ahora CONAMER) para facilitar la apertura de negocios de bajo riesgo, un catálogo de casi 324 actividades. Desde entonces se agiliza la entrega del dictamen de uso de suelo, la factibilidad de giro y la licencia de funcionamiento en un solo trámite y en 24 horas, menor al plazo de 72 horas. 

Adicionalmente, en una de las últimas sesiones del ayuntamiento anterior, que concluyó en septiembre de 2021, se aprobó la figura de “licencias de funcionamiento preautorizadas”, que permitiría a más de 6,000 establecimientos que ya están en operación, realizar el trámite de renovación de licencia de manera inmediata, sin filas y a distancia. 

En los tres años de la administración municipal que concluyó el pasado 30 de septiembre de 2021, se autorizaron 7,061 licencias de funcionamiento de bajo riesgo con actividad SARE y a partir del 2022 se otorgarán las mismas facilidades para las de riesgo medio. Se estima que, juntando ambos tipos de negocios, se abarcará a 90% del padrón, es decir, unas 25,000 empresas.  

Mejorar las plataformas digitales de trámites y bajar los costos no sólo son un incentivo para dejar de acudir a un intermediario, sino para que los esquemas de semi informalidad dejen de crecer. “En el caso de las tienditas tenemos un estimado de que abrir en criterios formales implica una inversión inicial de cerca de 20,000 pesos, un arranque difícil de cumplir, por lo que detectamos que las unidades de negocio, las tienditas o de abarrotes, optan por aperturar y, eventualmente, apostar por un criterio de formalidad”, reconoció el dirigente de la cámara. 

La Canaco y Canacope, así como la Asociación de Empresarios Turísticos, cuentan con espacios de gestoría y un trato directo con las autoridades municipales para facilitar los trámites ante las diferentes instancias, a fin de evitar la participación de personas externas a los emprendedores y el municipio.  

En el municipio de Querétaro los esfuerzos para impulsar la apertura formal de negocios son notorios, la digitalización de los trámites es una iniciativa que ha permitido a algunos empresarios evitar lo tortuoso que puede ser visitar las oficinas gubernamentales, pero a pesar de ello, aún es común escuchar historias de emprendedores que deciden recurrir los gestores (aunque esto les implique un gasto extra). Este municipio ha dado un paso adelante, pero aún falta un importante camino por recorrer para lograr que los negocios informales se regularicen y fomentar la inversión. 

ZAC

La lucha de las tienditas de barrio contra los trámites y los gigantes de la industria en Zacatecas

Ante los embates de los gigantes de la industria y los trámites laberínticos, la subsistencia de las tienditas de barrio día tras día se pone a prueba. 

Por: Gerardo Romo

En la caja hay tres monedas. En total 13 pesos. Es su venta no sólo del día, también del fin de semana en la tienda de abarrotes que don Hilario Alvarado habilitó en su casa a principios de 2019. Su economía familiar está en crisis, pero su fe no. “Tengo nomás 13 pesos, es todo, no sé qué hacer”, lamenta. 

 Dos de los tres refrigeradores de la tienda que habilitó en su casa, en el 204 de la calle Pino Camarena en la colonia La Marianita, están vacíos. En un tercero apenas y se ven algunos refrescos y otra mercancía, tan sólo por ese consumo el recibo de electricidad le llega de 1,100 pesos. También pagó 2,500 pesos de predial. Y 300 de agua. “Pedí un préstamo de 5,000 pesos pero nomás para pagar y me quedaron como 1,000 pesos para surtir la tienda”, dice el señor Alvarado. Además, tiene los pagos de los permisos municipales. Hace unos meses llegaron de la presidencia municipal a cobrarle el costo de la renovación del padrón. “Eran como 450 pesos y me dijeron que si no pagaba iban a venir a cerrarme la tienda”, recuerda. 

Las vitrinas, que cuando empezó con el negocio estaban rebosantes de aceites, sopas, frijol, arroz, especias, harinas, tortillas, dulces, jabón líquido o en polvo, hoy están “pelonas”, al igual que los estantes. 

Esta es una de las cinco tiendas de abarrotes que el ayuntamiento de Zacatecas tiene registradas que se abrieron entre 2019 y 2020, tiempo en que llegó la pandemia de COVID-19. Tras la vitrina principal desde donde despacha, Hilario, con su tez morena y grandes lentes, inhala, parece tranquilo, pero hay desazón por la falta de dinero. “En la presidencia -municipal- nomás me prestaron 3,000 pesos para ayudarme, con eso me compré algo de mercancía que es la que muevo y trato de cuidar para mantenernos”, dice.

Por la crisis en la que se encuentra este comerciante, de los trámites que hizo ante la Secretaría de Hacienda para darse de alta y echar a andar su negocio, de los permisos ante Protección Civil y en la presidencia municipal ya ni se acuerda. “Por ahí deben andar los papeles –dice con desgano–, ya estoy pensando en cerrar, pero el problema es que esta es la única fuente de ingresos de la que nos mantenemos mi esposa y yo”, dice con preocupación este hombre de 67 años, debido a que no recibe una pensión.

Muy lejos de la optimización 

Tal como dice Don Hilario, una de las principales disparidades en la capital de Zacatecas para abrir un negocio es el costo de los trámites, un claro ejemplo es la licencia de funcionamiento que se cobra por igual tanto a una tienda de abarrotes, como la de él, que puede no registrar ventas en un día, que a grandes establecimientos como Walmart, Sams, Soriana o City Club, que llegan a atender a varios miles de clientes en un día. 

“La inspección que hace Protección Civil para expedir la licencia de funcionamiento al negocio que está por abrir tiene un costo de 1,800 pesos, que se cobra por igual a tiendas de abarrotes que a grandes tiendas”, precisa Miguel Ángel Ruiz Álvarez, director de Fomento Económico municipal. En este rubro, reconoce el funcionario, el ayuntamiento está fallando. “Estamos mal, en lugar de cobrar por negocio aperturado de manera homogénea, se debería de generar un cobro por metro cuadrado revisado por Protección Civil a los negocios y empresas, necesitamos ser congruentes y facilitadores con el comercio”, dice, autocrítico.

Otra de las dificultades que tiene la capital es que si bien cuenta de manera formal con un Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), este trámite no se puede realizar vía electrónica. En el portal del ayuntamiento sólo aparecen documentos en PDF con los requisitos que debe cumplir quien quiera abrir un negocio. Y para hacerlo debe acudir a la ventanilla del SARE en la presidencia municipal que, a decir de usuarios y organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), funciona de forma deficiente, pues aun cuando está la ventanilla, priva la desorganización entre los departamentos involucrados en la apertura de negocios.

Alejandro Enríquez, quien se desempeñó como presidente de Coparmex Zacatecas de 2017 a febrero de 2021, explica que si se hicieran los trámites de apertura de empresas por internet, el procedimiento sería en minutos y no se demoraría  meses, como ocurre en la actualidad. “En la capital lo que urge es que se pueda habilitar el Expediente Único Digital, que no es otra cosa más que una firma electrónica en la que mediante un código de barras vas anexando todos tus documentos para agilizar los trámites administrativos de apertura de una empresa, y así lo puedes hacer en minutos desde tu casa o tu negocio sin entretenciones. Los  empresarios  hacemos la broma de que te piden como requisito hasta el acta de defunción”, apunta.

El empresario explica que, de acuerdo a los últimos datos del Inegi en Zacatecas, una persona que quiere abrir un negocio gasta en trámites burocráticos entre 23,000 y 25,000 pesos, lo que resulta una cifra estratosférica si se piensa que ocho de cada 10 negocios que hay en esta entidad son pequeños, de carácter familiar, que generan de uno a siete empleos como máximo; lo anterior sin contabilizar las horas persona que pierde el emprendedor en acudir al ayuntamiento a realizar los trámites de apertura.

“Ese recurso que se gasta en trámites es mucho, lo ideal sería que esos 25,000 pesos los pudieras invertir en insumos, en equipo, en lo que requiere el negocio y no en pago de trámites, esto se eleva mucho sobre todo con empresas del sector de la construcción. El municipio no elimina costos de trámites porque eso representaría que dejara de recibir recursos”, dice Enríquez.

Miguel Ángel Ruiz, director de Fomento Económico, admite que el ayuntamiento está rebasado por falta de recursos económicos e incapacidades institucionales para incorporar el Expediente Único Digital que agilice trámites y reduzca costos. “Las instituciones no estamos sincronizadas, yo pudiera pedir digitalmente un archivo único para hacer un expediente pero necesitamos  modernizar todas las instituciones, estamos rebasados no sólo en tecnología sino en las capacidades para responder a la exigencia ciudadana, necesitamos apostar a la tecnología para responder a las exigencias de las empresas, y de quien quiere poner un negocio con la consecución de trámites con agilidad y eficiencia”, admite.

¿Y el sistema estatal y municipal de Mejora Regulatoria?

Otro de los problemas detectados por los organismos empresariales que dificultan la apertura de negocios es la inoperancia del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y que en él los principales protagonistas son los funcionarios del ayuntamiento y no los comerciantes y empresarios, quienes tienen voz, pero no voto. “El Consejo Estatal y Municipal de Mejora Regulatoria es una falacia, la sociedad civil tiene voz pero no voto. No entienden [los gobiernos] que el Consejo no le quita facultad al cabildo, al contrario, podrían allegarse de información de los usuarios del trámite, a manera de una encuesta de satisfacción y así  ver cómo  mejorar los procedimientos y que en una mesa dialoguemos sobre cómo hacer mejor los trámites; lo que ha faltado es voluntad política para hacerlo”, señala el ex presidente de Coparmex.

Según la última evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, el municipio de Zacatecas ocupa el lugar 60 de los 88 evaluados, por su desempeño en la implementación de la política de Mejora Regulatoria Municipal. En esta evaluación destaca la falta de conocimiento que tiene la ciudadanía acerca del SARE. Fernando Becerra Chiw, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del ayuntamiento en el trienio septiembre 2018-2021, reconoció que la población en su mayoría desconoce la existencia de esta figura para abrir empresas de manera simplificada. “Nos faltó más difusión, la verdad la gente no sabe qué es el SARE, nos quedamos con el pendiente de difundir más cómo opera y sus beneficios a través de los distintos medios de comunicación como la televisión, los periódicos, la radio y ahora en internet, la pandemia perjudicó mucho”, describió el ahora ex funcionario.

El municipio tampoco tiene una base de datos propia que le permita saber quién abrió una empresa, en qué condiciones lo hizo y tampoco se le da seguimiento. “Requerimos hacer una credencialización de comerciantes y empresarios que nos permita saber qué están haciendo, de tal manera que si cierran, sepamos con certeza las causas y si está en nuestras manos generar condiciones de reapertura para evitar pérdida de empleos. En síntesis, necesitamos información para tomar mejores decisiones en políticas públicas eficientes a mediano y largo plazo” explica Ruiz, director de Fomento Económico. 

En el trienio recién concluido –a pesar de las dificultades económicas derivadas de la pandemia–, según las autoridades, se abrieron 100 nuevas pequeñas empresas o negocios entre tiendas de abarrotes y microempresas familiares diversas que generaron, cada una, un máximo de cinco empleos. Aunque el ayuntamiento asegura que, a partir de 2018 y gracias al SARE, se redujo de seis meses a 20 o 30 días la apertura de un negocio, los abarroteros afirman lo contrario.

Aunado a lo anterior, otro factor que afecta la economía es la violencia que se ha acentuado en la capital y el resto de Zacatecas. Tan sólo en el primer mes de la nueva administración, medios nacionales contabilizan al menos 220 personas asesinadas. “También hemos pensado en cerrar pero aquí seguimos hasta donde se pueda”, admite Juana María, mientras una de sus clientas le compra unos pesos de chile ancho y una pareja toma uno de los dos mini carritos que hay en la tienda para en él colocar huevo, fruta y lo que alcancen. 

En Zacatecas, los microempresarios como don Hilario luchan contra la inseguridad, la burocracia y los gigantes de la industria, mientras el gobierno, aunque tiene el diagnóstico claro e instituciones que deberían implementar cambios, los ve agonizar a la distancia sin hacer algo para salvarles.

TIJ

Tijuana, lejos de trámites simplificados y digitalizados 

Hay quejas constantes de la ciudadanía sobre la burocracia excesiva para la apertura de negocios en Tijuana, rubro que ha caído estrepitosamente pese a la estratégica ubicación de la ciudad.

Por: Alejandro Aldán

Para una ciudad fronteriza tan dinámica con una población creciente, un intenso intercambio comercial y migraciones constantes como Tijuana, cualquiera pensaría que existen suficientes condiciones para abrir negocios de todo tipo, sobre todo si estos son de bajo impacto a la salud, seguridad o a la ecología. Sin embargo, eso no es así. 

Al observar el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) del Inegi, en este municipio, durante 2019, se dieron de alta 8,243 establecimientos al por menor, negocios que abarcan diversos giros y suelen funcionar cada uno con menos de cinco personas. No obstante, en 2020, año en el que surgió la pandemia se abrieron apenas 280 y hasta el tercer trimestre de 2021, sólo se contabilizaron oficialmente 206 nuevos micro y pequeños negocios. 

Aun considerando los efectos de la pandemia y el cierre fronterizo por tierra con Estados Unidos durante largos meses, la disminución del espíritu emprendedor en la formalidad fue alarmante. 

El caso de Jessica Soto, propietaria de Joe’s Barbería, explica parte del problema. Ella abrió su negocio en agosto de 2020, pero el entusiasmo de haberlo logrado para intentar recuperarse de la crisis no le duró mucho: un mes después, su local fue clausurado debido a que no tenía todos los permisos en regla.

Jessica careció de asesoría por parte del Ayuntamiento de Tijuana para conocer el proceso de apertura de su negocio. La ausencia de este acompañamiento ocasionó que las autoridades llegaran, la multaran y la obligaran a cerrar el local por no contar con permisos para operar. 

Las quejas hacia la burocracia que entorpece la apertura y formalidad de unidades económicas de tamaño modesto en esta ciudad fronteriza no es algo nuevo. Jorge Macías Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Tijuana, considera que “son muchos trámites” los que el municipio pide. Define como “un calvario” el proceso de formalización de un negocio. 

Macías informa que han propuesto a las diferentes administraciones una simplificación de trámites, sin que hasta ahora hayan obtenido resultados positivos. “Lo mejor, lo más sencillo, sería hacer uso de herramientas tecnológicas para agilizar los trámites”, dice el representante empresarial, quien asegura que aunque algunos de estos se pueden realizar en línea, “de todos modos hay que cumplir con otros que tenemos que hacerlos en persona”. 

Así le sucedió a otra pequeña empresaria, Ana, de El Prieto Clamatos y Botanas, quien fue reuniendo los permisos poco a poco, “porque vas y luego te dicen que hay más cosas, vuelves y te dicen que hay otras tantas”. Se refiere, sobre todo, a las autorizaciones ante Bomberos o Protección Civil, que corroboran que el local cuente con los protocolos correspondientes. 

Para lo que no batalló Ana fue para obtener el permiso de venta o consumo de bebidas alcohólicas, debido a que la empresaria lo gestionó a través de una empresa cervecera, algo común en este municipio, porque las licencias, de acuerdo a fuentes del Ayuntamiento, oscilan entre 144,843 pesos para una tienda de abarrotes hasta 271,406 pesos para un restaurante, costos que para un microempresario pueden ser prohibitivos. 

¿Funcionan los funcionarios?

De acuerdo con la información del portal web del ayuntamiento de Tijuana, hay algunos trámites que se pueden realizar en línea o de modo físico, como sucede con el dictamen de uso de suelo o la Anuencia de Impacto Ambiental. Sin embargo, la revisión y aprobación del Programa Interno de Protección Civil, la licencia de anuncios o la licencia para la venta de bebidas alcohólicas en establecimiento sólo se pueden gestionar acudiendo a las oficinas municipales. 

Al ser consultado respecto a las razones que motivan una tramitología que algunos consideran lenta y excesiva, René Banda, director de Fomento Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeti) de Tijuana, admitió en entrevista no estar familiarizado con el proceso burocrático que deben realizar los emprendedores para formalizar su negocio ante el municipio. Acaso, indicó que algunos trámites se podían realizar a través de la versión local del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, el SARE, para negocios cuyo giro lo permitan.

Justificó ese desconocimiento por tener pocas semanas de haber asumido el cargo, dado que el 30 de septiembre de 2021, Montserrat Caballero tomó protesta como alcaldesa de Tijuana. A pesar de que la pasada administración también fue del partido Morena, hubo cambios dentro de las secretarías municipales, y uno de ellos fue el de Banda.

Ante esa aparente falta de involucramiento municipal, Eduardo Aparicio, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Tijuana, certifica que los nuevos emprendedores tienen que “pasar por miles de filtros para poder concretar todo el papeleo formalmente”. Refiere que se necesita tener “mucha paciencia y tiempo disponible” para obtener los permisos y operar formalmente. 

“La verdad nunca sabes, un día te puede ir super bien y te atienden rápido, adelantas muchísimo, o tienes que estar ahí un par de días sin lograr nada”, comenta el titular de Canirac en la región. A falta de un proceso estándar e institucional, la rapidez o lentitud de los trámites “tiene mucho que ver con quienes están en funciones cuando te toque hacer trámites”.

Pero hay formas de ganarle tiempo a la tramitología y no sucumbir en el intento. En el caso de Jessica, a la siguiente semana de la clausura de su negocio, acudió a la delegación a solicitar una Licencia de Operación Provisional, y mediante el programa municipal de Aviso de Apertura Inmediata pudo operar durante 90 días en lo que realizaba todos los trámites necesarios. La idea de ese programa municipal es que el empresario, si le es aceptado el uso de suelo para su giro, dé aviso a la autoridad de su apertura por internet, con lo que recibe un permiso que hace las veces de licencia, este es uno de los programas más interesantes a nivel nacional pues incentiva la formalidad de los nuevos empresarios. 

Pero una vez más, si bien obtener esa licencia no fue problema para Jessica –lo consiguió en 20 minutos–, el proceso para obtener sus demás documentos fue “pesado”, pues tuvo que acudir a distintas dependencias para satisfacer los requisitos a fin de operar su negocio. 

Llama la atención que la burocracia en Tijuana no haya incentivado la informalidad como en otras ciudades. Aparicio, de la Canirac, señala que esto se debe a que “los emprendedores ya están más conscientes que el hecho de que te lleguen a ‘cachar en la maroma’ te va a afectar bastante, el municipio te anula o te niega el permiso al momento de querer formalizar tu negocio”.

Los hechos muestran que en Tijuana es necesario facilitar el proceso de apertura de micro y pequeñas empresas, pues la caída ha sido brutal; los testimonios apuntan a que las causas podrían estar, por un lado, en la falta de difusión y asesoría por parte del municipio a la ciudadanía y, por otro, en la falta de capacitación de los funcionarios que les permita migrar hacia la digitalización, a fin de incentivar a que más emprendedores se sumen a las filas de la formalidad. 

Macías, de Canaco, comentó que “la simplificación siempre va a invitar a participar, y entre más engorroso se haga un trámite, menos querrás hacerlo. En ese sentido, entre más burocrático, menos empresas abrirán y estaremos desperdiciando la oportunidad de tener a más gente pagando impuestos”. 

TUX

Tuxtla: tienditas de barrio, territorio de cerveceras

La venta de alcohol en colonias populares se da a través del pequeño comercio, pero son las grandes cerveceras las que acaparan permisos y convierten a familias emprendedoras en sus comisionistas. 

Por: Ángeles Mariscal

En la zona con mayor índice de pobreza de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se abrieron en plena pandemia 21 nuevas tienditas de barrio, cuyo giro es la venta de abarrotes y cerveza. Los propietarios son, en su mayoría, familias que instalaron el negocio en su propia vivienda, aparecen en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi, pero en la práctica no son miniempresarios, sino comisionistas de las grandes empresas cerveceras, las cuales acaparan los permisos para la venta de alcohol.

Tanto Las Granjas, Cruz con Casitas o Kilómetro 4 son colonias de bajos ingresos que se fundaron por gente que, de manera irregular y mediante invasiones, se hicieron de los límites de la reserva ecológica del emblemático Cañón del Sumidero, en la zona nororiente de la capital de Chiapas. Hoy, en estos barrios se abren tres de cada 10 tiendas de abarrotes, vinos y licores del municipio. 

María de Jesús es propietaria de la tienda Abarrotes Rey, instalada en una habitación de tres por cuatro metros en lo que antes fue la sala de su casa. La fachada de su vivienda la pintó dividida: de blanco, en la zona que quedó como puerta de entrada del hogar, y de azul ultramarino, en la zona del negocio. Este color lo impusieron los representantes de una de las cerveceras dominantes en el país como parte de su identidad de marca. Además del color, un anuncio de latón indica que ahí se puede comprar su producto.

Para abrir un negocio como este, en el municipio más importante de Chiapas, se requieren dos permisos, uno para la venta de abarrotes, que lo da el ayuntamiento municipal en un plazo de tres días y con un costo promedio de 800 pesos, y el de la venta de licores, que otorga la Secretaría de Salud estatal. La obtención de este último enfrenta dos grandes retos: por un lado se requiere cumplir con muchos requisitos, desde un “escrito libre” que explique el motivo por el que se desea el permiso; el acta constitutiva o poder notarial para personas morales; cartas de antecedentes no penales del o los propietarios; un croquis certificado donde se especifique de manera clara y precisa la distancia con relación a guarderías, iglesias, centros deportivos, escuelas, centros culturales, hospitales, sanatorios, fábricas, edificios públicos, templos, parques u otros giros similares, y estar dado de alta en la Secretaría de Hacienda. Por otro lado, desde hace varios años los permisos para la venta de alcohol han sido acaparados por las cerveceras.

El municipio y el pequeño comercio

Un especialista de la Dirección de Control y Seguimiento Normativo del ayuntamiento, quien pidió mantener el anonimato, explica que “todo aquel que venda bebidas necesita un permiso, y estos los acaparan los dos grupos cerveceros dominantes. ¿Cuántos miles de licencias pueden tener estas empresas?, es un dato que no hemos podido conocer”, admite. Sin embargo, se estima que siete de cada 10 negocios de venta de licor y abarrotes en Tuxtla Gutiérrez son comisionistas de las cerveceras.

El funcionario detalló que fue en 2009 cuando se decretó que fuera la Secretaría de Salud la que otorgara estos permisos, decisión impulsada por la extitular de la Secretaría de Economía del Estado de Chiapas en el periodo de 2009 a 2010, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, cuya familia es concesionaria de una gran  cervecera en Chiapas.

 Sobre ello, David Alberto Zamora Rincón, secretario de Economía del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, explicó que la Ley de Salud estatal impuso candados a la venta de bebidas alcohólicas en expendios (conocidos como cervecentros), lo que en la práctica significó no expedir nuevas licencias, y “quienes se quedaron con las licencias ya existentes fueron las empresas cerveceras”.

 Negocios rentables

El economista de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Gerardo Coutiño, explica que estos negocios de tienditas de barrio con venta de cerveza proliferan en su mayoría en los barrios y colonias populares, porque el consumo de bebidas alcohólicas es alto en las familias del sector popular, que lo ven como una actividad recreativa accesible. Así, personas como María de Jesús ven en la oferta de las cerveceras una posibilidad para tener una “tiendita de barrio” y recibir un ingreso extra para su familia.  

José Ovando también es propietario de otro pequeño comercio en la capital chiapaneca. En su caso fue otra de las cerveceras de capital multinacional la que lo hizo “comisionista de venta”. Estas dos grandes empresas tienen a disposición un stock de permisos de venta de licores otorgados por la Secretaría de Salud, para las zonas de mayor venta de licor. 

“Ellos [el personal de las empresa] manejan los permisos, las zonas, se encargan de las relaciones con el ayuntamiento y la Secretaría de Salud, de forma tal que uno sólo atiende el negocio, y cuando llegan las verificaciones de las autoridades, si hay irregularidades, ya saben que uno es únicamente el comisionista de venta, y cualquier cosa la arreglan directo con la cervecera”, explica Ovando.

Lo que le exige la cervecera es estar dado de alta como persona física en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y una meta mensual de venta que las multinacionales suelen medir por hectolitros. De acuerdo al volumen de venta, la ganancia es de entre 10 y 12 por ciento. José Ovando detalla que la inversión que hace el dueño de la tienda es de 20,000 pesos, monto base con los que la cervecera surte mercancía. 

Para el área de abarrotes, señala José Ovando, la empresa de bebidas alcohólicas controla una especie de ‘derecho de piso’ con firmas refresqueras y aquellas de pan de caja, dulces y frituras, para que en las tiendas sólo se vendan productos de determinadas marcas. El porcentaje de ganancia con estos productos oscila entre el 20 y 22% para el tendero. A este también le permiten vender básicos como azúcar, arroz, sopas y otros, con estos productos el porcentaje de ganancia es mayor, pero el nivel de venta es poco. En total, explica el comerciante, el promedio de ganancia de un giro como este es de 9,000 pesos mensuales. Ese ingreso puede disminuir si, por ejemplo, la cervecera sanciona económicamente al no cumplir el volumen de venta, o si el tendero ofrece productos no autorizados. “Al final del día veo bien este modelo de negocio, porque tengo la tranquilidad de que los permisos y trámites los hacen ellos”, reconoce Ovando. Asimismo, en caso de lograr una mayor venta, es factible llegar a un trato para que la empresa asuma el pago del agua y la electricidad, incluso de poner los refrigeradores. “La ganancia neta que tengo es como tener un sueldo mensual”, considera don José.

La empresa cervecera también se beneficiaría con este esquema de negocios porque minimiza los costos de operación, evita pagar puestos de venta, salarios de vendedores y prestaciones sociales, además de tener un nivel de ventas asegurado, señala Gerardo Coutiño, economista de la UNACH.

La forma en que operan, explica el economista, “impactan al alza en los indicadores económicos municipales, pero en la práctica no se traduce en una mejora del nivel de vida de la población porque sus ganancias apenas se equiparan a dos salarios mínimos”.

La situación en la capital de Chiapas refleja uno de los muchos obstáculos a los que se enfrentan los emprendedores en México. Lo que ocurre en Tuxtla Gutiérrez es una muestra de cómo la dificultad para realizar ciertos trámites (como la licencia para la venta de alcohol) orilla a los emprendedores a buscar intermediarios, en este caso las grandes cerveceras, las cuales con su presencia y auspicio parecen controlar el acceso y desarrollo de los pequeños negocios.

TOR

En Torreón el SARE prometió mucho y cumplió poco

La digitalización de trámites y la aplicación del SARE no terminan de dar resultados para emprendedores que se ven orillados a la informalidad.

Por: Francisco Rodríguez

Antes de ser propietario de la miscelánea Serafín, José Luis Gallegos tuvo otros emprendimientos en el municipio de Torreón, Coahuila. Primero, un autolavado, el cual cerró al no resultar costeable; después, una pizzería, que se hizo inoperable por las dificultades de lidiar con tantas dependencias de gobierno y multas; además de un negocio de tacos que trató de mantener, sin éxito, en el mismo local donde ahora se ubica la tienda. 

Una miscelánea no deja mucho margen de ganancia y “no da para repartir tanto dinero”, revela el comerciante en referencia a los moches que exige la autoridad para no multar, pero al final está intentando salir adelante. Abrir el negocio fue “engorroso”, pero Gallegos acepta que “es cuestión de echarle ganas… y comunicarse con la presidencia municipal”, resume.

Por su parte, Karina Pérez y su esposo abrieron, en agosto de 2020, una frutería y minisúper La Fressita. La señora recuerda que los trámites para abrir el negocio fueron tardados y que tuvo que “dar algo de dinero para que entreguen [los permisos]”. Curiosamente, el único con el que casi no batalló fue aquel que suele ser muy caro, tardado y complejo: la venta de cerveza. Karina y su esposo acudieron desde un inicio con una cervecera, pues “conseguir solos ese permiso es casi imposible –dice–, pero la empresa se encarga de todo, inclusive de los pagos, no tienes que desembolsar para que te den la licencia”. 

El señor Gallegos, a quien no le interesa vender bebidas alcohólicas, a pesar de toda su experiencia, fue uno de los emprendedores que ignoraba cómo y dónde realizar los trámites. Fue hasta que se apoyó en la Cámara de Comercio (Canaco) de Torreón, que recibió orientación y pudo agilizar la licencia de funcionamiento de su tienda. “La Cámara fue como un ángel, si uno lo quiere hacer solo es muy difícil, porque donde quiera el municipio nos complica las cosas”, dice el comerciante haciendo un ademán de dinero con el dedo pulgar e índice. Más que el costo de la licencia de funcionamiento, lo complejo son las trabas para obtenerla, sobre todo por el uso de suelo y el predial, informa. 

Francisco Jaime Acosta, director de Desarrollo Económico e Innovación Gubernamental (DEIG) del municipio de Torreón, admite que los usuarios “batallaban y daban vueltas y vueltas”, incluso en los giros de bajo riesgo como las tortillerías, panaderías, tiendas de abarrotes, misceláneas y otros pequeños negocios, que son mayoría. 

Incluso a estos negocios sin impacto sanitario o ecológico se les piden requisitos de Protección Civil y Salud municipal, al menos eso aseguran los tenderos. “Debes tener todo en regla: permisos, fumigación, extintores, señales de salida, una puerta grande, ciertas condiciones en el negocio, si no, no te dan la licencia”, dice la dueña de La Fressita, minisúper del tamaño de un Oxxo, quien recuerda que ella y sus empleados tuvieron que ir a los cursos de Protección Civil. 

Algo semejante describe el propietario del minisúper Serafín, quien fue llamado a cursos de primeros auxilios y manejo de extintores por parte de la misma dependencia. 

Estos requisitos desalientan la apertura de más microempresas. De acuerdo con el directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi, desde 2019 sólo se han abierto 61 comercios al por menor –tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas–, negocios considerados de bajo riesgo. Sin embargo, en un recorrido presencial realizado para esta investigación, algunas de esas unidades económicas ya no están en operación. 

¿Puedo abrir rápido un negocio?

Para impulsar el desarrollo de los negocios ha habido avances, según el titular de Desarrollo Económico, quien asegura que se ha reducido tanto el tiempo como los pagos y trámites a los solicitantes, dado que cuentan con el  Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) para negocios de bajo riesgo, mismos que representan 80% de las licencias de funcionamiento solicitadas. Este sistema, que en otros estados y municipios opera desde hace años, en Torreón apenas se puso en marcha en  julio de 2020. 

El  director de Desarrollo Económico e Innovación Gubernamental afirma que una vez llevados los requisitos básicos –acta constitutiva, acreditación de la propiedad del inmueble, factibilidad de uso de suelo, alta ante Hacienda, pago de predial–, la licencia de funcionamiento se da casi instantáneamente.  No obstante, Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) de Torreón, no está tan seguro de eso. Para él, la lentitud en los trámites se presenta en todas las modalidades de giros. “La licencia de funcionamiento debería darse en un día y no en una semana o varios días, hay giros de bajo riesgo que podrían abrirse de inmediato, pero hace falta voluntad”, opina.

Serna tiene un punto, porque en la misma página del ayuntamiento de Torreón señalan que el tiempo de respuesta, aun con SARE, “está sujeto a dictámenes con inspecciones de 10 a 15 días hábiles dependiendo del giro del negocio”. O sea, la apertura puede ser rápida, en comparación con otras ciudades, pero no instantánea. 

La comerciante Karina Pérez cuenta que ella y su esposo optaron por hacerlo todo de manera presencial. Para ella fue mejor realizar los trámites de manera física, pues siente que si se hacen online los funcionarios no son tan rápidos. Hay que ser tenaz, insistente, estar ahí, dice la señora, y agrega: “Realmente en todos lados es así, en donde sea, si uno quiere algo hay que hacerlo, dar moche. Las cosas salen pero son tardadas y si quieres algo rápido, te va a costar”.

Las autoridades reconocen que todavía hay mucho trabajo por hacer, por ejemplo, en la promoción pública de la plataforma SARE, pues la gente no la conoce y por tanto no aprovecha las ventajas que ofrece. “Tratamos de que ciertas cosas para los negocios pequeños ya estén satisfechas, que lleguen y les demos licencia ahí mismo, porque se prestaba al moche, a la corrupción”, acepta Francisco Jaime.  

Arturo Téllez, director de Calidad y Mejora Regulatoria de Torreón, asegura que las licencias para los giros de bajo riesgo –cerca de 300 giros “blancos”, entre ellos las misceláneas– que no requieren de ninguna verificación ni trámite extra, supuestamente deberían recibir sus licencias en un lapso de entre 30 minutos y una hora, siempre que cuenten con todos los requisitos. 

En las oficinas de Téllez hay un plan para generar una megabase de datos donde las dependencias de gobierno municipal involucradas tengan acceso a todos los requisitos, para evitar duplicidades. Si alguna ya pidió el acta constitutiva o el RFC, por ejemplo, que el municipio lo tenga listo en caso de que otra dependencia lo requiera. 

Hay una Ventanilla Universal en este municipio coahuilense, que para licencia mercantil de personas físicas sólo requiere, en teoría, cinco requisitos. Sin embargo, de acuerdo con cifras del DEIG, desde 2020 y hasta agosto de 2021, de los trámites iniciados, aproximadamente 900 seguían en proceso, y en materia de refrendos, hasta el tercer trimestre de 2021 la Ventanilla Universal registraba 15,390. 

Con todo, el municipio asegura que se han logrado reducir de 375 a 305 los trámites en todas las dependencias, desde una licencia de funcionamiento hasta un servicio, dado que se encontraron duplicidades y se busca la estandarización completa. 

El comerciante José Luis considera que ayudaría mucho contar con información abundante y accesible sobre los trámites y conocer cabalmente los alcances de tal Ventanilla Universal. Si eso no sucede, recalca, la tramitología “seguirá siendo un batalladero por todos lados”. 

Puntos flacos del municipio

Hay coincidencia sobre los trámites específicos en los que hace falta realizar mejoras. La dependencia en la que la gente se “atora” con frecuencia es Urbanismo, por la factibilidad del uso de suelo, sobre todo en aquellos negocios que no se abren a través del SARE. “Es una dependencia que maneja muchos papeles, son exigentes e involucra mucha tardanza”, justifica el director del DEIG.

En ese sentido, José Antonio Ramírez Reyes, director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) corrobora que han hecho otros esfuerzos además del SARE, por ejemplo, simplificar trámites en el reglamento de desarrollo urbano, como las licencias de uso de suelo o construcción. Pero acepta que el próximo paso para hacerlo más ágil es volverlo virtual. 

“La meta es visualizarnos como un gobierno virtual, inteligente, a través de una plataforma que con un clic sea posible hacer trámites del número oficial, de no adeudo de predial, por ejemplo, trámites que aún hoy se hacen de manera física”, explica.

El líder de los comerciantes en Torreón, Mariano Serna, resume enfático la contradicción: pese a tener a la mano tantas herramientas tecnológicas, no se han acelerado los trámites para abrir negocios. “Todos esperaríamos que fuera muy sencillo y rápido, que fluyera de una forma natural, sin tanto papeleo ni tantas vueltas”, dice y además percibe lentitud en cuanto a la adopción de la tecnología en la administración encabezada por el panista Jorge Zermeño, que concluyó el 31 de diciembre de 2021. 

El reclamo parece justificado: en tanto persista la burocracia, sea insuficiente la aplicación de herramientas tecnológicas (como el SARE que no resuelve de inmediato sino tarda semanas en autorizar) y no se divulguen los avances del gobierno en mejora regulatoria, muchos empresarios optarán por la informalidad, con la consecuente afectación al fisco y las propias familias de este municipio.

CHI

Trámites confusos y tardados incentivan la informalidad en Chihuahua

Los nuevos emprendedores prefieren abrir sus locales sin los permisos debidos, y a veces con acuerdos extraoficiales, en lugar de atravesar el calvario de al menos cinco oficinas diferentes.

Por: Manuel Escogido Z.

El desierto de Chihuahua, el más extenso de América del Norte, parecería ser motivo suficiente para desincentivar a cualquier persona a habitarlo, pero a muy pocos kilómetros una ciudad se erigió: Chihuahua. Los incansables que vencieron al desierto, emprendedores natos que han peleado toda su vida contra la naturaleza para ganarse su lugar, hoy se enfrentan a un nuevo reto: los trámites para abrir un negocio y la informalidad.

Marcela, así prefiere ser nombrada, no cuenta con un solo documento que sustente legalmente su negocio en el que desde junio de 2021 invierte y trabaja. Desconoce si tiene que estar registrada como contribuyente, si debe contar con permisos o si debe pagar alguna cuota. La experiencia de haber trabajado en el mismo giro durante siete años le bastó para abrir su negocio. 

Ella rentó su local en una zona con muy buena proyección, pero hasta el momento de ser entrevistada nadie del municipio había reparado en su negocio ni le habían exigido nada; el único inconveniente al que se ha enfrentado fue una lluvia torrencial que estropeó su establecimiento, al cual va arreglando de nuevo. Y como esta, hay miles de historias más de informalidad. 

Bienvenido al laberinto municipal

“N’ombre, hasta abrir unos abarrotes es muy complicado, aunque las autoridades digan que dan muchas facilidades, en lugar de sugerirte cómo hacer las cosas y llenar los papeles, te dicen ‘ya te equivocaste’, ‘aquí no debía escribirse’ y ‘ahí te va tanto de multa’”, comenta José Guerrero Alderete, director de la Cámara Nacional de Comercios en Pequeño, Servicios y Turismo (Canacope) en Chihuahua.

Guerrero revela que cuando un micro o pequeño emprendedor decide hacerse de un negocio propio puede tardar, en el mejor de los casos, 15 días, pero el plazo puede extenderse hasta medio año. “Es muy lento, en lo que el interesado va a una dependencia, luego a otra y luego que le vayan a revisar el lugar. Muchos de los emprendedores no tienen ni la estructura ni el conocimiento de todos esos trámites”, agrega.

Recientemente Moisés abrió un negocio de burritos, y sabe que la burocracia impera en el procedimiento para operar un local. “Es mucho el tiempo que te hacen perder porque piden ciertas cosas y te dicen ‘venga para acá’, luego: ‘acérquese allá, le falta esto, lo otro, aquí no es, es allá, que si el dueño, si el que renta, si el que pide, si el que recibe, si es patrón, si es empleado’ y por todo quieren cobrar”, resume.

Según los testimonios, el camino resulta largo y sinuoso para quien quiere abrir un negocio en este municipio, aunque cuentan con Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Los problemas empiezan con la dificultad de obtener una cita y posterior registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero ese apenas es el principio de un laberinto que incluye ir a las oficinas del municipio con comprobantes recientes, identificaciones oficiales, acreditaciones de impuesto predial, plano catastral dado por un perito, programa interno de Protección Civil, aforo y número de empleados, descripción del inmueble, del giro y las actividades que se realizan, listado de productos peligrosos, capacidad de almacenaje, tipo de gas que se utiliza, datos sobre el sistema y equipo de comunicación, de alarma, un plan de evacuación y brigadas, procedimientos para casos de emergencia o contingencia, entre otros requisitos. 

Además, dependiendo del giro, hay que obtener permisos de uso de suelo, de protección civil, registrarse ante el municipio, ante el estado y como opción personal, es posible afiliarse a alguna de las cámaras empresariales. 

Esto, por supuesto, incentiva a quienes hacen negocio con la tramitología, los intermediarios. “¿Coyotes? Sí, claro que hay y en todas las oficinas”, enfatiza Guerrero. “Te dicen: ‘yo te ayudo con esto o con lo otro’ y claro que te cobran una buena cantidad. Como los nuevos empresarios no saben muchas cosas, estos intermediarios se aprovechan de ellos, pues ya conocen los procedimientos o tienen gente dentro de las dependencias”.

Ventanilla única que ahorre tiempo y dinero

“Un micro y pequeño empresario puede extenderse hasta seis meses desde que hace sus primeros movimientos hasta que ve su sueño hecho realidad”, confirma el presidente de Canaco Chihuahua, Edibray Gómez Gallegos, quien ya tuvo acercamientos con Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal desde septiembre de 2021, para solicitarle la creación de una Ventanilla Única que evite vueltas y esperas excesivas en el trámite de apertura de negocios. Aunque desde 2017 existe el SARE –que en teoría cuenta con una ventanilla semejante–, Gómez Gallegos no la considera una herramienta de apoyo.

La importancia de la Ventanilla Única, aduce el representante, es “porque te piden el permiso de uso de suelo y luego vas a hacer el contrato para el servicio del agua y luego el de energía eléctrica, el alta en gobierno, en el municipio, en el SAT y, si vas a tener trabajadores, ante el Seguro Social. Necesitamos que el empresario haga los trámites en un solo lugar y no ande de oficina en oficina”. 

Pero no sólo ayudará a disminuir en tiempo y esfuerzo a quienes desean emprender, sino también a recortar los costos. Guerrero, de Canacope, señala que lo más tediosoy costoso es el permiso de uso de suelo que ronda los 6,000 pesos, que se suma al de Protección Civil y el de Gobernación, unos 3,000 más. Este líder afirma que sólo en 2021 han cerrado aproximadamente 900 negocios pequeños, aunque usualmente  abren, con un nuevo giro, al menos la mitad de los que cierran.

En la situación actual de Chihuahua, ante la falta de una ventanilla única y la inoperancia del SARE, todo aquel que quiera emprender un micro o pequeño negocio en este municipio debe contar con un capital mínimo de 10,000 pesos sólo para la apertura, armarse de paciencia y tiempo esperando encontrar un pequeño oasis para que su negocio prospere y si eso no resulta, siempre puede recurrir a los coyotes.

CUA

Tienditas en la Cuauhtémoc, entre las palancas, la corrupción y los gestores

En el corazón de la capital mexicana la digitalización de trámites no arraiga en el pequeño comercio, lo cual propicia la injerencia de coyotes formales e informales. 

Por: Concepción Peralta Silverio

“La Esperanza” abrió sus cortinas en abril del 2021 en la popular colonia Guerrero. Es un negocio familiar que atiende la señora Guadalupe junto con su hija, quienes para poder reunir los papeles y empezar con los trámites para abrir la tienda se guiaron por un influencer de Youtube que explicó los pasos a seguir en la alcaldía Cuauhtémoc.      

Muy cerca de ahí, en la calle Matamoros de la colonia Morelos, hay tres tienditas más, sin un letrero o nombre que pueda identificarlas. Los encargados rechazan aportar cualquier información sobre su condición, si han hecho o no gestiones en la alcaldía para tener su negocio en regla. Tienen desconfianza para aportar cualquier dato y también temor a la inseguridad. 

Unos pasos más allá, cerca del Metro Garibaldi, en junio de 2021 abrió sus puertas un pequeño mercado con locales de celulares, tatuajes, barbería, cuidado de las uñas, pizzas, alitas, pulques, cerveza y más. Los comerciantes únicamente pagan la renta a un encargado, quien asume la responsabilidad de los permisos para poder vender. Este, de apodo Lorenzo, explica que él es “funcionario en la alcaldía” y tiene los papeles que acreditan su apertura regular, pero no puede mostrarlos para esta investigación porque aparecerían nombres de otros funcionarios que se verían afectados. 

Si llegara un inspector, Lorenzo anuncia que hablará con sus palancas dentro de la alcaldía para arreglar la situación. “Y así como éste te vas a encontrar muchos [mercaditos] por toda la ciudad”, asegura este metafuncionario en su papel de gestor. 

Y como éstos, en la Alcaldía Cuauhtémoc hay varios ejemplos de emprendedores que recurren a servicios de gestoría e intermediarios, tal es el caso de Amado Arellano quien fue uno de los miles de trabajadores que quedó desempleado durante la pandemia y con la liquidación emprendió su propio negocio. Se juntó con Miguel, otro amigo en situación similar, y abrieron un local para venta de cerveza artesanal. Hubo necesidad de invitar a un tercero, Diego, el único que podía comprobar ingresos fijos, algo que requería el dueño del inmueble en la colonia Santa María la Ribera.  

En octubre de 2020, aún en periodo severo de pandemia, los tres amigos rentaron el local y se enfrentaron al reto de cómo obtener los permisos para abrir. “No teníamos miedo de hacer los trámites, pero sabíamos que nos íbamos a tardar más y simplemente no lo lograríamos”, reconoce Amado. 

Alguien les recomendó los servicios de Hugo Cevallos, director de la empresa de gestoría empresarial  “Consejo Regulador de Industrias y Establecimientos Mercantiles” (CRIEM), quien les ayudó a aterrizar lo que hoy es MAD Chela. Firmaron un contrato por un año de asistencia legal, jurídica y fiscal ante el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Alcaldía Cuauhtémoc, Protección Civil y cualquier otra instancia que practique verificaciones, multas o requerimientos. Para estos emprendedores un pago de 12,000 pesos representó olvidarse de la tramitología por un año y poder continuar con su negocio. 

Cevallos explica que asesoran a pequeños negocios para regularizarse y acceder a los beneficios que conlleva la economía formal, como son créditos, vivienda o apoyos gubernamentales. Sus servicios incluyen asesoría en emprendimiento y mercadotecnia para que sus clientes no caigan dentro de la estadística, que señala que sólo dos de cada 10 negocios sobreviven más allá del segundo año debido a la sobrerregulación. “Tenemos normativas absurdas como que autoridades sanitarias aún pidan que la rebanada de jamón se corte con determinado grosor”, ejemplifica Cevallos.

A la vista de los emprendedores, los servicios de gestoría parecen funcionar de forma eficiente y parecen ser la única opción para los microempresarios, ya que en la misma semana que lo contrataron, el director del CRIEM entregó a Amado su aviso para el funcionamiento de establecimiento mercantil de bajo impacto, con giro de minisúper, y el aviso de funcionamiento ante Cofepris. Gracias a eso MAD Chela pudo incluir más productos como dulces, café, bocadillos, a tal grado que sus dueños decidieron poner un  segundo local. 

Y para lograr lo anterior, contrataron, de nuevo, los servicios de Cevallos, pero los tres emprendedores siguen sin saber realmente qué requisitos les implica su pequeño comercio, cuánto pagan por derechos a la autoridad, si tienen inspecciones pendientes en materia de Protección Civil o Salubridad. Cuando eso suceda, dice Amado, “sólo hay que llamarle a Cevallos para que se encargue del problema”.

Pero hay otros casos en los que los comerciantes están al margen de todos estos procesos, no acuden a servicio alguno de intermediarios y están muy lejos de incentivos para la formalización de sus negocios.

Por ejemplo, María del Carmen Piña tiene su tiendita en la colonia Atlampa, al norte de la alcaldía Cuauhtémoc. Es una colonia de fábricas, industrias, bodegas y altos índices de inseguridad. Sorpresivamente, en al menos 100 metros a la redonda hay otras cuatro tienditas más. La hermana de la señora Piña le traspasó el negocio en 2019, este no tiene nombre ni razón social, y de hecho, no se ha gestionado papel alguno. Pertenece al universo de personas que abren “por la libre”, con una única certeza de que ejercen su derecho al trabajo. 

A María del Carmen –y presumiblemente también a quienes atienden los otros locales cercanos– la han visitado inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor para revisar las básculas, y también la gente de Salubridad ha llegado para comprobar que se cumplan con las medidas anti-COVID, pero nadie hasta ahora le ha pedido el alta o licencia del negocio. De hecho, la señora Piña desconoce cuáles son los trámites para regularizarse, y no ve ninguna necesidad de hacerlo y como ella, miles de microempresarios más.

Autoempleo en… ¿10 minutos? 

Si atendemos lo que dice el gobierno capitalino, no debería haber necesidad de gestores ni coyotes, puesto que abrir una tienda de bajo impacto para el autoempleo se puede hacer en 10 minutos y cuesta cero pesos, según Evellyn Garrido, directora ejecutiva de Apertura de Negocios y Desarrollo Empresarial. Los trámites están homologados en toda la Ciudad de México, cuestan y tardan lo mismo en las 16 alcaldías. 

“El Gobierno de la Ciudad de México ha trabajado mucho en ir digitalizando los trámites a fin de evitar la aplicación de criterios”, asegura la funcionaria en referencia a la discrecionalidad de los funcionarios.      

Para lograr que las tienditas y en general, los establecimientos mercantiles de bajo impacto se regularicen, el Gobierno de la Ciudad mantiene dos políticas públicas: una es el reconocimiento de uso de suelo, que desde julio del 2021 funciona gracias a la modificación de la Ley de Desarrollo Urbano para negocios menores a 200 metros y la otra es la herramienta digital Llave Ciudad de México (llave.cdmx.gob.mx), que permite acceder a las plataformas de la ciudad con un registro único para todos los trámites. 

Con tal simplificación administrativa, ¿por qué los tenderos se resisten a regularizarse? “Mucho es el temor a lo desconocido porque aperturar un negocio en Ciudad de México es muy sencillo, pero otro factor puede ser una mala gestoría, [hay] personas que anuncian trámites que no existen y eso los desincentiva”, resume la directora de esta oficina pública, que también ofrece capacitar a los ciudadanos en desarrollo empresarial, marketing, comercio digital, registro de marca o tablas nutrimentales.

En la alcaldía Cuauhtémoc, es frecuente que los gestores y algunos “funcionarios” aprovechen el área de oportunidad que la indiferencia y falta de respuesta de las autoridades ha dejado. Los pequeños emprendedores prefieren pagar por un servicio que les permita olvidarse de los trámites y poder continuar con su negocio, tal vez sin darse cuenta de la dependencia que ahora tienen de estos “personajes” que, con una simple llamada, arreglan cualquier problema, pero que les representa un importante cargo extra para su bolsillo y un desentendimiento total de las responsabilidades, trámites e incluso beneficios de contar con un negocio formal. 

MAT

Cruel encrucijada para los emprendedores en Matamoros: informalidad o alianzas con el crimen organizado

Los pequeños empresarios en esta frontera abren sus negocios y van tramitando permisos con la esperanza de que la delincuencia no toque a su puerta.

Por: Rosy Pereda Rangel

Los pequeños comercios de Matamoros se rigen bajo la máxima de “más vale pedir perdón que pedir permiso”. Así lo hacen los minisúpers y las tiendas de abarrotes que no venden alcohol. La sede local de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) admite que, ante el cúmulo de trámites y pagos que se tienen que realizar para abrir un negocio, los propietarios prefieren primero abrir y después cumplir los requisitos que marca la normativa.

El peregrinar por las dependencias buscando un permiso para operar su negocio, sólo es el primero, pero no el más serio, de sus problemas. El más grande de sus obstáculos es la delincuencia, que hasta hace unos 10 años se centraba en controlar únicamente los llamados “giros negros”, pero desde entonces a la fecha extendió sus intereses a negocios establecidos donde “se hace cargo” de mercancías como las bebidas alcohólicas, cigarros y el carbón vegetal que se produce en la entidad, afectando así a miles de micronegocios que antes no tenían nada que ver con el crimen organizado.

Al momento de realizar esta investigación en Matamoros se registraron enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales que pusieron en peligro a la población. Ante esto, los propietarios de restaurantes, salones de fiesta y otros negocios céntricos tuvieron que buscar refugio y proteger a sus clientes. Este tipo de situaciones afecta las actividades económicas al generar temor entre la población de salir en horarios nocturnos a lugares públicos y comercios, además de que  reduce la presencia de los visitantes del sur de Texas, los cuales generan un importante porcentaje del consumo local.

Hasta antes de 2010, quienes deseaban abrir desde un minisúper hasta un centro nocturno, tramitaban los permisos directamente con la Dirección de Alcoholes y la Oficina Fiscal del estado. Su operación dependía de esas autoridades, quienes constantemente inspeccionaban para vigilar los horarios y que se cumplieran los días de ley seca. Aunque siempre era posible tener una “extensión de horarios”, pagando cuotas que no ingresaban a las arcas municipales o estatales, revelan empresarios del ramo. Con el avance de la delincuencia organizada, en la década de 2020, las cosas cambiaron, pues grupos criminales se percataron de lo redituable del negocio y terminaron asumiendo el papel de “inspectores” extraoficiales. Esta condición llevó a muchos negocios a dejar la venta de bebidas alcohólicas pues, además de los costos de las licencias estatales o municipales, se tiene que cubrir la cuota que exige el crimen.

Incluso las grandes empresas cerveceras dejaron de pagar las licencias de alcohol de quienes venden exclusivamente sus marcas, lo cual provocó que hoy quienes inician un negocio, sobre todo de abarrotes, opten por no vender este tipo de bebidas. Pero no sólo es el alcohol, lo mismo ocurre con otros productos de alto consumo, como los cigarrillos o las bebidas de importación, con los que también existen proveedores autorizados y son controlados por grupos delictivos.

¿Quieres vender frías?

El dilema en Matamoros y a lo largo de la frontera es que para tener un negocio abarrotero con medianas perspectivas de éxito hay que recurrir a la venta de cerveza, lo cual es un problema no sólo por la cantidad de requisitos que representa, la mayor inversión de tiempo y de recursos económicos, sino por la amenaza del crimen. 

Junto con otros requisitos, la solicitud de la licencia de alcoholes que otorga la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal es un proceso que, en conjunto, suele significar una espera de seis meses. Las tarifas por esta licencia estatal pueden variar depediendo del giro, pero los costos van de los 15,000 a los 45,000 pesos.

Sin embargo, para José (así pidió ser llamado) la licencia de venta de alcohol no fue una opción. La instalación de su minisúper coincidió con la instalación de un depósito de cervezas a unas cuadras del lugar. “Ellos ahí venden cientos de six, no tienen horarios y hasta donde se sabe tienen protección que nosotros no podemos darnos el lujo de costear”, explica sin dar más detalles por temor a represalias. 

José se refiere a lo que es un secreto a voces: la venta de bebidas alcohólicas en este municipio y en general en las ciudades fronterizas de Tamaulipas es una actividad que tiene una relación directa con la informalidad que crece bajo la vigilancia de quienes controlan la mayor parte de las actividades ilícitas, al margen de los gobiernos locales.

Refugio para desempleados

A pesar de este ambiente, hay indicios que sugieren que el número de micronegocios creció desde 2019, cuando Matamoros vivió una crisis laboral que dejó sin trabajo a más de 5,000 obreros. Esto, aunado a las consecuencias de la pandemia, hizo que la búsqueda de nuevas opciones de subsistencia a través del pequeño comercio se incrementara. Choferes, ex obreros, mecánicos y operarios diversos que fueron liquidados comenzaron sus negocios incluso desde sus viviendas, según refiere Lauro Peña García, uno de los más importantes mayoristas de la ciudad, quien menciona que “algunos decidieron utilizar el dinero de su bono y su liquidación para adecuar en su vivienda un área para iniciar con una tienda de abarrotes”. 

Pero esos nuevos emprendedores en Matamoros, cuando se animan a entrar a la formalidad enfrentan en principio un inconveniente: el tiempo que deben invertir para ello. Según la Canaco, el tiempo desde comenzar con los trámites hasta la apertura del negocio es de aproximadamente seis meses. La Secretaría de Fomento Económico y del Empleo del Municipio de Matamoros dice que el plazo no va más allá de dos meses, a pesar de que Matamoros cuenta con Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

A Sarahí Sánchez Tinajero, propietaria de Abarrotes El Fénix, el periodo para ponerse en orden le llevó más de tres meses, siempre a la espera de algún inspector. El suyo es uno de los 461 comercios de este tipo que tiene registrado el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi en Matamoros.

Sánchez, con muchas ganas y pocos recursos abrió El Fénix, sin embargo, no está interesada en vender alcohol. Eso al menos le ahorró pedir carta anuencia del ayuntamiento para tramitar tal licencia y los problemas relacionados con el crimen.

Julián Garza Hernández, quien fue secretario de Fomento Económico y del Empleo en Matamoros, recuerda que al iniciar la administración municipal 2018-2021, emanada del partido Morena, hicieron un análisis de los tiempos para obtener una licencia de funcionamiento, y arrojó un periodo de alrededor de dos meses. Se enfocaron en desarrollar la mejora regulatoria y se creó la ventanilla del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

En esta ventanilla, ubicada en la Presidencia Municipal, se atiende a los negocios de bajo riesgo –alrededor de 268 rubros–, con trámites municipales que en teoría son cubiertos en tres días. La falta de promoción de la apertura rápida apenas permitió que escasas microempresas se formalizaran bajo esta modalidad. Por la pandemia sólo cuatro negocios se acercaron al módulo SARE, revela Garza Hernández, hoy secretario técnico del Ayuntamiento. Fueron una zapatería, otro de venta de blancos y dos más de comercio en general. 

Lo anterior evidencia que quienes pretenden iniciar un comercio en Matamoros prefieren abrir las puertas y esperar a las autoridades para ir cumpliendo paulatinamente con la tramitología. En algunos casos, los emprendedores deciden trabajar en la informalidad, tratando de no llamar mucho la atención tanto de autoridades como de bandas expertas en extorsión. 

Así se va configurando el entorno del micro y pequeño negocio en Matamoros, en donde los emprendedores abren sus comercios para la venta al menudeo entre sus vecinos para defenderse de la crisis dejada por la pandemia y los despidos, con la zozobra de saber que, en caso de pretender ofrecer mercancías como bebidas alcohólicas, podría significar la intromisión de la delincuencia organizada y el consabido cobro de piso, algo que ya dejó de ser un secreto a voces en esta tierra fronteriza.

TLA

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas, una promesa incumplida en Tlalnepantla

Los problemas para abrir una empresa persisten en este municipio, uno de los más ricos del país y a casi dos décadas de la instalación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y otros mecanismos de mejora regulatoria.

Por: Concepción Peralta Silverio

Verónica y Ana son dos hermanas doctoras que atraviesan por la emoción de volverse independientes de su carrera profesional. Al momento de entrevistarlas, llevaban dos meses desde el día en que abrieron su consultorio y farmacia en un local de la colonia Ex Hacienda de Santa Mónica, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, pero obtener la licencia de funcionamiento que les permita trabajar conforme a la normatividad les significó cruzar un sinuoso camino de tramitología. 

Al mes de agosto de 2020, el municipio contabilizaba 26,247 unidades económicas dedicadas al subsector 461, el de comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, las llamadas “tienditas”. Para facilitar la apertura de los negocios, en 2008 el gobierno municipal implementó el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), que busca que un negocio pueda abrirse en 72 horas, con dos visitas en persona como máximo para realizar trámites. 

El principal problema al que se han enfrentado las doctoras Verónica y Ana es, además de la menguada economía que dejó la pandemia, la tramitología que hay que hacer en el ayuntamiento. Luego de tres visitas aún no lograban obtener la licencia de funcionamiento, pese a que Tlalnepantla cuenta con el SARE, programa que promete autorizar los permisos en un lapso no mayor a tres días.

“Te dicen que es facilísimo y lo puedes tramitar en internet, pero no es así”, expone Verónica, quien tenía pendiente además el permiso de Salubridad por tratarse de un negocio médico y la inspección de Protección Civil. Asimismo, la doctora prefiere el trámite presencial porque le gusta hacer preguntas que le respondan directamente, “y no estar esperando una respuesta por computadora, hasta que te contesten el correo o el Whats”. A pesar de acudir personalmente, al llegar a la ventanilla le ha tocado que no existe quien atienda su trámite, que le cierren antes de tiempo o que la regresen a hacer algún otro trámite por internet. 

“Desespera que no haya personal para recibir tus papeles y el que hay, no esté capacitado para dar una información precisa y que agilice los trámites para que no pierdas el tiempo”, agrega con enfado. 

Es importante remarcar que la lentitud en los trámites no debería darse en un municipio con fama de ser pionero en la simplificación de trámites para la apertura de negocios, ya que además del SARE, desde 2004 cuenta con el Centro de Atención Empresarial de Tlalnepantla (CAET), y desde finales de 2019, con una Oficina y un Reglamento de Mejora Regulatoria. 

Rodrigo García es el director del CAET. No rechaza las críticas de los ciudadanos, reconoce que para mejorar deben tener más personal calificado: “En cuanto más automatizado esté el procedimiento, se requiere un personal mucho más capacitado, con horarios de atención más amplios para procesar la enorme cantidad de información que nos llega”. Asegura el funcionario que en las últimas semanas de 2021 se incrementaron las solicitudes, por lo que el personal está trabajando 10 horas diarias, a veces sin comer. 

El CAET cuenta con 15 personas y ofrece la posibilidad de abrir un negocio en 120 minutos. “Una ventanilla única de apertura rápida de empresas no se compone sólo de personal propio del área, sino de otras áreas que aportan información para facilitar la emisión de la licencia de funcionamiento”, explica su director. El Centro está integrado por personas que atienden cada una Tesorería, Transformación Urbana, Medio Ambiente, Protección Civil, Instituto de Salud, Gobierno del estado y nueve del CAET, incluido su director.

Quitar piedras del camino

“Hasta ahora ha sido puro cumplir y cumplir y nada de ayuda”, dice Ricardo Machuca, el propietario del Súper Machuca que abrió sus cortinas a mediados de 2021 en la colonia San Felipe Ixtacala, en los límites del municipio de Tlalnepantla y la alcaldía Gustavo A. Madero.

Su familia se dedica al negocio de los uniformes, pero por la pandemia cayeron sus ventas y decidieron incursionar en un giro que no se viera afectado, como el de los abarrotes. Rentaron un local de dos cortinas en 4,300 pesos mensuales y el contador de la familia se encargó de realizar todos los trámites. Ricardo solo fue a firmar los papeles al ayuntamiento cuando su contador se lo indicó. El giro de su nuevo negocio es de abarrotes, vinos y licores, cuenta con una licencia de funcionamiento y un permiso para la venta de alcohol en envase cerrado, el cual tuvo un costo aproximado de 8,000 pesos.

Se dio de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para poder facturar, compró un extintor, colocó anuncios de evacuación, instaló medidas anti COVID y tuvo que aprobar los requisitos de las tres visitas de los trabajadores del municipio para revisar que cumpla con las medidas de Protección Civil y Salubridad.

Ricardo Machuca califica a sus autoridades en materia de tramitología con un 6, porque dice que “tanto trámite te cansa”. Cuando acudió al ayuntamiento y al SAT, pese a que el contador agilizó el proceso, tuvo que cerrar su local y tardó hora y media haciendo fila. Ricardo comenta que las autoridades no notifican previamente cuándo serán las inspecciones para autorizar el negocio. “Llegan el día que quieren y hay que estar esperándolos”. A sus múltiples gastos hay que sumar 2,000 pesos bimestrales que son los honorarios del contador. Eso sí, a tres meses de haber abierto, en la entrevista manifiesta ir “limpio, ni una sola mordida”. 

Los trámites para Ricardo se volvieron complicados por el permiso para la venta de alcohol, dadas las reglas que exigía cumplir el Dictamen Único de Factibilidad (DUF), mismo que era facultad del gobierno estatal pero que el municipio, en septiembre de 2021, sustituyó con el Dictamen de Giro, mecanismo que pretende reducir el tiempo para tramitar licencias de funcionamiento. La nueva administración de Tlalnepantla manifestó que este cambio quiere impulsar “la reactivación económica y la generación de nuevos empleos”, debido a que “el DUF desalentaba la inversión”.

A unos metros del minisúper de Machuca se ubica la papelería La Torre, un modesto local que ofrece copias y refrescos a los trabajadores de los Cuerpos Auxiliares del Edomex (Cusaem) y sus familias. Pese a su inmejorable ubicación y a contar con su licencia de funcionamiento, Elena y Jorge, sus propietarios, aún no reúnen el dinero suficiente para comprar una computadora que les permita ofrecer el servicio de internet y trámites en línea. Exponen que una buena medida para incentivar la regularización y el crecimiento de los pequeños negocios debería ser darle crédito a quienes, como ellos, cumplen con las reglas, “pero como la candidata [del Partido Verde] que ofreció eso no ganó, esa propuesta ya se perdió”, dice Elena con desánimo.

Si bien Tlalnepantla de Baz tiene fama de procesos modernos, de poder hacer casi todos sus trámites en línea, y de tener altos estándares en sus servicios, estos no funcionan para todos, como sucede con Verónica o Elena, que demandan personal capacitado, ampliar el horario de atención y más créditos para que los pequeños negocios se modernicen.

Es cierto que la página web de Tlalnepantla es amigable, guía al ciudadano de una forma intuitiva. Registrarse en la Ventanilla Única Digital implica ingresar datos personales, CURP, un correo y una contraseña, algo que se realiza en cinco minutos. Todo fluye hasta el momento en que no aparecen formatos y hay que buscarlos, la información es ambigua, o surgen los catálogos de giro con 860 opciones, lo que llega a confundir a quien no está habituado con los trámites en línea.

“Toda la información está en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, por cada trámite que otorga el municipio hay una cédula informativa con nombre, costos, vigencia, plazos, condicionantes, medio de tramitación, proceso”, justifica García, director del CAET. En total existen 346 trámites y servicios municipales. 

Lo aquí expuesto evidencia que los servicios digitales, como el SARE, y las herramientas de mejora regulatoria por sí solos no son suficientes para volver realidad la promesa de simplificar la apertura de un negocio. Al parecer es necesario contar con personal capacitado pues, sin ello, difícilmente se obtendrán los resultados esperados. Y si esto ocurre, en uno de los municipios más avanzados digitalmente y con más herramientas y experiencia en mejora regulatoria, es evidente que el resto tiene mucho camino por recorrer.

SOL

Crimen y corrupción: los jinetes apocalípticos para el emprendedor en Solidaridad

La pandemia y estos dos males crónicos impiden el florecimiento económico, denuncian empresarios en Solidaridad.

Por: Lourdes Cruz

La economía de Playa del Carmen, cabecera del municipio de Solidaridad, uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina, depende de tres factores: la playa, los servicios y la Quinta Avenida. Los tres están al borde del colapso no sólo por las secuelas de la crisis provocada por la pandemia, sino por la creciente inseguridad derivada de la lucha entre grupos delictivos por el “control de la plaza”. Ambos factores se ven reflejados en el crecimiento de la economía informal y en el cierre de negocios.

En entrevistas por separado, integrantes de organismos empresariales locales como el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) señalan que el cierre de empresas alcanza ritmos de entre 10 y 15 por semana, afectando toda clase de giros comerciales: desde hoteles, restaurantes hasta pequeñas fonditas y tiendas que tenían muchos años operando.

Ambulantaje y los impuestos del crimen
La Quinta Avenida de Playa del Carmen, considerada como una de las zonas comerciales más ricas del país por la cantidad de recursos económicos que genera, tiene su propio reglamento que es regulado por dependencias como Comercio en la vía Pública y Desarrollo Económico.

Antes de la pandemia, en el municipio de Solidaridad se abrían entre 1,300 y 1,500 negocios nuevos por año. Pero al el cierre de 2020, esa cifra apenas superó las 300 nuevas altas.

En esta zona estaban permitidos un máximo de 50 comercios ambulantes, pero la última revisión reveló que ya son más de 700 los que operan a la vista de todos. El ambulantaje también se extiende a la zona de playas, donde hay desde personas que ofrecen camastros, sombrillas, artesanías, alimentos y bebidas, hasta servicios en el mar, con embarcaciones sin registro que ofrecen paseos y renta de motos acuáticas.

De la mano de este problema está la creciente inseguridad provocada por los grupos delictivos que quieren tomar el “control de la plaza”, lo cual ha limitado el desarrollo de la actividad empresarial y la apertura de nuevos negocios.

Omar Sánchez es un restaurantero del municipio y tiene muchas historias que contar en ese sentido. Lo han tratado de extorsionar de varias formas, pero se niega a pagar derecho de piso. “Es una realidad que la pandemia redujo las ventas, nos quedamos sin posibilidades de pagos y es un gran inhibidor de negocios, pero el otro gran problema es la extorsión por parte del gobierno y también del crimen organizado”, se queja el empresario.

Sánchez ha sufrido tres intentos de extorsión. En todos denunció. Los dos primeros fueron delincuentes que se hacían pasar como sicarios, el tercero fue un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. “La única forma de frenarlos es denunciarlos, si les pagamos los hacemos más fuertes. Tengo amigos a los que llegaron a pedirles hasta 120,000 para dejarlos abrir, más 17,000 mensuales para la maña -que es como se llama a grupos delictivos- y 10,000 mensuales para los inspectores de gobierno”, expone Sánchez. En su caso, reconoce que le ganó la desconfianza con las autoridades locales y optó por denunciar ante la Secretaría de Marina, una instancia federal que goza de buena reputación.

Tan sólo en la semana en la que se realizó la entrevista para esta investigación, el restaurantero contabilizó 13 negocios cerrados por extorsión. “Un hotel que balearon hace poco, farmacias y pequeñas joyerías, nadie se salva”, comenta.

Sánchez está afiliado a una agrupación empresarial y asegura que en diversas reuniones han reconocido cobros de extorsión que van de 5,000 o 15,000 pesos mensuales hasta 300,000, dependiendo del giro al que se dedican y el tamaño del negocio.

Al respecto, un empresario de este municipio asegura que los grupos delincuenciales han logrado causar miedo entre las dependencias de gobierno y la sociedad civil. “Quintana Roo, al ser un estado con una afluencia turística importante, se ha convertido en un área de oportunidad para el crimen organizado, aquí vienen y te imponen trabajadores, llega el momento en el que los delincuentes operan tu negocio, tenemos una policía superada por el crimen organizado que, sumado a la corrupción, deja inactivas a las fuerzas del orden”, lamenta.

Corrupción en Solidaridad
Lenin Amaro, del CCE de la Riviera Maya, ilustra que la “extorsión oficial” es tan patente como la del crimen. A los empresarios registrados en el municipio de Solidaridad , dependiendo de su nivel, se les cobra entre 1,000 o 2,000 pesos a los más pequeños, hasta 50,000 o 100,000 pesos a los más desarrollados.

Desde el CCE, dice, piden a los empresarios no caer en ello, porque donde hay un acto de corrupción siempre hay dos partes. “Aunque te veas obligado a darlo, de alguna manera estás cayendo en el papel de cómplice”.

Una de las dependencias que durante esta investigación salió a relucir en reiteradas ocasiones por irregularidades fue Protección Civil. Lenin Amaro, en su papel de representante, asegura que han hablado con gente de esta instancia municipal, que desde hace más de una década se ha convertido en un instrumento de extorsión. “Te buscan de todo para multarte, pero ese dinero no entra entero a las arcas del gobierno municipal –asegura el líder del CCE–, es necesario que se atienda este problema, que no estén solo viendo qué cobran y qué le sacan al empresario, porque eso inhibe la inversión”.

Palabra de alcaldesa
Cuando se realizó esta investigación, las autoridades municipales tenían semanas de haber asumido sus funciones. La propia presidenta municipal Roxana Lili Campos Miranda reconoció que uno de los reclamos constantes de la población es el combate a la corrupción, y en el caso específico del sector empresarial, la necesidad de mejoras y simplificación administrativa.

Asegura que dio instrucciones precisas para suspender temporalmente las visitas de inspectores municipales ante los fuertes señalamientos de corrupción. Según Campos, se trabaja en un sistema municipal anticorrupción que permitirá una labor de servidores públicos más transparente, que generará mayor confianza al ciudadano. Garantiza, dice, castigo para funcionarios corruptos.

Ante el señalamiento de que las carteras de Protección Civil, Desarrollo Urbano, Comercio en la Vía Pública y Fiscalización son las que tienen el mayor número de quejas por parte de los empresarios y organizaciones consultadas para esta investigación, la presidenta municipal sostiene que se trabaja en la capacitación y en un sistema que permita tener una ventanilla única para agilizar los trámites ciudadanos. “Trabajamos para erradicar malas prácticas, la extorsión oficial y la corrupción”, señala al describir la creación de ese sistema anticorrupción.

De acuerdo a los testimonios y a las propias declaraciones de funcionarios, la mayor amenaza a la economía y la seguridad de quienes tienen un negocio en este municipio son la delincuencia y la corrupción institucional. Tal como lo exigen las asociaciones empresariales y la propia ciudadanía, para dar las mínimas garantías a todos aquellos que ya tienen o que desean emprender un negocio es imprescindible el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad con la nueva administración.

PUE

Puebla, caldo de cultivo para la informalidad y la corrupción

Ante la histórica lentitud burocrática que inhibe el emprendedurismo formal, empresarios, organizaciones internacionales y gobiernos locales se unen para intentar revertir el problema.

Por: Gabriela García

El principal motivo por el que un negocio incurre en actos de corrupción son los trámites excesivos, lentos y caros. Esta fórmula, pese a ser muy conocida, sigue estando presente en muchos municipios del país. Lamentablemente, Puebla de los Ángeles es uno de los mayores exponentes de ello y como consecuencia se convirtió en un caldo de cultivo para que los empresarios sufran situaciones que los frustran y desincentivan su inversión o, en el peor de los casos, los orilla a la informalidad, a dar sobornos o cerrar cortinas para siempre.

Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2020, Puebla es el segundo municipio, de los 42 analizados, donde más empresarios (7 de cada 10) ven el cumplir con las regulaciones y el tiempo que tardan los trámites como barreras para hacer negocios. La poca información que ofrece el municipio es otro problema al que se refiere el 46.7% de los encuestados poblanos, cifra que supera por mucho el promedio nacional (28.9%).

Lo anterior lo ilustra mejor Berenice, una joven que emprendió en 2019 una purificadora de agua en la colonia Valle del Rey. “La verdad es que nunca te dicen lo que necesitas llevar, dan la información a medias, todo un rollo, es lamentable que pudiendo echar mano de la tecnología, las páginas web de las dependencias ni siquiera estén actualizadas”, además ella asegura que los trámites y permisos para abrir su negocio son engorrosos, debido a que la información que otorgan las autoridades se proporciona a “cuentagotas”, obligando a los interesados a acudir una y otra vez a las oficinas de gobierno.  

Pero, contrario a lo que opinan los emprendedores locales, la postura del gobierno municipal es otra, pues sostienen que la apertura de un negocio de bajo riesgo puede realizarse en cinco días hábiles, siempre y cuando se cuente con toda la documentación. Sin embargo, todo indica que la opinión de Berenice no es un caso aislado, pues según una encuesta realizada por Ethos a empresarios de 15 municipios del país, abrir un negocio es mucho más tardado en este municipio, pues les tomó entre 31 y 60 días aperturar. “Fue horrible: de verdad iba diario con toda mi documentación, cada día los encargados me cambiaban la jugada y encontraban nuevos errores, así que tenía que volver a imprimir todo otra vez. Los trámites nunca quedan a la primera porque te van dando las indicaciones poco a poco. Ya hasta los trabajadores de las distintas dependencias me conocían por tantas vueltas que me hicieron dar”, recuerda Berenice y afirma que este calvario duró casi dos meses.

Permisos e inspecciones, el calvario de los emprendedores

En este municipio un solo requisito puede atorar los trámites, con el riesgo de que el negocio muera sin haber logrado el registro formal, tal como estuvo a punto de suceder con Berenice, debido a que tramitar el permiso de salubridad y el aviso de apertura de negocio fue todo un calvario.

Además de lo anterior, existen trámites innecesarios como la constancia de alineamiento y asignación de número oficial. Al respecto, el consultor y presidente de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato Galindo, opina que este documento es absurdo, porque cuando un local es preexistente, la autoridad ya delimitó el predio respecto a la vía pública, marcó las restricciones o afectaciones que tiene y señaló el número oficial que le corresponde a su entrada. Sin embargo, sin esta constancia el gobierno municipal no otorga la licencia de funcionamiento. 

Lobato, también fundador de la consultora Xpert Business, ve en Puebla un grave problema estructural, dado que los trámites tan complejos y discrecionales están diseñados para promover la corrupción. “No se vale que en la capital del estado, si quieres abrir un negocio, debas hacer al menos 40 trámites. Esta situación favorece el cobro de dádivas para agilizar la autorización”. 

Esto lo confirma Gonzalo Arellano, dueño también de una purificadora. “Tienes que repartir dinero para el área de bomberos o para Protección Civil, entre otras dependencias, hay que desembolsar mucho. No sólo es que le inviertas a tu producto y al lugar donde te vas a desempeñar, antes y después de eso tienes que repartir más dinero a todas las instancias correspondientes, es complicado y un verdadero calvario”. Ante esta realidad de corrupción, trámites innecesarios y procesos lentos, ciudadanos y autoridades se organizaron para buscar soluciones.

Una nueva esperanza, la unión de empresarios, gobiernos y la OCDE

Desde febrero del año pasado, para impulsar un mejor ambiente para los negocios, los empresarios y los gobiernos, tanto el estatal como el local, trazaron un plan junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El proyecto lleva por nombre “Mejoramiento de la competitividad para la recuperación económica” y tiene como objetivo simplificar y digitalizar trámites. La OCDE comenzó realizando una evaluación de los trámites que más impacto tienen en las empresas, después emitió recomendaciones (basadas en mejores prácticas internacionales, particularmente de países como Reino Unido y Canadá). Lo que sigue es acompañar al Ayuntamiento de Puebla en su implementación. 

A pesar de que estados como Yucatán y Colima han logrado digitalizar, con ayuda de la OCDE, varios de sus trámites para la apertura de negocios, Puebla será la primera entidad del país que tendrá una plataforma que concentra tanto los trámites estatales como los de su capital. Además, con el proyecto de la OCDE se logrará reducir de 288 a 165 los trámites para la apertura de negocios y que estos sean 100% en línea. 

Este proyecto complementará el programa “Ventanilla Virtual” una plataforma donde se tendrá acceso a todo tipo de información municipal y donde se podrán gestionar algunos trámites como la constancia de uso de suelo, el aviso de apertura de negocio, la licencia de funcionamiento, entre otros; todo ello sin tener que desplazarse a las oficinas municipales y eliminando tiempos de espera y largas filas. Además, el proyecto ‘Apertura a la Palabra Puebla’ permitirá a los emprendedores la apertura inmediata y a partir de ahí contarán con 90 días para formalizar la instalación de su negocio.

Puebla es víctima de un problema estructural que lo aqueja desde hace décadas y los gobiernos locales han evitado el tema o han hecho muy poco para mejorar esta situación. Sin embargo, estas iniciativas parecen ser una luz para el ambiente de los negocios en este municipio. Durante 2022 veremos si estos esfuerzos son suficientes para  incorporar a la formalidad a la masa de trabajadores informales que hoy son mayoría, y  también si permiten erradicar o aminorar los costos de la corrupción e incentivar el desarrollo económico del municipio.

MER

Ubican máximo obstáculo para emprender en Mérida: el SAT

A pesar de ser uno de los municipios con más emprendimientos, las penurias para los empresarios aún no terminan porque el SAT se ha convertido en su peor enemigo.

Por: Mónica Pérez

En el papel, Yucatán es tierra propicia para el emprendimiento. Cifras oficiales señalan que es el estado del país que ofrece la mayor oportunidad de supervivencia a las empresas recién creadas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su apartado “Esperanza de vida de los negocios a nivel federal y por entidad federativa”, marca que la supervivencia promedio de un negocio en Yucatán, tomando en cuenta los tres sectores –primario, secundario y terciario–, es la más alta de todo el país: 9.1 años, lo que lo coloca por encima de la media nacional, que es de 7.9 años.

En ese sentido, hasta antes de la pandemia de coronavirus se traía una inercia positiva, indica Antonio González Blanco, director general del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), del gobierno estatal. “Yucatán ha sido en los últimos años una capital de emprendimiento, un sitio propicio para abrir un negocio, está en los primeros sitios junto a Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México”, asegura. Pero pese a todo lo anterior, los nuevos emprendedores aún tienen grandes problemas que resolver.

Un ejemplo de ello es el caso de Malú Campos, quien en 2018 inició su sueño que hoy es una tienda de accesorios deportivos. Campos empezó a vender unas blusas a las chicas del gym y se percató de que lo que hacía falta era mejorar el tipo de faja que usaban para el ejercicio. Pidió prestada una faja, la usó como base y le aplicó mejoras. Ahí nació el negocio, pues le pidieron 10 más, un entrenador la buscó y le pidió maquilar, así trabajó “para atletas del estado” durante más de un año, hasta que decidió ser su propia patrona. Lanzó la marca Skill Sport y entró en contacto con un organizador de eventos privados de fisicoconstructivismo, quien la animó a ir más allá.

La hora de los trámites: los problemas empiezan en el SAT

El momento clave, decisivo y complicado llegó cuando la firma de Campos empezó a crecer. Para continuar desarrollándose y llegar a otros estados necesitaba formalizarse, por lo que revisó la información disponible en el Centro Municipal de Emprendedores de Mérida, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Se percató que se enfrentaría a un sinfín de trámites y, por si fuera poco, debería dar “para el refresco” en algunas oficinas, a fin de que acelerarán los trámites burocráticos.

“No sé mucho de lo administrativo y era complicado para mí, estuve más de seis meses intentando sacar una cita en el SAT, intenté registrar la marca y sacar los permisos de uso de suelo y todo lo necesario para constituirme legalmente pero me di por vencida”, admite Malú, quien recuerda que después de dos años de trabajar en su propio proyecto, se empeñó en registrar la marca y la empresa ella sola: “Te dan cita después de muchos meses y como ya estaba la pandemia, empeoró todo, los trámites eran interminables y el SAT nunca te recibe”.

Finalmente, se apoyó en un amigo con más experiencia en tramitología meridense, quien, a su vez, la acercó con un contador. “Me salió más caro de lo normal pero fue mejor, en unos tres meses se fue resolviendo todo, pero eso sí, después de dar mil mordidas a gente del municipio”, recuerda la hoy empresaria quien después de poco más de dos años logra tener los trámites de su empresa en regla.

Antonio González Blanco, director general del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), coincide en que los obstáculos radican en los trámites, sobre todo “en el SAT, que no ha ayudado a nuestros emprendedores, su sistema es muy deficiente, nunca tienen citas por, dicen, estar saturados. Como IYEM trabajamos junto con el resto del gobierno del estado de Yucatán para ver cómo solucionar esta situación y facilitar así a los nuevos empresarios este paso tan complicado que muchas veces los desanima o los hace trabajar ilegalmente”.

Érika Juárez, una diseñadora de modas, es propietaria de la marca Cosac Confecciones y Servicios de Alta Costura, trabajó desde los 17 años para otra empresa, pero decidió crear ropa con diseños propios. Registrar su marca resultó más fácil, aun así, enfrentó obstáculos debido a que en el IMPI “te hacen dar vueltas por tanto requisito, además de que hay trámites carísimos y tardados, más los permisos de uso de suelo donde se piden muchas especificaciones”, dice Érika Juárez. Asimismo, no ha podido lograr el registro como empresa ante el SAT. “Aunque dicen que se puede hacer el trámite en línea, no tienen citas, nunca te atienden, te hacen dar vueltas”, se queja Juárez.

Ha tenido que rechazar pedidos de su mercancía en otros estados al no estar legalizada del todo. Culpa de ello a la cantidad y tardanza en los trámites, y al proceso de formalizar ante el órgano de Hacienda. “Eso está afectando mi crecimiento, pues además del Registro Federal de Contribuyente ante el SAT, se requieren otros permisos y licencias, como las de funcionamiento por apertura, cambio de giro comercial, cambio de domicilio y otros”. No sin un dejo de ironía menciona que el trámite que le pareció más expedito es el permiso para anuncio exterior (publicidad), pues el tiempo de resolución es de ocho días hábiles.

Voz empresarial

El meridense José Manuel López Campos, quien en septiembre de 2021 terminó su periodo al frente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), es alguien que conoce el panorama al cual se enfrentan los emprendedores en Yucatán. Señala que como gremio han solicitado a las autoridades de la capital peninsular buscar la manera de apoyar más a los micro y pequeños empresarios.

Refiere que no ha sido posible avanzar mucho, pues las restricciones por el COVID tampoco ayudan, “y aunque poco a poco se está regresando a la normalidad para una recuperación económica segura, está siendo muy lento y los más perjudicados son los microempresarios, los emprendedores, los que están comenzando”, reconoce.

Respecto de las quejas sobre la excesiva tramitología, sumada a las restricciones por la pandemia, el empresario refiere que “en cuestión de trámites, pese a que se dio la oportunidad de hacer muchos en línea, [las autoridades] no se dan abasto, se saturan y los emprendedores no pueden avanzar en sus registros”. López Campos es otra de las voces que le endosa responsabilidad al SAT, por un lado, y por otro a la excesiva y costosa tramitología para pagos y permisos. Desde antes de la contingencia sanitaria, asegura, ya había lentitud para atender a la gente por parte del órgano de Hacienda, “cosa que se agudizó durante la pandemia pese a sus trámites en línea que, en vez de ayudar, perjudicaron, pues se saturaron aún más”.

“Estos temas se hablaron en su momento con las autoridades del Yucatán, que si bien es tierra buena para invertir, con esa tramitología sólo se propicia la informalidad. Las cámaras empresariales esperan que tanto a nivel federal como estatal se haga todo más accesibles para cualquier empresario”, dice el representante del sector.

Según datos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, en el 2020 operaban en Mérida unos 123,000 negocios, pero se calculaba que con el largo cierre por pandemia muchos de ellos sufrieron un colapso, mismo que derivó en una pérdida de al menos 80,000 empleos.

A medida que la vacunación permita la apertura de unidades comerciales y de servicios, tanto los representantes empresariales como las autoridades locales, prevén que un mayor número de ciudadanos busque sustento en pequeños emprendimientos. Y ello podría suponer un mayor diálogo con los órganos federales, sobre todo los hacendarios.

De eso depende no solo la sobrevivencia, sino el nacimiento de nuevos emprendedores que hoy por hoy se topan con la saturación en las citas y trámites ante el SAT, que se ha convertido en un verdadero cuello de botella para el desarrollo económico de un estado que, según el Indicador de Ambiente de Negocios 2021 de la firma Deloitte, tiene altas calificaciones en gobierno electrónico y mejora regulatoria.

CEN

Corrupción de ventanilla: requisito principal para abrir una empresa en Centro

Para agilizar la apertura de negocios, los empresarios de Tabasco proponen recurrir a herramientas tecnológicas para evitar a los funcionarios corruptos.

Por: Alexis Cerino

En el municipio de Centro, Tabasco, si no se incurre en actos de corrupción que agilicen los trámites para abrir un negocio de bajo riesgo, como una tienda de abarrotes, una farmacia o un local de productos de limpieza, se pueden pasar muchas semanas a la espera de los permisos municipales.

Así lo entendió Mariana “N” al recordar que logró reducir el tiempo de espera para renovar su licencia de funcionamiento gracias a la ayuda de un conocido. El proceso, que comúnmente tomaría 30 días, se concluyó en tan sólo cuatro. “Mi trámite lo inicié la semana pasada, pero como fui recomendada, se hizo rápido. Sin esa ayuda no lo tendría todavía”, relata.

A diferencia de Mariana, el médico Mauricio Jesús García solicitó en 2020, sin ningún tipo de apoyo, una licencia de funcionamiento para abrir una pequeña farmacia. “Lo hice por la vía legal –aclara–, sin sobornos o ayudas”. Cuando inició los trámites, no sabía que primero debía recibir el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y que tendría que esperar varios días, más el permiso que necesitaba para iniciar con su negocio.

Para echar a andar la farmacia Saloya, García cumplió con los 14 requisitos que le solicitaron en el ayuntamiento. Cubrió los 1,335 pesos correspondientes al pago de derechos pero, al final, no fue suficiente para abrir el negocio en el periodo que tenía estimado y para el cual ya había pagado la renta del local. El retraso en los trámites y la lentitud de los funcionarios lo obligó a posponer un mes la apertura.

El diagnóstico del médico es que la burocracia, la falta de capacitación y de herramientas digitales, más la corrupción en los servicios son los grandes problemas a los que se enfrentan los pequeños empresarios que quieren comenzar un negocio en este municipio.

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco) en Tabasco ha acompañado el proceso de emprendedores en el municipio y advierte que existe una serie de inconvenientes o requisitos que retrasan los trámites. Su presidente, Manuel Antonio Miranda asegura que, a diferencia de otros lugares, en Centro se solicitan excesivos requisitos para obtener o renovar una licencia de funcionamiento. Dice que “en algunos casos hay documentos innecesarios o que no se deberían solicitar”, en referencia a que existe redundancia pues se les exige documentación que ya se había presentado antes en otras oficinas del municipio.

La Canaco incluso registra casos en los que funcionarios solicitan dinero a sus agremiados para agilizar trámites y agendar inspecciones de sanidad y de protección civil en los locales, aunque acepta que en los últimos meses los reportes de estas situaciones han disminuido.

Según Miranda, la solución está en reducir el tiempo de los trámites, evitar la asistencia a los ayuntamientos y la interacción con funcionarios o terceros involucrados que pudieran solicitar recursos a cambio de favores para apresurar las certificaciones, la obtención de sellos u otros procesos para constituir legalmente los negocios.

Hay que mejorar los trámites

En eso coinciden empresarios consultados para esta investigación. Insisten en que la única forma de limpiar el proceso de trámites para operar un negocio es evitar el contacto con los funcionarios, simplificar los requisitos y documentación que estos exigen, además de que se respeten los plazos para las verificaciones. Así se evitan intentos de extorsión con el fin de “agilizar” los procedimientos.

El Ayuntamiento de Centro reconoce que en Tabasco, antes de la expedición de la Ley de Mejora Regulatoria de mayo de 2019, algunos trámites para permitir la operación de un negocio podían tardar hasta 34 días naturales y eran proclives a actos de corrupción.

July Karina Cabrales Quevedo, jefa del departamento de Ayuntamiento y responsable de Mejora Regulatoria y Fortalecimiento a MiPymes, admite que esta ley obligó a los ayuntamientos a mejorar sus sistemas de trámites y servicios y específicamente en el caso de Centro, un año y medio después de talleres, capacitaciones y conferencias sobre mejora regulatoria, el municipio –a cargo del morenista Evaristo Hernández Cruz– habilitó el portal tramites.villahermosa.gob.mx. No obstante, en ese enlace aún no se pueden realizar trámites.

Cabrales Quevedo reconoce que esta plataforma no resuelve todos los problemas para la apertura de empresas y negocios. No obstante, piensa que representa un gran avance porque antes existían cerca de 180 trámites y todos ellos debían iniciarse forzosamente de forma presencial en las oficinas municipales. “Había un atraso en general en la optimización de los trámites porque no existía equipamiento suficiente para dar respuesta a los usuarios, faltaba material, computadoras, escáner”, detalla la funcionaria, quien asegura que en Trámites y Servicios procesos como la obtención de una licencia de funcionamiento no deben superar los 10 días hábiles entre el inicio y la conclusión.

El problema son las inspecciones

El contador público Carlos Sánchez ha realizado innumerables trámites para constituir empresas y llevar sus finanzas. Es un trabajo que ha desempeñado durante los últimos 20 años, por ello sabe que para obtener una licencia de funcionamiento en el Ayuntamiento de Centro hay que seguir un proceso lento y burocrático, que muchas veces termina por desanimar a los pequeños emprendedores.

En su opinión, en Centro hace falta que las autoridades realicen campañas de difusión y asesorías sobre la obtención de licencia de funcionamiento, informen sobre los beneficios de constituirse como una persona moral o persona física con actividad empresarial y, lo más importante, simplifiquen los trámites para que los emprendedores no se alejen y prefieran operar en la informalidad.

Pero algo que no se puede hacer de manera digital son las inspecciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil, del Sistema de Agua y Saneamiento Municipal y de Salubridad, que suelen ser los trámites más lentos y proclives a la corrupción para obtener una licencia de funcionamiento, según relatan microempresarios. En teoría, el municipio debería resolver las verificaciones en un plazo no superior a cinco días hábiles.

Carlos Alberto Torres Domínguez, dueño del restaurante Los Asados, recuerda que cuando solicitó su licencia de funcionamiento se prolongó el proceso para verificar su negocio aún cuando cumplía con las normas de seguridad.

Tuvo que acudir tres veces al ayuntamiento para “presionar”, y aunque no ofreció ni recibió propuestas para agilizar el trámite, considera que sus recurrentes visitas ayudaron para que las inspecciones y la constancia no se retrasaran más. Hace el recuento: “Vinieron a corroborar en 20 días, no le dieron seguimiento, volví a insistir, presioné con el delegado, y luego de seis días comenzó la inspección y posteriormente la documentación”. Luego de cubrir todos los requisitos, incluyendo los 633 pesos del costo, su constancia la recibió en 26 días.

Con el médico García, de la farmacia Saloya, sucedió algo semejante, la verificación por parte de Protección Civil y de Salubridad no se dio en cinco días sino en dos semanas, y eso porque él mismo tuvo que trasladar en su auto a los inspectores municipales hasta su local. “Me urgía, ya había pagado un mes de renta por adelantado”, explica.

Para el presidente de la Canaco no es sorpresa la denuncia que hacen estos microempresarios. Miranda explica que, con la llegada de la plataforma de servicios y trámites, se redujo la práctica de intentar cobrar o extorsionar a las personas para obtener el visto bueno en materia de protección civil o salubridad,“pero no faltará quien te diga que te ayuda y que mañana queda listo todo tu trámite”, admite.

En este contexto, hay mucho trabajo que hacer todavía. Los pequeños empresarios y las cámaras empresariales necesitan que el gobierno municipal mejore y refuerce los trámites en línea para evitar el pago en mano en ventanillas y disminuir los actos de corrupción y de intermediarismo, a la par de promover con mucho más énfasis programas como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), instalado desde 2005 pero que no figura en el portal de Centro y, en consecuencia, la ciudadanía desconoce las posibilidades de emprender en este estado.

MTY

Extorsiones: la amenaza para los pequeños negocios en Monterrey

Es imprescindible agilizar los trámites burocráticos para los microempresarios, pero es aún más urgente frenar la ola de extorsiones tanto del crimen como de funcionarios corruptos.

Por: Daniela García

Para quienes pretenden abrir negocios o ya operan pequeños comercios en el municipio de Monterrey hay algo mucho más preocupante que burocracias poco eficientes, aunque no se hable de ello públicamente: el crimen organizado, que busca arrebatar ingresos bajo la modalidad del cobro por derecho de piso.

Pequeños comerciantes y líderes empresariales consultados para esta investigación relatan que desde hace aproximadamente 15 meses, a pesar de la pandemia, se recrudeció la situación de violencia en la capital de Nuevo León y algunos otros puntos del estado, y con ella reaparecieron grupos criminales que arriban a cualquier tipo de locales comerciales, grandes o chicos, a cobrar el ‘derecho de piso’.

Aunque don Luis y su esposa María, propietarios de una pequeña tienda de comestibles, frutas y verduras de la zona metropolitana de Monterrey, omiten dar una cifra exacta del monto que los criminales le exigen, mencionan que puede llegar a representar hasta 50% de sus ingresos mensuales.

Por su parte el señor Patricio, al sur del municipio, dice que ha tenido suerte, hasta ahora. Comenta que las pandillas no se han acercado directamente pero sabe que “han estado preguntando a los vecinos de los locales, a los chicos del Oxxo y a los tacos de al lado sobre quién es el dueño de mi negocio… no han llegado aquí todavía”, dice preocupado.

Este suele ser un tema tabú entre los empresarios locales, sobre todo aquellos más pequeños que no cuentan con un respaldo jurídico, gubernamental ni empresarial de las grandes cámaras. Ellos reconocen que esta situación les afecta más allá de sus finanzas e ingresos: pone en riesgo su vida y la de sus familias.

Como ejemplo de esto, a inicios de noviembre, el crimen organizado cobró la vida de un microempresario local en la zona de San Jerónimo. Según las indagatorias oficiales se trataría de una ejecución tras negarse a pagar el derecho de piso. Ese tipo de extorsiones las han enfrentado al menos 478 empresarios neoleoneses en lo que va del año –pero son muchos más, porque 90% de esos intentos no se denuncian–; una de cada 10 extorsiones del país ocurren en Nuevo León. Según la última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este es el delito más frecuente que reportan las empresas en el estado.

El Observatorio de Seguridad y Justicia del Consejo de Nuevo León, a octubre de 2021, destaca que este delito ocupa el primer lugar en el incremento de carpetas de investigación. El director del Observatorio, Oswaldo Morales, detalla que en ese periodo la extorsión creció 70% en comparación con el trimestre anterior, con una tasa por encima de la media nacional.

Cuestionado sobre el tema, el señor Luis G., propietario de una tienda de verduras, reconoce que no ha denunciado las extorsiones de las que es víctima. “¿Para qué?, no habrá investigación ni resultados, más bien las autoridades pudieran enojarse por haberlos denunciado”, dice al considerar que la policía está coludida con el crimen.

La extorsión fue tipificada como delito en Nuevo León hace algunos años, a petición de la Cámara de Comercio de Monterrey (Canaco); desde entonces los líderes del comercio aseguraban que 20% de los negocios afectados por cobro de piso se ven obligados a cerrar.

Los inspectores, parte del problema

Si bien el cobro de piso es un mal que se liga casi siempre al crimen organizado, el delito incluye también las extorsiones hechas por las autoridades. De hecho, en octubre de 2021 la recién llegada administración denunció irregularidades en la actuación de los inspectores; el mismo alcalde Luis Donaldo Colosio reveló que existía una red de extorsión a comerciantes en el primer cuadro de la ciudad por parte de personal de la Dirección de Comercio.

El origen de estas irregularidades es, en gran medida, el desconocimiento del sistema y los procesos administrativos. Don Patricio, quien tras perder su trabajo por la contingencia sanitaria, utilizó el dinero de la liquidación para invertir en cortes de carne, mariscos y vegetales regionales, recuerda que lo que en realidad resultó un reto fue recorrer el rudo camino que implica querer hacer las cosas bien, es decir, formalizar su emprendimiento.

El comerciante ignoraba si tenía que pagarle a un contador o a un abogado, cómo darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o en el Seguro Social. “No sabía y tampoco encontré orientación”, recuerda. Sin embargo, una vez que se adentró en la tramitología y pudo sortear la confusión de las instrucciones, el proceso avanzó. “Quise ser legal y tener todo en orden, por lo que tuve que hacer muchas llamadas”, dice.

A don Patricio le tomó cuatro meses concretar todos los requisitos, mucho más de lo que había presupuestado.

Para evitar esta clase de problemas, existen asesorías gratuitas sobre estos procesos tanto en la Secretaría de Economía estatal, la Cámara de Comercio (Canaco) de Monterrey, así como la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), pero hay un problema: son pocos los ciudadanos que se acercan a consultar. Por lo general, los nuevos empresarios “terminan solitos dándose de topes en las áreas municipales, en lugar de llegar con nosotros”, revela el presidente de la Canacope, Juan José Saldívar.

La promesa: cinco días

Mientras tanto la Secretaría de Ayuntamiento de Monterrey, en medio de un cambio de administración, promete un viraje radical en la manera como opera el órgano gubernamental. La titular de esa dependencia, Lucía Riojas, asegura que se está llevando a cabo un diagnóstico profundo relativo al contenido, eficacia y aplicabilidad de la emisión de permisos para empresas de nueva creación. “Estamos trabajando en crear una primera guía para la emisión y la obtención que permita homogeneizar el proceso, dado que no era claro ni necesariamente universal la forma en que se otorgaban antes”, informa la secretaria.

Riojas adelanta que el objetivo es que se pueda obtener el permiso de comercios en un plazo de cinco días, ya que hoy no hay un término real y efectivo de entrega. “Se proyecta que sólo se necesite el llenado de un formato o solicitud, alta en Hacienda, identificación oficial y comprobante de domicilio”, describe.

Tanto la Canacope como la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León coinciden en que la reducción de trámites sería el mayor respiro que se le puede dar al sector empresarial del estado, máxime en este momento de recuperación económica. Jorge Cervantes, presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes espera que se resuelva el problema de tener que acudir a diferentes instancias y avisa que hay una propuesta de crear una ventanilla única. “Lo ideal sería tenerla con alcance en todo el estado –declara–, creo que hacerlo es sólo una cuestión de voluntad política”.

Es evidente, en este contexto, lo complejo que resulta la actividad empresarial para emprendedores que buscan echar a andar micro y pequeños negocios, no sólo debido a la sobrerregulación, trabas burocráticas e incluso extorsiones de inspectores y funcionarios públicos, sino por la creciente ola de inseguridad generada por bandas criminales que se especializan en el cobro de derecho de piso. El comercio regiomontano ve indispensable para el desarrollo de sus actividades que las autoridades encabezadas tanto por Colosio como por el nuevo gobernador del estado, Samuel García, establezcan una estrategia contra la corrupción y la inseguridad.

GDL

En Guadalajara, sin cerveza, las tienditas languidecen

La venta de alcohol permite la sobrevivencia de las tienditas, pero obtener un permiso puede resultar muy tardado.

Por: Sergio Blanco

Las opciones de empleo en los altos de Jalisco son escasas. Eso llevó a varios lugareños de Arandas a buscar nuevos horizontes en la capital del estado, según relata Sergio González Reynoso, cuya emigración a Guadalajara tenía un objetivo claro: emprender desde cero un negocio de abarrotes.

“Aquí hay más oportunidades, más gente, puedes poner lo que quieras, así que yo y algunos compañeros llegamos a otra tienda de abarrotes a trabajar juntos, para aprender lo básico”, recuerda el señor González, quien mientras ahorraba aprendió en pocos meses los secretos necesarios para manejar una tiendita.

En abril de 2021 encontró un lugar y evaluó su viabilidad, pues explica que el local debe estar bien ubicado, en un sitio donde una buena cantidad de vecinos acostumbre comprar en misceláneas, antes que acudir a supermercados o tiendas de conveniencia, ya que esos formatos compiten ventajosamente contra las tienditas de barrio.

Al darse cuenta de las altas probabilidades de crecimiento, inició los trámites y todo fue muy rápido, excepto por un aspecto: la obtención de la licencia para venta de cerveza, clave para que un establecimiento de este tipo se considere bien surtido, cuenta González: “No tardé mucho en obtener la licencia de abarrotes, de hecho en el mismo día puedes hacer todo, aunque ya para tener el permiso de cerveza tienes que hacer muchos trámites, es tardado, pero eso es lo que te sube el negocio, lo que la gente busca más ahorita. Es importante que lo tengas para que no le digas al cliente: ‘no hay’”.

Lo que relata el señor González, lejos de ser un caso excepcional, suele ser frecuente en este municipio. Si bien las licencias para negocios de bajo riesgo –conocidos aquí como giros Tipo A– son fáciles de tramitar, los de control especial como farmacias o restaurantes y tiendas de abarrotes con venta de bebidas alcohólicas son más prolongados, confirma José Salvador Chávez Ferrusca, titular del área de Mejora Regulatoria de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Guadalajara.

La licencia para vender cerveza, más que un lujo es una necesidad, dado que es de los productos que deja mayores utilidades para poder pagar renta, electricidad y el sueldo de empleados, según Víctor Hernández Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Abarrotes, quien lamenta que en Guadalajara “lo que nos han tardado para que den un permiso de abarrotes con venta de cerveza es de alrededor de cinco meses”, situación contraria a lo que dice la página del Ayuntamiento en la cual se especifica que la duración máxima de este trámite es de un mes.

Combatir prácticas moratorias

Hasta 2020, Alejandro Tavares era un comerciante en los tianguis de la capital tapatía, modalidad que se vio afectada durante la pandemia por las restricciones que impusieron las autoridades municipales, ya que sólo se permitía la venta de productos esenciales, como alimentos o de limpieza, además de que les redujeron el tiempo de venta. Por eso Tavares decidió abrir una tienda de abarrotes en la colonia Libertad, en Guadalajara. “Fue por necesidad, tengo tres hijos y no era algo que me gustara, pero como este giro es de consumo diario, puede que pegue más que poner una barbería, por ejemplo”.

Así, inició los trámites para la licencia municipal en abril y la obtuvo en un día, tras reunir previamente todos los requisitos. Sin embargo, admitió que es indispensable incluir la venta de cerveza, producto que ofrece más utilidades a los tenderos, a diferencia de la leche, por ejemplo, por la que se ganan centavos. “Ese trámite fue más tardado (…) tuve que dar hasta cinco visitas porque faltaba uno u otro papel. Ibas el lunes y no, me decían ‘vente para el otro lunes, que te falta este otro y así”. Para el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Abarrotes “una cosa lleva a la otra; las personas van, solicitan un permiso, no se los dan, se desesperan, entonces buscan la manera de tramitarlo de otra manera, ¿y cómo se puede hacer más rápido? pues dando dádivas a alguien que trabaje dentro de Padrón y Licencias o de Obras Públicas para que agilicen su permiso”.

Una de las trabas fue la dimensión de su local, de unos 12 metros cuadrados. “Nos dijeron que estaba muy chiquito, que tenía que estar más amplio. Pero eso no se justificaba, porque no van a tomar [bebidas alcohólicas] aquí adentro”, se queja Tavares. Fueron dos meses de trámites e inspecciones, hasta que finalmente obtuvo la licencia para continuar con su negocio.

Luis Rangel, director de Padrón y Licencias de Guadalajara, explica que entre 90% y 95% de los domicilios el uso de suelo permite la instalación de una tienda de abarrotes y que incluso el contribuyente tiene derecho a operar dicho giro desde el momento en el que ingresa su trámite. Sin embargo, aclaró que para la venta de cerveza en botella cerrada anexa a abarrotes se requiere ya haber obtenido la licencia tras una o varias supervisiones para cerciorarse de que se cumplan los requisitos, por ejemplo, que efectivamente vendan al menos 70% de alimentos y un máximo de 30% de cerveza, para no considerar el giro como un depósito sino como una tiendita de abarrotes.

El municipio toma nota y promete tomar cartas en el asunto

La administración municipal que arribó el año pasado afirma que está corrigiendo las demoras. Luis Rangel explica que, tras tomar el cargo, encontraron que solamente había dos cuadrillas de supervisores, lo que prolongaba los tiempos para realizar las inspecciones y otorgar los permisos.

“Nos dimos a la tarea de hacer otras dos cuadrillas de supervisores para que la carga de trabajo fuera menor y si había que reinspeccionar o visitar a alguien, pudiera ser en la misma semana”, dice Rangel. Incluso señala que desde finales de octubre del año pasado se amplió el horario de atención en Padrón y Licencias dos horas más.

Rangel no descarta que en Guadalajara puedan existir prácticas de demora por parte de inspectores municipales, con el fin de obtener algún beneficio económico de los emprendedores para acelerar los trámites, por lo cual invitó a los usuarios a que cuando sientan que algún supervisor, fuera del ámbito de sus facultades, utiliza este tipo de ejercicios o les haga creer que incumplen la normatividad, acudan a la dependencia a interponer su queja.

La web como aliada

Para paliar los problemas burocráticos, las últimas administraciones municipales en Guadalajara han pretendido mejorar la expedición de licencias para la operación de giros comerciales y de servicios con la implementación del Sistema Rápido de Apertura de Empresas (SARE), certificado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) desde mayo de 2003.

Lo anterior ha llevado a que hoy en día existan trámites que los emprendedores pueden iniciar y avanzar en la plataforma web visorurbano.com, perteneciente al municipio. De hecho, para giros comerciales Tipo A se pueden tramitar totalmente en línea, con lo que los usuarios se ahorran el traslado a las oficinas municipales, recaudadoras y bancos. Desde luego entre los giros de bajo riesgo están las tiendas de abarrotes, ropa, calzado, mercerías, artículos deportivos, bazares, frutas y verduras, neverías, venta de celulares y demás.

Es importante la rapidez, dado que la mayoría de las personas que emprenden este tipo de negocios lo hacen con un capital mínimo, con ahorros o producto de una liquidación, casi siempre de modo unipersonal o con alguien más. Las tienditas con venta de cerveza en Guadalajara son, pues, negocios familiares que generan autoempleo.

En suma, Guadalajara es un caso particular donde el municipio ha explotado las herramientas tecnológicas para que los emprendedores no tengan problemas para abrir negocios de bajo riesgo; sin embargo, no todo es positivo, pues los problemas comienzan con las inspecciones y con la apertura de establecimientos con venta de alcohol.

Pero vale la pena resaltar que a diferencia de otros gobiernos municipales, este acepta las críticas ciudadanas y las ve como áreas a mejorar, lo cual es el primer paso para cambiar las cosas; ahora sólo resta esperar las acciones que tomarán para solucionarlo y observar si lograrán incentivar la apertura de negocios en este municipio tan importante en el país.