Burocracia ahoga lucha anticorrupción en estados

Entidades reciben muchas denuncias, judicializan pocos casos y logran escasas sentencias. La investigación de Ethos revela que los expedientes se pierden en una especie de “Triángulo de las Bermudas” que toca los vértices de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y, por si fuera poco, las indagaciones contra gobernadores, alcaldes y otros altos funcionarios no prosperan, a menos que sean de rivales políticos.

La lucha contra la corrupción en los estados se ha caracterizado por detonar muchas denuncias, pocas judicializaciones y contadas sentencias. Las demandas salen del radar de la justicia en una especie de “Triángulo de las Bermudas”, donde autoridades y asociaciones civiles pierden de vista el destino de los expedientes.

A más de cinco años del nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) –el 27 de mayo del 2015–, las tenazas estatales de este mecanismo se han desplegado poco a poco, lentamente, tanto que la mayoría comenzó actividades entre 2016 y 2017, con magros resultados hasta la fecha: los estados no logran llevar a la cárcel a gobernadores u otros altos funcionarios involucrados en casos de abuso de poder, tampoco resuelven asuntos que impliquen a empresas poderosas de la talla de Odebrecht.

Los sistemas anticorrupción de los estados sí castigan, en cambio, a funcionarios públicos de poca monta, como policías, o adversarios políticos de quienes detentan el poder.

Una investigación realizada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, basada en más de 40 entrevistas con integrantes de cinco Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), revela que las principales deficiencias se encuentran en la fragilidad de los mecanismos para proteger a los denunciantes, la falta de personal capacitado para procesar los expedientes y la escasez de sentencias.

Las fuentes consultadas en Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Chihuahua ayudaron a armar una hoja de ruta que muestra que las demandas entran en una zona de opacidad ubicada entre las fiscalías anticorrupción (Poder Ejecutivo), las auditorías fiscalizadoras (Poder Legislativo) y los jueces que dictaminan los casos (Poder Judicial), para luego recorrer los laberintos burocráticos del sistema hasta atorarse en los escritorios de funcionarios sin pericia.

LAS DENUNCIAS, EL PRIMER DIQUE

El problema inicia con la falta de protección al denunciante. En Chihuahua, por ejemplo, no existen mecanismos que resguarden la seguridad de las personas interesadas en interponer una queja por corrupción, lo cual desincentiva a ciudadanos y funcionarios que intentan poner un alto a los abusos de poder.

“La falta de medidas preventivas y precautorias para los denunciantes puede arriesgar a que se cometan daños en contra de los denunciantes, ya sea de manera laboral, física o psicológica”, explica Félix Romo, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva de Chihuahua. “De repente el denunciante siente que es el denunciado”, añade.

El mismo señalamiento se escucha en el Estado de México y en Guerrero, donde refieren que el miedo inhibe la posibilidad de denunciar a servidores públicos, quienes suelen ser poderosos. Incluso los burócratas de mediano o bajo escalafón suelen tener redes de influencia.

La auditora mexiquense, Miroslava Carrillo, comenta que es urgente coordinarse con los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC), que son el primer eslabón para revisar que los procedimientos se ejecuten. “Vuelvo a leer la ley del sistema y me pregunto: ¿por qué están fuera los OIC de los organismos autónomos?, por ejemplo; va a ser muy importante que nos pongamos de acuerdo para revisar la conveniencia de que propongamos en nuestra próxima reunión del sistema una posible modificación a la ley”.

En el caso de Guerrero, maestros defraudados por la Secretaría de Educación Pública local luchan contra un aparato anticorrupción que los hace ir de ventanilla en ventanilla, sin que a la fecha puedan conocer avances.

Las denuncias de los maestros están extraviadas en los laberintos del SEA. Nadie le ha dado seguimiento a su asunto. El fiscal anticorrupción, Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, desconoce los casos, pese a que ya se abrieron las carpetas de investigación. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana les dijo que denunciaran en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, cosa que ya hicieron. Otros servidores públicos les señalaron que la denuncia debió interponerse ante el OIC de la Secretaría de Educación de Guerrero, pero ahí no pueden investigar delitos.

El hecho es que al cabo del tiempo los profesores no han recuperado el dinero que les fue descontado de la nómina, sin su consentimiento.

FALTA DE PERSONAL CAPACITADO

Servidores públicos de las cinco entidades coinciden en que los exiguos avances en materia anticorrupción se deben a la falta de personal, pero sobre todo a la precaria capacitación que se les ha dado para que dominen el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA).

“Muchos de los expedientes a resolver tienen muy mala fundamentación y motivación, hemos estado platicando con el Tribunal (de Justicia Administrativa) y el 95% de los casos los perdemos por falta de fundamentación y motivación”, señala el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

Los fiscales anticorrupción de Nuevo León, Estado de México y Guerrero coinciden en que están limitados de recursos materiales y humanos. No hay suficientes ministerios públicos para comenzar a procesar la gran cantidad de casos que tienen. El ejemplo de Guerrero luce extremo: sólo hay tres MP para los 81 municipios, mientras que en el Estado de México apenas hay seis sedes regionales de la Fiscalía Anticorrupción para atender a los pobladores de la entidad más poblada del país. Este tipo de críticas se repiten en los demás estados.

Javier Garza y Garza, fiscal anticorrupción de Nuevo León, señala que uno de los grandes lastres es la lentitud en la integración de las carpetas de investigación y en el ofrecimiento de pruebas durante las audiencias. El excontralor del estado, Gerardo Cantú, asegura que “los tiempos y los procedimientos determinados en la ley terminan por alargar los procesos”.

Un caso de resonancia que no prosperó fue el de las llamadas “Bronco firmas”. Pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció sobre el uso del dinero público durante la campaña presidencial en 2018, a la fecha no existe sentencia debido a fallas en el debido proceso.

“Empezamos a investigar desde cero, esa es la gran diferencia, que no hemos encontrado apoyo ni de la Auditoría del Estado ni de la Contraloría”, acusa el fiscal anticorrupción local.

La Fiscalía de Michoacán tiene un caso que involucra recursos de Odebrecht en la presa Centenario de la Revolución Francisco J. Múgica. No han avanzado en este asunto ni en muchos otros. Argumentan que se encuentran inmovilizados por la falta de capacitación de su personal para evidenciar y sustanciar, así como para seleccionar los perfiles adecuados para los puestos.

En el caso Odebrecht, el Poder Judicial, el CPC y la Consejería Jurídica del gobierno del estado recriminan que no se siguió con el caso, pues la fiscalía no buscó evidencias y decretó el no ejercicio de la acción penal. La fiscalía argumenta que los demandantes debieron aportar las pruebas, cosa que no ocurre en otras entidades.

Desde la fiscalía guerrerense describen un pequeño gran problema que se reproduce en otras regiones del país. El personal suele cometer errores o de plano no sabe cómo redactar las argumentaciones que integran las carpetas de investigación. Se refieren a fallas de técnica jurídica y a falta de conocimiento del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“Los hechos de corrupción son los más difíciles de comprobar, de indagar. No es como un homicidio, donde hay un cuerpo, por ejemplo. Acá es difícil, primero hallar el cuerpo de delito. Las pesquisas que eso conlleva”, explica el fiscal anticorrupción de Guerrero, Ignacio Javier Murguía Gutiérrez.

LAS POCAS SENTENCIAS

Las cifras oficiales de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de estos cinco estados son como una cascada: los registros de denuncias se cuentan por miles o cientos, mientras que las judicializaciones se reducen a decenas y las sentencias apenas llegan a unas cuantas, como si el oleaje de denuncias terminara en un riachuelo.

De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por cada entidad, en el Estado de México se han recibido más de 4 mil denuncias, pero sólo se han judicializado 444 casos. Van 23 sentencias. Los guerrerenses han procesado 66 acusaciones que generaron tres carpetas de investigación y cero sentencias. De las 456 querellas interpuestas en Michoacán, 39 se judicializaron y dos obtuvieron condena. En Nuevo León se registraron 139 denuncias, 90 investigaciones y tres sentencias. Los jueces de Chihuahua sólo han resuelto tres casos.

El detalle de estos datos no es desglosado en casi ninguno de los informes oficiales, a menos que se hagan solicitudes de transparencia, volviendo esto un proceso tedioso para todo aquel que quiera conocer información precisa sobre el destino de las denuncias, judicializaciones y sentencias.

La baja cantidad de casos resueltos es aún más visible en los asuntos que involucran a figuras públicas o empresas poderosas. Mientras en Nuevo León sigue “atorada” la investigación contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, en Michoacán no han logrado que prospere el proceso penal contra los exgobernadores presuntamente involucrados en un contrato fraudulento vinculado con Odebrecht.

En el Estado de México destacan las sentencias condenatorias a policías de mediano y bajo rango, al tiempo que los procesos judiciales contra alcaldes y servidores públicos de alto nivel se pierden en el camino.

La lucha contra los abusos de poder en Chihuahua es de corte discursivo, mientras que las denuncias contra funcionarios cercanos al gobernador Javier Corral no prosperan, como en el caso de la empresa Extreme Sports, vinculada a un jefe de prensa que contrató a una empresa que brinda servicios de entretenimiento a través de paredes escaladoras para hacerse cargo de la comunicación institucional.

Y LA POLÍTICA

Si bien estos cinco estados han avanzado a distintos ritmos, todos comparten problemas sistémicos, los cuales también se encuentran en el resto de las entidades y en el modelo anticorrupción de la Federación, a decir de los expertos consultados.

“Al sistema no lo veo en una condición de eficacia en este rubro. Lo que se tiene que incrementar es la infraestructura en las auditorías u órganos autónomos de fiscalización. También que los dictámenes que emita tengan la validez, que no obligue a las fiscalías anticorrupción a tener que hacer otro dictamen por su lado. En esto se pueden abreviar muchísimos pasos para judicializar el mayor número de investigaciones en marcha”, explica el penalista Gabriel Regino.

Para el experimentado abogado, quien coordina una amplia red nacional de penalistas y posee cinco sedes de su despacho Regino Abogados, “la razón exclusiva que obedece a la falta de judicializaciones –además de la falta de capacitación–, son los criterios políticos aún insertados dentro de las fiscalías anticorrupción”.

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, por ejemplo, interpuso denuncias en contra de dos municipios gobernados por Movimiento Ciudadano (MC), quienes supuestamente cometieron irregularidades en las cuentas públicas de 2018; dicha acción motivó que los diputados locales de ese partido consideraran que la ASE es selectiva en la lucha anticorrupción por no demandar a 15 municipios gobernados por otras fuerzas políticas.

Mandos policiacos refieren que en el Estado de México incluso se inventan culpables a cambio de ciertas sumas de dinero, lo cual revela que la corrupción está enquistada en el propio aparato encargado de combatirla. Para dejar libre a un presunto delincuente, por ejemplo, se cobra una cuota mínima de 25 mil pesos.

Y aunque el fiscal anticorrupción mexiquense, José de la Luz Viñas, reconoce que los principales “golpes” se han concentrado en consignar a policías corruptos, no pierde de vista la importancia de ir por casos de “alto impacto”, porque tienen un doble mensaje: dar resultados y mostrar que atacan la impunidad. “El año pasado conseguimos tres sentencias (contra servidores públicos) por secuestro exprés, cuya pena oscila entre cincuenta y sesenta años de prisión”, dice.

La titular de la Comisión Anticorrupción en el Congreso del Estado de México, Brenda Escamilla, así como la extitular del CPC, Palmira Tapia, señalan que no basta con sancionar, hay que recuperar los activos involucrados en un caso de corrupción. Esto no ha sucedido en esta entidad. Ni en muchas otras.

Así, con un reducido número de sentencias, una baja cantidad de judicializaciones y un ambiente no propicio para la proliferación de denuncias, el combate a la corrupción en los estados avanza lento, muy poco a poco, mientras los abusos de poder se pierden en un “Triángulo de las Bermudas” al que ni los ciudadanos ni las organizaciones de la sociedad civil pueden asomarse con facilidad.