¿Qué tan sanas son las finanzas de los estados?

La fragilidad de las finanzas de algunas entidades federativas del país, medida a través de diversos indicadores de ingreso, gasto y deuda, es muy evidente. Por ejemplo, el análisis de la proporción que representan las transferencias federales de los ingresos totales de los estados muestra que, en promedio, existe una dependencia del 86 por ciento. Guerrero, Oaxaca y Morelos son los estados que más dependen de las transferencias, al hacerlo en un 97%, 95% y 93% respectivamente. Sin las transferencias federales, dichas entidades prácticamente no podrían subsistir, pues su recaudación por ingresos propios es mínima, comparada con el gasto que ejercen. Por esta misma razón, no sorprende que Guerrero sea el estado que registra los menores ingresos propios como porcentaje de su PIB y la peor calificación en cuanto a los ingresos propios per cápita de todo el país.

Esta situación, de por sí preocupante, se vuelve más grave durante los años en que las transferencias federales disminuyen, tal y como sucederá este 2025. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado, las transferencias caerán 1.2%, siendo las aportaciones federales las más impactadas (disminución de 4.6% en términos reales). En este escenario, los estados menos afectados podrían ser la Ciudad de México (CDMX), Chihuahua y Quintana Roo, pues en 2023 su dependencia de las transferencias federales fue la menor a nivel nacional, ubicándose en 55%, 73% y 76% respectivamente.

En lo que respecta al análisis de deuda, Tlaxcala es el estado mejor posicionado, lo cual no se debe a un manejo ejemplar de la misma, sino a que su regulación le impide endeudarse. Haciendo a un lado este caso atípico, Querétaro tiene los mejores registros en indicadores como deuda como porcentaje del PIB; deuda pública per cápita; y deuda como porcentaje de los ingresos de libre disposición. Considerando estas tres variables, los estados peor posicionados son Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Por otro lado, el gasto de las entidades federativas se encuentra íntimamente relacionado con sus ingresos, ya sea que estos sean propios, transferencias federales o bien producto del endeudamiento. Chiapas, a pesar de tener una alta dependencia de las transferencias federales (88%), también tiene el mayor gasto como porcentaje del PIB de todo el país, equivalente a 28%. En el otro extremo se ubica Campeche con un 5% del PIB.

El ranking general, que considera todas las variables de ingreso, deuda y gasto, muestra que los estados con las finanzas públicas más sanas son CDMX y Baja California Sur, mientras que los que tienen finanzas más frágiles son Coahuila y Nuevo León.

Lo que hace que la CDMX salga bien evaluada es su menor dependencia de las transferencias federales. En el otro extremo, el principal reto de Coahuila es bajar sus niveles de deuda, pues son tan elevados que exceden en 20% los ingresos de libre disposición de la entidad. Sin duda estos niveles de endeudamiento condicionan el gasto y dejan poco margen al gobierno para invertir en otros temas prioritarios.

Aunque es posible hacer un análisis caso por caso de las razones por las cuales cada entidad ocupa su posición en el ranking general, podemos observar que un problema que todas comparten es la baja recaudación y, por ende, alta dependencia de las transferencias federales. En ese sentido, es necesario motivar un diálogo entre las entidades federativas y la federación para plantear posibles modificaciones a los lineamientos que rigen el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). Uno de los puntos más apremiantes son las limitaciones legales que tienen las entidades para recaudar impuestos. Si bien algunos estados y municipios no aprovechan en su totalidad las facultades impositivas que actualmente tienen, otros han visto frenados sus esfuerzos por establecer nuevos impuestos (pues están reservados para la federación) y, con ello, elevar su recaudación.

La situación actual de las finanzas públicas estatales plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal, especialmente en escenarios donde las transferencias se reducen. Asimismo, se requiere una discusión sobre las fórmulas actuales de distribución de participaciones y aportaciones, y revisar si estas cumplen con los objetivos originales o si desincentivan la recaudación local.

Además, las entidades federativas deben evitar comprometer su estabilidad financiera con cargas insostenibles. Cuando la deuda alcanza o supera los ingresos de libre disposición, los riesgos de un endeudamiento excesivo son latentes, limitando la capacidad de los gobiernos para atender áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y seguridad. En este sentido, un gasto público eficiente no solo debe responder a las necesidades más urgentes de la población, sino también garantizar que no se comprometan los ingresos de las futuras generaciones.