La voluntad política, el enemigo de la actualización catastral

La problemática sobre la gestión del impuesto predial y, en particular, sobre la baja recaudación que se reporta por este impuesto en el país, ha sido analizada en más de una ocasión. Existen diversas razones por las cuales dicha recaudación está por debajo de su potencial y una de ellas tiene que ver con la actualización de los catastros municipales.

La actualización es un concepto amplio que comúnmente se relaciona con una modificación a las tasas o tarifas estipuladas en las leyes estatales o municipales que se utilizan para determinar el impuesto a pagar. Asimismo, se asocia a los aumentos (son pocos los casos en los que se da una disminución) de los predios cuando se equiparan a valores de mercado, los cuales están en función de factores como la oferta y demanda del mercado inmobiliario, el estado de conservación de la propiedad, entre otros. De igual manera, la actualización de los valores catastrales se puede realizar de forma anual conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En la literatura existente sobre el impuesto predial en México, la recomendación por excelencia gira en torno a la urgencia de actualizar el catastro en la mayoría de los municipios a valores de mercado y, por lo general, se hace mención de las pocas herramientas con las que estos cuentan para realizar adecuadamente la tarea. En términos generales, las limitantes se asocian al poco presupuesto para contratar más personal (y que este sea calificado en cuestiones técnicas y administrativas), así como para adquirir tecnología que ayude, por ejemplo, a tener una cartografía catastral digitalizada como es el caso de la CDMX con su Sistema de Información Geográfica.

Tras una serie de entrevistas con personas funcionarias de diversas tesorerías en el país, queda claro que, si bien las limitantes antes mencionadas son importantes, la principal barrera que enfrentan los municipios para actualizar sus catastros es política. Pongamos el ejemplo de un municipio de Nuevo León para comprender mejor el problema. Para que este pueda actualizar los valores catastrales, el primer paso es contratar un estudio de valores con un tercero, como podría ser el Colegio de Valuadores de Nuevo León. Una vez que se tiene el estudio y se presentan los valores, se requiere el visto bueno de la Junta Municipal Catastral, quien se encarga de emitir opiniones sobre los valores del suelo y construcciones en el municipio.

Posteriormente, la tabla de valores debe ser aprobada por el Cabildo y finalmente por el Congreso del Estado. Como se puede apreciar, la actualización del catastro no depende únicamente de la voluntad del municipio, sino de otras instancias con criterios e intereses políticos propios. Esto es evidente en el hecho de que, a pesar de seguir el mismo procedimiento, a algunos municipios sí se les autoriza la actualización del catastro y a otros no (hay algunos que no han logrado una actualización a valores de mercado en décadas). Por ello, sería ideal establecer las reglas en la ley estatal para que de manera uniforme apliquen para todos los municipios de una misma entidad.

En ese sentido, para desvincular la actualización del catastro de la voluntad política, la ley podría contemplar una actualización anual y automática de los valores catastrales conforme al INPC y, en paralelo, establecerse una actualización del catastro total (o por partes), a precios de mercado, en una periodicidad que se considere adecuada. Con ello, además de eliminar el factor político que ha frenado la actualización del catastro por años, se le daría certeza a los municipios sobre la cantidad de recursos que potencialmente podrían recaudar a futuro.

Si bien es cierto que algunos municipios, sobre todo los rurales, tienen características que dificultan la gestión del impuesto predial, también lo es el que no puedan acceder a mayores ingresos propios por consideraciones políticas. Recordemos que actualmente el predial es su principal fuente de ingresos propios y el contar con barreras para mejorar su gestión no ayuda a disminuir su dependencia de las transferencias federales y tampoco a fortalecer sus finanzas.