¿Dónde quedaron los compromisos de la presidenta?

El primero de octubre del 2024 Claudia Sheinbaum presentó en el Zócalo de la Ciudad de México sus compromisos de gobierno para construir “el segundo piso de la Cuarta Transformación”. El contexto fue emotivo ante la llegada de la primera mujer como presidenta de México y el reconocimiento de este hecho por personas de distintas corrientes políticas. Pasada la euforia, al mes siguiente Sheinbaum enfrentó uno de los primeros retos de su gestión, con la presentación del Paquete Económico para el 2025.

Particularmente, era importante mandar la señal de que el gobierno tenía la capacidad de bajar el déficit público de 5.9% del PIB (uno de los más altos en décadas) y simultáneamente cumplir con todos sus compromisos de gasto, tanto los heredados, como las promesas de campaña. Para cuando se presentó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) sus promesas se mantenían frescas y el PEF era la herramienta idónea para demostrar que las haría realidad y que no serían ignoradas como sucede con gran parte de los compromisos que hace la clase política mexicana.

El análisis de las prioridades del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2025 deja ver que la presidenta no cumplirá en este año con la mayoría de sus promesas. Es decir, no sería posible tener una “República Sana”, una “República Segura”, una “República Educadora, Humanista y Científica”, como había prometido. Todo indica que la mejora de algunos de los problemas que atormentan a nuestro país tendrá que esperar al 2026, al 2027, o posiblemente al próximo sexenio, pues en México los políticos también son expertos en culpar a otros por los problemas, sin que ello tenga mayor repercusión en las preferencias del electorado.

El presupuesto que finalmente fue aprobado el mes pasado reafirma lo antes dicho. Por ejemplo, mucho se habló en campaña de las ventajas de tener una presidenta “científica”. Sin embargo, tanto en el PPEF como en el PEF, los recursos para el ramo de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación sufrieron un recorte de 3.7% respecto al año anterior. De hecho, los 26 Centros de Investigación e institutos que integran el ramo vieron una reducción en su presupuesto, lo que resulta contradictorio con los deseos manifestados en la plancha del Zócalo ese primero de octubre.

Asimismo, durante su campaña, la presidenta Sheinbaum enfatizó en la importancia de construir un Sistema Nacional de Cuidados, el cual, como cualquier otro en el mundo, debería tener como foco de atención a las infancias, a las personas adultas mayores y a aquellas con discapacidad. Además de que aún no sabemos con certeza qué programas y acciones le darán vida a este sistema, resulta contradictorio que el presupuesto aprobado para el DIF haya registrado una caída de 5.4% y que dos de los programas dirigidos a personas con discapacidad (Programa de Atención a Personas con Discapacidad del ISSSTE y el Programa de Atención a Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud) hayan sufrido un recorte de 4.1% y 0.4% respectivamente. La atención a este grupo debería ser prioritaria, pues de acuerdo a datos recientes del Banco Interamericano de Desarrollo, las personas con discapacidad representan cerca del 15% de la población en América Latina y el Caribe.

Adicionalmente, se generaron altas expectativas sobre las posibles acciones encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio climático. A pesar de que el Anexo Transversal en la materia tiene diversas áreas de oportunidad en su metodología, nos deja ver que en el 2025 habrá una reducción respecto al año anterior de 15.8% de los recursos destinados a atender dicha problemática.

Lo mismo sucede con el Anexo Transversal Anticorrupción, el cual presenta una caída del 13.7% a pesar de la importancia que supuestamente tiene el tema para la 4T y de los efectos reales que la corrupción tiene sobre los ámbitos público y privado. En un momento en el que se requiere de la inversión privada para apuntalar la economía, la extorsión no debe tener cabida. Se deben propiciar condiciones que le generen confianza y certidumbre al empresariado, lo cual se dificulta cuando la corrupción registra niveles tan altos como los que tiene nuestro país. Además, esta caída en el presupuesto estuvo acompañada de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pieza fundamental para impulsar el combate de la corrupción

La salud y la seguridad mostraron tendencias a la baja tanto en el PPEF como en el PEF. Los datos aprobados dejan ver que ambos temas, a pesar de ser dos de los peores lastres del país, no son prioridad. En el primer caso, cabe recordar que la pandemia por la Covid 19 evidenció las deficiencias de nuestro sistema de salud, y que según los datos del casi extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el porcentaje de la población con carencia de acceso a servicios de salud incrementó de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022. A pesar de ello, se presentaron recortes en los programas de Atención a la Salud (-40.2%), Programa de Vacunación (-68.8%) y proyectos de infraestructura social de salud (-73%). Asimismo, los recursos para salud que se transfieren a los estados a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se redujeron 42.6%.

La información expuesta nos deja ver que 2025 no será el año en el que se vean atendidas varias de las promesas expuestas en el Zócalo el pasado octubre. Han transcurrido cien días del gobierno de la nueva presidenta y, a pesar de que es pronto para evaluar el rumbo de su gestión, hay indicios (como en el caso del PEF) que nos dan una clara idea sobre los temas que se pueden o quieren atender en el corto plazo. Solo esperaría no llegar al 2030 con un peor sistema de salud, mayores niveles de vulnerabilidad en ciertas poblaciones o con un incremento en los niveles de violencia. Independientemente de la alta popularidad que tiene la presidenta, en la sociedad mexicana deberíamos aprender a exigir más, mucho más.