Ven incertidumbre sobre la transparencia en México

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno comenzó a operar este 2025 y asumirá las responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, organismo que desaparecerá en 90 días como parte de la reforma impulsada por Claudia Sheinbaum.

Especialistas consultados por El Debate señalaron que la nueva Secretaría, a cargo de Raquel Buenrostro, llega con incertidumbre sobre el futuro de la transparencia en el país, la independencia para atender casos de corrupción, además de que se enfrenta a una sobrecarga de funciones. 

¿Megasecretaría?

EmilianoMontes de Oca, coordinador anticorrupción de Ethos Innovación en Políticas Públicas, destacó en entrevista para El Debate que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno básicamente es la que anteriormente se llamaba Secretaría de la Función Pública. 

Explicó que será la encargada de hacer políticas de prevención dentro de la administración pública federal para que no haya actos de corrupción, para que haya una profesionalización del servicio y contempla toda la parte de vigilancia y de control, de auditoría y, por supuesto, la parte de investigación y sanción, en algunos casos de faltas o de casos de corrupción. 

"Te diría que esta es una megasecretaría. En realidad, tiene una sobresaturación de funciones, o sea, si bien ya tiene todas esas funciones que desempeñaba cuando era Secretaría de la Función Pública, pues ahora se le van a sumar todas las funciones de transparencia y de protección de datos personales", explicó. 

Plataforma

Emiliano Montes de Oca añadió que la situación actual en torno al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es de incertidumbre y muchas preguntas sin respuesta. Consideró que no hay claridad de cómo va a ser la transición formal, el proceso de entrega-recepción o qué va a pasar con la Plataforma Nacional de Transparencia. 

"Creo que eso es de los temas más relevantes porque tienen más de 14 mil millones de archivos. ¿Qué va a suceder con eso? ¿Cómo se van a trasladar? ¿Cómo se va a asegurar que la plataforma siga operando?", cuestionó. 

A su vez, expuso que los trabajadores del INAI también están en una incertidumbre de si van a permanecer o los van a liquidar. 

Lo anterior, al destacar que de los 499 millones de pesos que se les otorgaron para los 90 días que les restan de operaciones en 2025 no contemplan recursos de liquidación. 

Incluso, rememoró que se había hablado de hacer mesas temáticas, de trabajo entre el INAI y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero estas no se han celebrado, lo que abona a la incertidumbre de su funcionamiento. 

Riesgos

El analista político Jaime González advirtió que la centralización de atribuciones en la nueva Secretaría pone en peligro la imparcialidad en la lucha contra la corrupción y la transparencia. "No puede ser el gobierno juez y parte", afirmó. 

González enfatizó que a través del INAI y la Plataforma Nacional de Transparencia se han destapado numerosos casos de corrupción en los niveles más altos del gobierno. Incluso, recordó que el gobierno de la 4T tiene ya proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, catalogados como reservados, y no pueden ser supervisados adecuadamente, lo que impide el acceso a información clave sobre su desarrollo. 

"Sin organismos autónomos, no hay quién nos permita acceder a la información", subrayó. 

Para el analista, este proceso representa un riesgo para la transparencia en el país, y habrá que esperar para ver cómo se define en los próximos meses.