¿Por qué regular el cabildeo legislativo?

Hace unos días sonó en los medios de comunicación que la estrategia anticorrupción de Claudia Sheinbaum apostaría por regular el cabildeo. Una acción que, de concretarse adecuadamente, resultaría benéfica para nuestro país.

El cabildeo es un proceso mediante el cual los grupos de interés o de presión buscan influir en los tomadores de decisión a través del intercambio de información. Esta práctica es común en todas las democracias, ya que contribuye a un debate informado y, por tanto, a generar decisiones con mayor sustento y en favor del interés público. Sin embargo, cuando dicha actividad no se regula adecuadamente, se incrementan los riesgos de actos de corrupción al involucrar, en algunos casos, la entrega de dádivas, retribuciones o el intercambio de favores de diversa índole. En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado los peligros que conlleva el no contar con una regulación adecuada para el cabildeo, pues una norma deficiente compromete la equidad y la rectitud en la toma de decisiones y por ende debilita la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Transparencia Internacional, por otro lado, ha exhortado repetidamente a los gobiernos a poner en marcha regulaciones al cabildeo o, en su caso, a mejorar las ya existentes, con el fin de que se apeguen a principios y prácticas de transparencia, responsabilidad y monitoreo ciudadano.

Aunque aún no es claro el alcance de la propuesta de Claudia Sheinbaum, una adecuada regulación de cabildeo debería involucrar a servidores públicos de los tres poderes y niveles de gobierno, como lo hizo Chile desde 2014 con la publicación de su Ley de Lobby. No obstante, una propuesta conservadora debería comenzar por regular las interacciones con los legisladores.

En México, el marco legal vigente del cabildeo legislativo está contenido en los Reglamentos Internos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, pero dicha regulación tiene varias carencias no sólo de diseño, sino de implementación. Muestra de ello es que, aun con esta regulación, una investigación periodística de Ethos Innovación en Políticas Públicas mostró la existencia de 15 legisladores (de la LXIV legislatura) pertenecientes a las comisiones de Energía, Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, de ambas Cámaras, que eran accionistas o tenían familiares en empresas ligadas a estos sectores, evidenciando el conflicto de interés y el alto riesgo de corrupción.

La interferencia de la industria ha sido un problema persistente en México durante años que ha frenado un sinnúmero de iniciativas, como el aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas o al tabaco labrado. En buena medida, esto es posible por la regulación laxa y por el nulo enforcement.

No cabe duda que la regulación del cabildeo es una tarea pendiente en México, pero ¿se hará realidad en esta administración? Además de esta señal que ha dado el equipo de la presidenta Sheinbaum hay dos elementos que nos podrían dar esperanzas. Por  un lado, la avasallante mayoría de Morena en el Congreso los faculta para realizar las modificaciones al reglamento de ambas cámaras para regular de mejor manera el cabildeo legislativo. Por otro lado, en la legislatura anterior existió, al menos, una iniciativa de diputados morenistas al respecto, lo que no sólo habla de la relevancia del tema, sino de una posible ventana de oportunidad.

Sin embargo, me cuesta creer que con todos los casos de corrupción o conflicto de interés que se destaparon en el sexenio de AMLO, Morena se dará un balazo en el pie al aprobar una iniciativa de este tipo y poner bajo los reflectores a sus legisladores. O quizás sólo se piensa como un instrumento más para perseguir a los adversarios. Ya el tiempo lo dirá.