El combate de la corrupción debe ser inclusivo

La información es una herramienta poderosa para que los pueblos y comunidades indígenas puedan participar en el combate de la corrupción, pues les ayuda a conocer sus derechos y exigir rendición de cuentas cuando esos derechos se están violentando. Incluso, según organismos internacionales como la ONU, las comunidades indígenas son más vulnerables a los abusos de poder, lo cual hace que el acceso a la información sea aún más relevante para estas poblaciones. Pero para que tenga el impacto deseado, esta debe tener un componente indispensable: pertinencia cultural, es decir, reconocer y tomar en cuenta la diversidad cultural al desarrollar políticas públicas.

La minería, por ejemplo, es una actividad donde se cometen muchos abusos hacia los pueblos y comunidades indígenas, como el despojo de tierras a causa de la corrupción o el abuso de poder, o la falta de transparencia y de consulta a las poblaciones originarias sobre actividades que impactan en su territorio. Por ejemplo, el proyecto “Así se ve la minería en México” estima que de los 176 pueblos indígenas que habitan en nuestro país, 83 tienen concesiones mineras en sus territorios (47 %). En la mayoría de estos casos, no se hizo ningún proceso de consulta a las comunidades. En ese sentido, comunidades como la de Tecoltemi, en Puebla, han emprendido acciones legales y han logrado retirar concesiones mineras otorgadas en su territorio. Pero esto fue posible gracias a que estaban informados sobre sus derechos y cómo hacerlos valer.

Sin embargo, en México estamos muy lejos de un combate a la corrupción con pertinencia cultural. En primer lugar, porque la participación ciudadana se incentiva con el entendimiento de un problema. En este aspecto, el primer obstáculo que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas es que la información sobre qué es y cómo se combate la corrupción se reproduce generalmente en medios electrónicos y en español. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 33 % población indígena en México no cuenta con un dispositivo inteligente para acceder a internet. Además, de cada 100 personas que hablan una lengua indígena, 12 no hablan español (INEGI).

En segundo lugar tenemos que buena parte de los instrumentos de planeación en anticorrupción, como las políticas anticorrupción y sus programas de implementación, no fueron diseñados mediante la consulta a estas poblaciones y, en algunos casos, no existen estrategias encaminadas a combatir la corrupción que afecta a los pueblos y comunidades indígenas o para hacerlos partícipes de esta lucha.

Finalmente, algunas de las herramientas de participación ciudadana no son accesibles para esta población. Por ejemplo, la Plataforma Nacional Digital no permite hacer consultas en lenguas indígenas.

Si bien tenemos que reconocer que se han dado esfuerzos interesantes para promover un combate de la corrupción con pertinencia cultural, como en el caso de Chiapas, donde se realizó una encuesta a pueblos y comunidades indígenas que sirvió como insumo para elaborar la Política Estatal Anticorrupción (PEA), o el del Estado de México, donde se tradujo parte de la PEA al Náhuatl y Otomí, estos son ejercicios aislados.

Si México es un país pluricultural, ¿por qué la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas en distintas agendas ha sido un proceso lento? Una de las posibles razones es que los encargados de las políticas públicas no tienen el conocimiento suficiente para diseñar e implementar políticas con pertinencia cultural. Este desconocimiento ha implicado que las estrategias para incluir a estas poblaciones se limiten a traducir la información a lengua indígena; no obstante, el acceso a la información es únicamente el punto de partida, es necesario comprender las barreras que les impiden el ejercicio de sus derechos y modificar las lógicas organizacionales para derribarlas, sólo así podremos avanzar hacia un combate de la corrupción inclusivo.