¿Qué nos dice el Paquete Económico 2017 sobre el Sistema Nacional Anticorrupción?

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8 de septiembre, 2016 | Por: Jonathan Jiménez

Los contenidos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 no favorecen la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

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El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó al Congreso el Paquete Económico 2017. En aras de la aprobación de las leyes secundarias que complementan el Sistema Nacional Anticorrupción y de la petición de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCS) al Ejecutivo y Legislativo por mejores mecanismos presupuestarios que permitan rendir cuentas, se hará un breve análisis sobre el contenido relacionado con SNA dentro del Proyecto de Presupuesto de  Egresos de la Federación (PPEF) 2017. Con ello, se abordarán dos temas centrales:

  • Las asignaciones presupuestarias de las instituciones que combaten la corrupción;
  • La participación del legislativo en la asignación de recursos de las nuevas instituciones del SNA.

 

¿Cuánto se gastará en combatir la corrupción?

 

Así como lo expresa la carta firmada por algunas OSCS, el presupuesto para combatir la corrupción, a nivel federal, es irrastreable. No obstante, usando una metodología para seleccionar por nombre a las instancias, se puede hacer una estimación tomando como referencia el marco legal del Sistema. Como resultado, para 2016 el monto es de poco más de 7 mil millones de pesos (63 mil mdp considerando el Consejo de la Judicatura Federal).

Ahora bien, para 2017 se estima que se gastará 7,503 mdp (sin contemplar el CJF), lo cual representa sólo un incremento real (contemplando la inflación esperada) de 0.25% más que en 2016. Cabe destacar que, si se incorporara el presupuesto destinado al Consejo de la Judicatura Federal, éste presupuesto ascendería a 74 mil mdp lo cual representaría un incremento real de 14.1% más que en 2016. No obstante, ésta es una sobre estimación que deriva de no tener mecanismos de rastreo del gasto que sean efectivos y que permitan, posteriormente, evaluar la eficiencia del gasto en el combate a la corrupción. Ahora bien, a nivel institucional se ve de la siguiente forma:

  • La Auditoría Superior de la Federación tiene un aumento de 85 mdp, lo cual representa 3.9% más que en el 2016. Este incremento se debe, principalmente, a un mayor número de plazas. Para 2017 se contempla un total de 2,261 mientras que en 2015 eran 1,997 únicamente.
  • El Tribunal Federal de Justicia Administrativa presenta un aumento de un 1%, básicamente por la creación de la Tercera Sección de la Sala Superior y cinco nuevas salas de Responsabilidades según su Estrategia Programática.
  • La Secretaría de la Función Pública tendrá un recorte de 8.4% con respecto al año previo. Siendo que es considerada como el eje rector del SNA, según su Estrategia Programática.
  • La Procuraduría General de la República, a través de las unidades que combaten la corrupción ya sea a nivel federal o interno, tendrán un recorte de 10.7%.

 

¿Cómo participa el Legislativo en la asignación de recursos de las nuevas instituciones?

Es necesario aclarar que dichas instituciones no existen y por ello, no pueden tener un proceso de programación y presupuestación. De esta forma, el PPEF 2017 sólo incluye un transitorio (el 3°) que faculta a la SHCP para hacer las modificaciones de recursos monetarios y materiales para éstas instancias de nueva creación. Éste, es un mecanismo que ha sido usado en repetidas ocasiones por el Ejecutivo Federal con el fin de compensar, presupuestariamente, cualquier surgimiento de una nueva institución. Con ello, el papel del Legislativo es nulo en la planeación presupuestaria siendo que debería de haber un sistema de pesos y contrapesos en el país.

Por otra parte, para el caso de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción los recursos que le sean asignados provienen de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, con lo cual, a dicha fiscalía “independiente” se controla, de manera presupuestaria, por el ejecutivo.

Por esto, durante el 2017, el SNA se verá ampliamente influido por las designaciones que el ejecutivo decida. De esta forma, se limita el ejercicio democrático de la negociación presupuestaria que supuestamente deberíamos tener.

Por ambas razones, como ciudadanos representados por los Diputados Federales, debemos exigir que en sus observaciones, mejoren la calidad del Presupuesto de Egresos. Nos encontramos en una época de austeridad y en la que la corrupción se ha vuelto un cáncer para el desarrollo del país. Es por esto, que como una legítima demanda de la ciudadanía, debemos exigir tener finanzas públicas más sanas, transparentes y que permitan recobrar la confianza de la ciudadanía.

 

Publicado en: Arena Pública 
Tema: Finanzas Públicas / Anticorrupción y Transparencia

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