México, sin plan de recuperación económica frente al COVID-19

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Por: Alejandro Alegría Matus

 

Después de una gran expectación por el anuncio que se haría el domingo 5 de abril, el balance es simple: México se encuentra cerca de entrar a la fase 3 de la pandemia por COVID 19 y no cuenta con un Plan de Recuperación Económica bien estructurado para contener sus efectos en la economía. El gobierno federal había anunciado que, para dicha fecha, el presidente de la República daría a conocer un Plan de Recuperación Económica; sin embargo, el citado plan nunca llegó. Las hojas de las libretas donde se tomaría nota puntual de las medidas anunciadas quedaron en blanco, pues únicamente se esbozaron algunas medidas sueltas que repiten lo que ya se había dicho a lo largo de toda la actual administración. Pero nada que muestre integralidad y comprehensividad en las acciones frente al COVID-19.

Aun cuando no existe un plan de recuperación económica como tal, el presidente informó que “se utilizarán los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), los recursos de los Fideicomisos, créditos de la Banca de Desarrollo, y que se continuará con mayor rigor el programa de austeridad republicana”.

Algunos países han anunciado planes que destinan recursos equivalentes al 15% o al 10% de su PIB. En México la cifra es muy inferior. Por superávit primario cancelado se obtendría 0.7% del PIB. Por ahorros que aún se tienen en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) alrededor de 0.5% del PIB. Por Fideicomisos extinguidos un aproximado de 1% del PIB. En total, un aproximado de 2.2% del PIB. Se necesita mucho más. Si bien es cierto que no podemos destinar igual cantidad de recursos que los países con mayor riqueza, también parece ser muy poco lo que estamos destinando.    

Complementariamente, el pasado 18 de marzo la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Deuda para crear un fondo emergente denominado “Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias con el cual el gobierno federal podrá contar con recursos a través de financiamiento por hasta un monto que sea igual o menor al 100% del balance primario positivo”1. Si el Senado aprueba también esta medida, para el gobierno federal significa recibir hasta un máximo de 180,733 millones de pesos. Si el Senado también aprueba la reforma, México habrá abandonado por completo el objetivo de alcanzar un superávit primario de 0.7% del PIB en 2020.

Durante el informe trimestral presentado la tarde del domingo 5 de abril, en términos de inversión pública se dio a conocer la continuación de la construcción de la Refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, seguir los trabajos para construir el Aeropuerto Felipe Ángeles y la firma próxima de la primera etapa del Tren Maya, cuya última etapa también será construida por el ejército.

En términos de gasto social se anunciaron una serie de medidas como adelantar 4 meses de apoyo a los adultos mayores del país, así como becas para niñas y niños discapacitados, los cuales son muy útiles para los beneficiarios y sus familias; medidas que aunque buenas, son enteramente insuficientes para controlar una emergencia sanitaria como la que se vive hoy en nuestro país. Faltó el componente fiscal. El único anuncio en términos de política fiscal fue el compromiso de devolver con prontitud el IVA a las empresas. Ni una palabra de estímulos fiscales. Nada de medidas para brindar incentivos fiscales a las personas físicas que lo necesiten en esta difícil situación.

El presidente informó a la nación que será a través de “mayor inversión, empleo pleno, créditos de la banca de desarrollo, honestidad y austeridad republicana” como se habrá de superar esta crisis transitoria. Informó que se reducirán los sueldos de los servidores públicos y que no cobrarán aguinaldo, desde subdirectores hasta el presidente. También informó que la próxima semana se presentará un plan de inversión de proyectos en el sector energético por un monto de 339 mil millones de pesos y que en conjunto con otras medidas esto permitirá crear 900 mil empleos en tan solo 9 meses y que se evitará a toda costa el endeudamiento del país (aunque el abandono del superávit primario implica endeudamiento). Cabe recordar que el plan de inversión en proyectos energéticos ya había sido proyectado mucho antes de la aparición de la pandemia, y se había retrasado, por lo cual, no debería contabilizarse como recurso para contener los efectos causados por el COVID-19.

 

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