Sistemas estatales anticorrupción: ¿Qué los frena?

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Por: Animal Político

 

Asumir que combatir la corrupción depende de la voluntad de los políticos implicaría que no es parte de sus deberes como servidores públicos. Se ha fomentado una noción en el imaginario público que trae consigo grandes costos, una que da por hecho que los funcionarios actuarán de forma interesada e inclusive corrupta.

No se necesita de una opinión experta para saber que en México no hay suficiente “voluntad política” para combatir la corrupción. A nivel local, las autoridades no muestran señales reales de querer abatir el fenómeno, ni mucho menos un compromiso con los sistemas estatales anticorrupción.

Hay estados que todavía no cuentan con fiscalías que lleven casos de corrupción a tribunales, unos donde no se han instalado comités ciudadanos a cargo de vigilar la coordinación entre autoridades y proponer políticas anticorrupción, y otros dónde no hay Secretarías Ejecutivas que puedan gestionar recursos para llevar a cabo estas tareas.

En Ethos nos dimos a la tarea de documentar las resistencias principales que enfrentaban los sistemas de 10 entidades: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Sin duda, hay una gran diversidad de factores y ninguna realidad local es idéntica a otra. No obstante, la intervención y obstaculización por parte de los gobiernos y congresos estatales es un factor en común en prácticamente todos los casos.

 

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