Plantean ley anticorrupción para obras

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09 de marzo, 2018 | Por: El Economista

La organización Ethos y la USAID proponen también la creación de una ley en corrupción electoral así como eliminar el fuero constitucional.

 

El think tank Ethos Laboratorio de Políticas Públicas presentó este jueves el Manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en donde además de exponer cómo funciona actualmente el Sistema, propone una segunda batería de reformas anticorrupción para completarlo.

De acuerdo con el documento generado por la ONG, en colaboración con la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), se propone la creación de una ley anticorrupción de obras públicas, una ley en materia de corrupción electoral así como eliminar el fuero constitucional de los servidores públicos, además de reformar el Servicio Profesional de Carrera.

En materia de la ley de obra pública, la ONG precisó que en el 2012 se publicó la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la cual estipuló las sanciones que se deberían de imponer a las personas físicas y morales, mexicanos o extranjeros, que incurrieran en infracciones o irregularidades en la materia.

No obstante, la normativa quedó sin vigencia una vez que entró en vigor, en julio del 2016, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), “lo anterior, dado que toda la normatividad estipulada en esta ley quedaría comprendida en la de responsabilidades administrativas”, indica el documento citando al decreto del diario de la Federación por el cual entró en vigor la LGRA.

Asimismo, el manual cita un proyecto de ley sobre contrataciones públicas y hechos de concusión presentado por las bancadas del PRD y el PAN en el Senado, el pasado 23 de febrero del 2017, que se basa en principios como máxima publicidad, competencia, además de que buscaría estar acorde con el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción.

“A pesar de tratarse de una buena propuesta, cabe recalcar que esta ley no prevé el tema de adquisiciones, arrendamientos y servicios, por lo que técnicamente le falta mayor normatividad para poder ser considerada como una nueva ley anticorrupción”, indica el documento de Ethos.

El manual presentado hace referencia también al documento generado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en junio del año pasado y que lleva por nombre: “Temas para la conformación del Programa de Trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción”, el cual estipula que este último se debe centrar en vigilar las contrataciones de obra pública que se celebran entre las mismas dependencias y entidades de la administración pública, ya que este tipo de contrataciones no han sido normadas.

“En el documento se propone realizar un diagnóstico a nivel nacional sobre esta problemática y establecer las medidas necesarias para reducir la recurrencia de las irregularidades. Aunque en el documento no se específica como tal, esta propuesta podría derivar en una reforma a la ley en cuestión”, acota el manual.

Sobre la corrupción electoral, Ethos detalló que en la actualidad la definición de este delito “es difusa”, ya que se asocia con el fraude electoral, lo cual, enfatiza la ONG, significa delitos distintos.

En esta ley, Ethos cita nuevamente el documento presentado por la ASF, que propone que se identifiquen los aspectos del diseño normativo así como la gestión de las instituciones encargadas de organizar y supervisar los procesos electorales en donde se puedan dar irregularidades, además de generar un debate en el sistema anticorrupción sobre la posibilidad de “modificar la normativa que rige los procesos electorales, de tal manera que se reduzcan sustancialmente las condiciones propicias a actos de corrupción”.

Por otra parte, en referencia al Servicio Profesional de Carrera, la organización civil señaló que entre el 6 y 8 de marzo del año pasado se realizó el primer Encuentro Internacional Anticorrupción: Hacia Una Nueva Ley de Profesionalización para el Siglo XXI, cuya conclusión principal fue la creación de un proyecto de Ley de Profesionalización de la Administración Pública.

“Esta nueva ley debe entenderse como una herramienta que coadyuve al combate a la corrupción en el marco del SNA. La ley destaca la importancia de la evaluación del rendimiento para generar mecanismos de cumplimiento a partir de responsabilidades, obligaciones y funciones; y la creación de una métrica que permita el monitoreo de los servidores públicos y dependencias, y los resultados de la propia ley”, precisa el manual.

En cuanto al fuero de los servidores públicos, la ONG contextualizó que en diferentes estados de la República se ha iniciado el debate sobre la remoción de este privilegio a los funcionarios, al tiempo que refirió que en el 2016 el PRD presentó un paquete de reformas en la Cámara Alta que pretenden eliminar el fuero de los servidores.

“Sin embargo, es un tema en el que se debe insistir puesto que su eliminación permitiría que exista una mayor eficacia en el combate a la corrupción, al eliminar las trabas existentes al momento de proceder contra altos funcionarios gubernamentales implicados en este tipo de ilícitos”, precisó.

Las propuestas y pendientes

  • Ethos propone al menos cuatro reformas más para el SNA; una ley anticorrupción de obras públicas, ley en materia de corrupción electoral, la eliminación del fuero de los servidores públicos y una nueva ley del Servicio Profesional de Carrera.
  • La ASF ha planteado que el SNA se centre en monitorear los procesos de contratación que se generan entre dependencias públicas, vigilar a las instituciones electorales y reformar la ley en la materia para atajar posibles riesgos de cohecho.
  • Está pendiente en el Senado un proyecto de ley que norma los procesos de contratación de obra pública entre dependencias federales, sin embargo, la normativa no considera a las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
  • Ethos llama a delimitar los conceptos de fraude electoral y corrupción electoral ya que en la actualidad son “difusos”.

Publicado en: El Economista

Tema: Finanzas públicas