Las Asociaciones Público Privadas en la campaña presidencial

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5 de junio, 2018 | Por:José Luis Chicoma

El peligro no es que se rechacen las APP por la nueva administración, sino que se sigan implementando sin los mejores estándares, señala José Luis Chicoma.

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*Este artículo fue originalmente publicado en ADN Político.

Las Asociaciones Público Privadas (APP) tienen una mala fama. Reciben ataques diversos, desde los ideológicos a los prácticos. Una de las acusaciones más frecuentes es que el Estado deja de cumplir sus responsabilidades “privatizando” su función de proveer servicios públicos. Otra es la falta de transparencia en los procesos de licitación y negociación de los contratos que resulta en corrupción de públicos y privados.

También que el mal diseño de los contratos hace que el sector privado pueda abusar de las condiciones. Que generan obras en el presente, por deuda a futuro. O que resultan en incentivos perversos, por ejemplo, presiones en el sistema judicial para tener más presos, en aquellas APP en centros penitenciarios.

Durante años, desde Ethos Laboratorio de Políticas Públicas hemos generado conocimiento para impulsar una mejor implementación de las APP. Creemos que presenta un modelo adecuado para promover la coinversión de largo plazo y el compartir riesgos entre el sector público y privado. Además, que puede ser aplicado en otros sectores “no tradicionales”, como la innovación, el desarrollo científico y tecnológico, la eficiencia energética, entre otros donde justamente falta una proyección de largo plazo e inversiones grandes.

Sin embargo, a la vez estamos de acuerdo con muchas de estas acusaciones. Aunque no debería considerarse una privatización, sí es cierto que en ciertos proyectos, como centros penitenciarios, no es necesaria la participación privada porque puede generar una industria que cabildeará por tener más presos, por más tiempo. También que se han abusado de las renegociaciones por los malos diseños y que ha faltado más transparencia y rendición de cuentas.

Frente a esto, en época de campañas electorales, nos entra un temor con respecto al futuro de las APP: que por ese mal nombre que han generado por su incorrecta implementación y manipulación puedan ser descartadas como una opción para promover la inversión. Que su impopularidad las convierta en la piñata favorita de los candidatos.

Felizmente, en esta campaña presidencial no ha pasado eso. Carlos Urzúa, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para ser Secretario de Hacienda dice “creemos mucho en las asociaciones público-privadas” aunque quiere restringir la inversión privada en el sector energético. Enfatiza corregir su mal diseño para proteger a los gobiernos de contingencias.

Asimismo, su plataforma de plan de gobierno, Proyecto 18, incluye promoción de inversión pública-privada en proyectos de gran escala, con fondos mixtos, el impulso de proyectos no solicitados, facilidades para la elaboración de estudios de prefactibilidad, entre otros.

Ricardo Anaya propone aumentar la inversión (pública y privada) a 25% del PIB, con procesos más transparentes. Además, tiene dos propuestas muy precisas: la creación de una unidad especializada para atender APP, así como la figura del ombudsman de la inversión para facilitar los procesos y eliminar obstáculos. Los procesos de inversión conjunta requieren de alta especialización y de atención a los detalles que pueden ser atendidos con estas propuestas.

En esta administración se ha tratado de dar un impulso a la Ley de APP que le tocó implementar. Aunque su ejecución no ha sido la más rápida debido a limitaciones institucionales (tal vez ahí ayudaría tener una autoridad autónoma y especializada para las APP, como mencionó Anaya), ni la más transparente, no se puede negar el compromiso de José Antonio Meade, que cuando fue Secretario de Hacienda y Crédito Público, las impulsó.

Entonces el peligro no es que se rechacen las APP por la nueva administración, sino que se sigan implementando sin los mejores estándares de diseño, negociación, transparencia y fiscalización. Por eso se deben mejorar las capacidades técnicas e institucionales para la gestión de APP, gestionar y contabilizar mejor las contingencias, hacer más transparentes los procesos, entre otros cambios. Eso es urgente. En el ínterin podemos ir pensando en una nueva generación de esquemas de inversión público-privada que no tengan los problemas que las APP siguen presentando, desde los sobrecostos a las extensiones en los plazos.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 de la Agenda 2030 brinda un espacio muy amplio para la colaboración entre públicos y privados. Esto incluye las APP, el blended finance (el instrumento sensación del momento) y muchos otros que se puedan desarrollar. Un gran reto para la nueva administración.

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Tema: Innovación

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