La lupa sobre el cabildeo legislativo para mejorar su transparencia

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Por: Arena Pública

Autor: Víctor Torres

 

Con una adecuada regulación, el cabildeo puede convertirse en un genuino derecho democrático y un medio legítimo para que la sociedad participe en la toma de decisiones públicas.

 

De manera general, podemos entender por cabildeo a la actividad que realizan terceras personas para influir en la toma de decisiones. Si bien el campo de acción del cabildeo se extiende al Poder Legislativo, Ejecutivo y órganos reguladores, en esta ocasión nos centraremos en el primero.

Durante la hegemonía del PRI, el sector privado mantuvo una estrecha relación con el gobierno, por lo que podía impulsar su agenda a través del Poder Ejecutivo. Sin embargo, luego de que en las elecciones intermedias de 1997 el PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados, se abrió la necesidad, por parte del sector privado, de tener contactos dentro del Congreso de la Unión con el propósito de posicionar sus intereses y objetivos en la agenda legislativa.

Esta situación llevó al surgimiento de firmas especializadas de cabildeo, así como de áreas de relaciones gubernamentales o de asuntos públicos en empresas, cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales. Del mismo modo, el Poder Ejecutivo también asumió dicha práctica a partir del 2001, por medio de la figura de los enlaces legislativos, para impulsar las iniciativas propuestas por el Presidente de la República, o bien, para detener aquellas que fueran contrarias a los objetivos del gobierno federal, ya sea por cuestión ideológica o por que la aprobación de dichas iniciativas implicaba una carga presupuestal importante.

Con el paso de los años, algunas conductas del sector privado restaron legitimidad a las acciones de cabildeo. Por ejemplo, en el 2005 se acusó al sector tabacalero de repartir regalos y otras dádivas para frenar la aprobación de un aumento al impuesto al tabaco. Es por ello que en 2010 ambas Cámaras introdujeron lineamientos sobre el cabildeo a través de sus reglamentos internos. No obstante esta regulación no se aplica. Por ejemplo, en la legislatura pasada pocos legisladores cumplieron con su obligación de reportar a la Mesa Directiva las reuniones sostenidas con cabilderos.

Si el cabildeo no está bien regulado y no hay transparencia en su ejercicio, se abre el riesgo de que actores con gran poder económico capturen la toma de decisiones en el Congreso, lo que incluso puede generar actos de corrupción. Por ello es importante que exista una regulación adecuada que permita que las decisiones que tome el Congreso estén orientadas hacia el interés general y que promueva la transparencia en el ejercicio del cabildeo.

Recientemente el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó una iniciativa de ley para regular el cabildeo. Aunque dicha iniciativa representa un avance sustantivo en la materia, aún existen muchos espacios de mejora.

En este sentido, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas se ha dado a la tarea de analizar las mejores prácticas de regulación en otros países, como Estados Unidos o Canadá, y las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE para el ejercicio transparente del cabildeo, como es la inclusión de normas que prevengan el conflicto de interés: la publicidad de la información que entreguen los cabilderos en su actividad, la transparencia en las interacciones entre éstos, los legisladores y servidores públicos de las cámaras, la definición de mecanismos sancionatorios en caso de incumplimiento de la regulación.

En Ethos consideramos que con una adecuada regulación, el cabildeo puede convertirse en un genuino derecho democrático y un medio legítimo para que distintos sectores de la sociedad puedan participar en la toma de decisiones públicas.

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