Iniciativas ciudadanas contra la corrupción

258

15 de diciembre, 2017 | Por: El País

La aplicación móvil ‘Escudo Ciudadano’ guía a quienes visitan el Ministerio Público y les ofrece asesoría en caso de ser víctimas de un acto de corrupción. Es un proyecto desarrollado por Fáctico y Ethos.

 

Cada año los gobiernos del mundo invierten cerca de 9,5 billones de dólares americanos en contratos públicos, un monto equivalente a 25 veces el presupuesto de España y a 1900 veces el presupuesto de El Salvador en 2017. Hablamos de contratos que son esenciales para reducir la desigualdad y garantizar los derechos de la ciudadanía: acceso a buena educación pública, atención sanitaria de calidad, carreteras seguras o agua potable. Pero hablamos también de contratos que son vulnerables a malos manejos, fraude y corrupción. Según la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la corrupción y el fraude podrían afectar entre el 20 y el 25 por ciento de los presupuestos asignados a compras públicas.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales atribuye la corrupción a seis razones: débil institucionalidad de los Estados, legislaciones desactualizadas, acceso limitado a información pública, insuficiente participación ciudadana, impunidad y conflictos de interés. Combatirlas todas es un desafío titánico que exige el trabajo articulado de la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado y acciones que favorezcan la transparencia, apertura y rendición de cuentas de los Estados, como lo han explicado ya la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el G20 junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Si el reto es tan grande, ¿por dónde empezar entonces? Decenas de periodistas y organizaciones sociales de Latinoamérica decidieron empezar por seguirle la pista al dinero público, mapear las relaciones entre gobiernos y empresas y fortalecer la apertura de los datos y los contratos de los Estados latinoamericanos.

‘Queremos Datos’ es una plataforma cívica impulsada por DataSketch que facilita a la ciudadanía el acceso a la información de 6.000 entidades públicas y público-privadas de Colombia. Este portal apoya a la gente a formular peticiones de acceso a la información y publica en línea las respuestas recibidas.

En México, ‘Torre de Control’, del equipo de PODER, analiza los contratos vinculados a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el segundo más grande de los aeropuertos en construcción en el mundo. Es parte de QuiénEsQuién.Wiki y un ejemplo sobre cómo usar el Estándar de Datos para la Contratación Abierta. A su vez, la herramienta ciudadana ‘ContratoBook’ permite el fácil acceso a casi dos millones de contratos públicos de México y ha sido fuente de investigaciones de peso en la opinión pública mexicana.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad detectaron en ‘Estafa maestra’ contratos ilegales en México y probaron la entrega de dinero público a empresas fantasma. Su trabajo ‘Las empresas fantasma de Veracruzrecibió el premio al mejor reportaje de investigación de México en 2017.

En el mismo país, la aplicación móvil ‘Escudo Ciudadano’ guía a quienes visitan el Ministerio Público y les ofrece asesoría en caso de ser víctimas de un acto de corrupción. Es un proyecto desarrollado por Fáctico y Ethos. Dense la vuelta también por otros de sus trabajos, como Ligue Político Supercívicos.

Desarrollada por jóvenes mexicanos, la plataforma colaborativaIncorruptible’ usa herramientas digitales y contenidos multimedia para también combatir la anticorrupción en México. Es un proyecto de Borde Político en alianza con otras organizaciones de cooperación y sociedad civil.

Otra de las iniciativas nacida en este país para acabar con la corrupción es ‘Serendipia’. Cada semana, esta plataforma publica investigaciones y herramientas basadas en datos, tanto abiertos por gobiernos o como elaborados por su propio equipo. Se trata de información “corroborada párrafo por párrafo y cifra por cifra” que facilita la comunicación simple de temas que podrían resultar complejos, como el caso Odebrecht.

En Guatemala, 8 de cada 10 alcaldes investigados por ‘Alcaldías bajo la lupa’, tiene algún hecho que explicar. Esta fiscalización de 40 concejos municipales se resume en 8 bases de datos, más de 1.000 nombres y 545 personas investigadas. Un proyecto periodístico de Ojo con mi pisto.

También ‘Fondos de papel controla las actividades de los políticos. Aquí Ojo Público fiscaliza el financiamiento privado de los partidos políticos peruanos y el ingreso de dinero ilícito, analizando el historial financiero de más de 370 organizaciones políticas y revelando las relaciones entre los aportantes y el crimen organizado.

“Sin memoria no se puede reivindicar el derecho a la verdad y combatir la impunidad” es el lema de ‘Japiqay’, el proyecto por la memoria de la ciudadanía para la lucha contra la corrupción. Por eso existe este repositorio digital sobre los casos de corrupción investigados en Perú por diversas instancias entre 1980 y 2017.

Ocho centros de estudio crearon la Red Anticorrupción Latinoamericana (REAL). Lo suyo es investigar y propiciar el intercambio de conocimiento y experiencias sobre políticas públicas para la prevención, detección, investigación y sanción y condena de la corrupción.

En Chile, ‘Observatorio Anticorrupción’ pone la mirada en más de 200 medidas propuestas por el Consejo Asesor Presidencial contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción. Lo firman Ciudadano Inteligente y Espacio Público. Este observatorio tiene su símil en su vecino Perú.