Investigación especial

«Véndeme tu agua, ¿cuánto necesitas?»

El negocio perfecto para los acaparadores

 

Por Alice Pipitone / Ethos Laboratorio de Política Públicas *


Acaparadores aprovechan pobreza de agricultores para adquirir a “precio pollero” derechos para extraer líquido de acuíferos en veda. Especialistas aseguran que la falta de regulación favorece negocio de industriales.

 

Los acaparadores de agua, entre los que se encuentran mineras y refresqueras, son los principales responsables de que los acuíferos en veda hayan perdido 38 por ciento de su disponibilidad en los últimos cinco años, coinciden especialistas consultados por ETHOS.

María del Carmen Carmona Lara, ex subprocuradora jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), afirma que en los estados norteños las transmisiones de derechos “se cotizan a precio pollero”.

“Normalmente son ejidatarios que quieren cruzar la frontera para emplearse como braceros y lo único que tienen es la concesión de agua de sus pozos. Allí aparecen las acaparadoras de agua y les dicen: ‘véndeme tu agua, ¿cuánto necesitas?’ Ellos piden lo que cobra el ‘pollero’, y un poco más para el viaje. El negocio es perfecto”, concluye Carmona Lara.

En México los principales acaparadores de agua son empresas y conglomerados –nacionales y extranjeros– de las industrias mineras, refresqueras, embotelladoras, así como los dedicados a la agroexportación y a los desarrollos inmobiliarios, explica María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.

Venta entre privados, sin regulación

“Según el sapo es la pedrada”, comenta vía telefónica un empleado de la oficina de Conagua en la Cuenca de Río Bravo. Se refiere a los precios por metro cúbico de agua, entre privados, en la frontera norte del país. En el área conurbada de Monterrey, el costo va desde los 10 hasta los 35 pesos, afirma.

Aunque la oferta de agua en mercadolibre.com es incipiente, pueden encontrarse avisos que solicitan entre 10 y 50 pesos por metro cúbico, con la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, a 18 meses sin intereses.

La legislación vigente señala que cualquier privado que cuente con un título de concesión puede transmitir sus derechos para explotar el recurso, sin importar que esté en un acuífero vedado o con déficit.

Los especialistas consultados por ETHOS explican que los particulares no están obligados a presentar a la autoridad el monto acordado por la cesión de derechos, pero apuntan que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podría regular de manera más eficiente las transacciones entre privados.

Tan solo en el primer mes del actual gobierno se inscribieron en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) 23 títulos de concesión derivados de cesiones de derechos en acuíferos declarados en veda o con déficit.

Todos estos nuevos usuarios compraron los títulos a personas físicas que originalmente destinaban los recursos a uso agrícola. En las concesiones registradas en el REPDA pudo constatarse que entre los nuevos concesionarios se encuentran industrias y desarrolladoras inmobiliarias.

“Una trasmisión –de derechos– no es que estés dando un volumen de agua nuevo, sino que es un volumen que ya estaba asignado a un usuario que lo transmite a otro […] si al usuario que transmitió le queda algo de volumen lo conserva, si no le queda nada pues ese título se extingue”, afirma Agustín Félix Villavicencio, ex subdirector General de Administración del Agua.

El agua de los presidentes

“La administración del agua subterránea es absolutamente territorial. La delimitación de los acuíferos y la imposición de vedas responden a los proyectos políticos y económicos del presidente en turno”, afirma el Dr. Gonzalo Hatch Kuri, coordinador del Grupo de Análisis sobre Aguas Transfronterizas de la UNAM.

Hasta los años setenta, los presidentes mexicanos usaron las vedas para justificar expropiaciones de grandes obras hidráulicas y, posteriormente, para detonar el turismo en lugares como Cancún y casi toda la costa de Guerrero, explica Hatch Kuri.

“Quien detenta el poder y la administración sobre el agua en México sigue siendo el presidente. No son las embotelladoras, cementeras, refresqueras o mineras. Él decide cuándo y a quién dotar de agua, sin su consentimiento no operan y punto”, concluye el también asesor de legisladores, quien espera que el actual mandatario no gobierne el agua “a punta de acuerdos de veda”, como el anterior.

Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene zonas enteras del país en las que no puede concesionar ni una jarra de agua subterránea. En la Península de Yucatán tiene vedado 88 por ciento del líquido disponible, que almacena una cuarta parte del agua del subsuelo mexicano (3.1 de 13.1 mil millones de m3). En la Península de Baja California, en cambio, no puede entregar agua en 70 por ciento de sus 51 acuíferos porque están en déficit. En Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo y Yucatán el presidente no tiene un solo acuífero que esté libre para concesionar.

María del Carmen Carmona Lara, ex subprocuradora jurídica de Profepa, pugna porque la actual administración mejore la regulación de los recursos. “No existe ni control ni castigo por la contaminación ocasionada por las industrias que operan en México (…) Les han conmutado ese pago por decreto en diferentes periodos y con diferentes gobiernos”, apunta.

Según datos oficiales, actualmente existe medio millón de concesiones de aguas nacionales, pero Conagua solo tiene 149 inspectores para supervisarlos.

*Esta investigación forma parte de “La corrupción en el sector agua”, un estudio de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, coordinado por José Luis Chicoma, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Rodrigo Bolaños, Cuauhtémoc Osorno y Silvia Márquez. Edición: Salvador Frausto.

*Esta investigación forma parte de “La corrupción en el sector agua”, un estudio de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, coordinado por José Luis Chicoma, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Rodrigo Bolaños, Cuauhtémoc Osorno y Silvia Márquez. Edición: Salvador Frausto.