Investigación especial

Veda en 333 acuíferos en sexenio pasado mermó reservas 38%


Por Alice Pipitone / Ethos Laboratorio de Política Públicas *


Una prohibición presidencial para explotar 333 mantos subterráneos provocó la pérdida de 38% de las reservas de agua, al pasar de 13 mil millones de m3 en 2013 a 8 mil millones en 2018, revela una revisión de los registros de Conagua. La medida generó que agricultores vendieran sus títulos de propiedad a industrias y acaparadores del líquido.

 

El 28 noviembre de 2018, Higinio Cantú Flores formalizó la venta de su título de concesión para extraer recursos naturales de uno de los acuíferos más secos de Nuevo León, El Carmen-Salinas-Victoria, ubicado en el municipio de Pesquería, dedicado principalmente a la ganadería y a la agricultura, pero que en los últimos años ha recibido en su territorio a consorcios automotrices y registrado un boom en la construcción de vivienda.

Por tratarse de líquido destinado al aprovechamiento agrícola, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exentó a Cantú Flores del pago por derecho de uso, así como del desembolso por trámites administrativos.

Con esa transacción, Cantú Flores cedió 394 mil m3 de agua al año, equivalente a 110 pipas de agua al día. Las razones sociales que compraron los derechos se encargaron de cambiar el uso original, agrícola, para adaptarlo a sus intereses, industriales.

Los registros de la Conagua muestran que los títulos quedaron repartidos entre Toto de México, S.A. de C.V., Salec BR S.A. de C.V. y Oleoalimentos S.A. de C.V., dedicadas, respectivamente, a los accesorios de baño, al plástico y a las grasas comestibles. A estos compradores se sumaron la distribuidora de automóviles Cleber Te Mueve S.A. de C.V. y el Grupo Inmobiliario MG S.A. de C.V., además de las personas físicas José María García Muñoz, Salvador Eduardo Bortini Villareal y Manuel Ramón Saldaña Garza, quienes también obtuvieron su parte de agua.

Aunque los montos de las transacciones entre privados no son públicos, un funcionario de Conagua en la Cuenca Río Bravo calcula que Higinio Cantú pudo haber obtenido alrededor de 13.7 millones de pesos.

 

Los industriales extraen más agua

Cinco años antes de que Higinio Cantú Flores transmitiera su título de concesión, Enrique Peña Nieto emitió ocho decretos presidenciales para suspender la perforación de nuevos pozos en 333 acuíferos, incluido de El Carmen-Salinas-Victoria. Un documento publicado en la página de Conagua señala que estos depósitos subterráneos recorren 23 estados y “ocupan, aproximadamente, el 45% del territorio nacional”. 

En un día, el mexiquense declaró más prohibiciones –333– para explotar aguas subterráneas que todos los exmandatarios juntos en los últimos 70 años: sus antecesores declararon vedas en 226 porciones de acuíferos, según una revisión de los decretos presidenciales aprobados desde 1949.

Una investigación realizada por ETHOS, basada en informes oficiales de la Conagua, revela que los acuíferos vedados por Peña Nieto perdieron 38% de su líquido disponible estimado. Pasaron de 13.1 mil millones de m3 en 2013 a 8.1 mil millones en 2018. 

El argumento del gobierno federal para decretar las vedas era restablecer el equilibrio hidrológico del subsuelo, pero, a decir de los expertos, las medidas impuestas por el entonces presidente surtieron el efecto contrario debido a que la Ley de Aguas Nacionales (LAN) prohíbe otorgar nuevos títulos de concesión en acuíferos vedados o con déficit de agua, pero no restringe que los antiguos poseedores de permisos de explotación traspasen los derechos para explotar sus recursos, como ocurrió en el caso del agricultor de Nuevo León.

Gonzalo Hatch Kuri, coordinador del Grupo de Análisis sobre Aguas Transfronterizas de la UNAM, explica que las vedas propiciaron que, después de un proceso de transmisión de derechos, “el agua de uso agrícola terminara utilizándose por grandes industriales, lo que incrementa el volumen de extracción”. El especialista añade que “el uso agrícola puede controlarse tecnificando las horas de riego, pero en el uso industrial la extracción es de 24 horas. ¿Y quién monitorea que se cumpla el volumen de lo que ampara el título?”.

El fundador de CartoCrítica Investigación, Mapas y Datos para la Sociedad Civil, Manuel Llano Vázquez Prada, asegura que “cuando no hay agua para repartir porque el acuífero está en veda, los grandes usuarios compran el agua a los campesinos por un tema de marginación, no se la van a ir a comprar al agroindustrial o a la petrolera, van y se la compran al ejido. Ellos le dicen al campesino: ‘Toma este poquito por tu agua y un poquito más’”.

Y ello ocurre sin la debida supervisión de la Conagua, como explica Jorge Escobar, presidente del Consejo Técnico Consultivo del Colegios de Biólogos de México: “Los concesionarios de derechos agrícolas transfieren derechos con la mano en la cintura, no sabemos cómo, cuánto, y la autoridad no lo tiene actualizado en sus reportes”.

 

La herencia para AMLO

Al arranque de este sexenio, 477 de los 653 acuíferos del país estaban catalogados como vedados o con déficit de agua, lo que equivale a 73% de estos depósitos. Andrés Manuel López Obrador sólo tiene a su disposición 176 acuíferos (27%) con agua disponible para repartir.

Entre el 3 y el 23 de diciembre de 2018 se inscribieron en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) 23 títulos de concesión derivados de cesiones de derechos en acuíferos declarados en veda o con déficit.

Todos los nuevos usuarios de las aguas vedadas, cuyo título se registró en el primer mes del nuevo gobierno, compraron los derechos de personas físicas que originalmente destinaban los recursos a uso agrícola. En las concesiones registradas en el REPDA, consultadas por ETHOS, pudo observarse que entre los nuevos concesionarios se cuentan industrias y desarrolladoras inmobiliarias.

La respuesta de la Conagua a una solicitud de información muestra que el título de concesión de Higinio Cantú Flores, vigente a partir del 23 febrero de 2018, ampara la explotación de 394 mil m3 al año, por al menos diez años. Los volúmenes de las ocho concesiones que vendió entre febrero y noviembre de 2018 suman 216 mil m3, los 178 mil restantes quedaron en manos de José María García, quien fungió como apoderado legal de Cantú Flores pocos días antes de empezar a vender su agua a varias industrias.

Esos 178 mil m3 aún están registrados para uso agrícola. Y disponibles para su venta.

 

Cae 38% disponibilidad de agua*

*Esta investigación forma parte de “La corrupción en el sector agua”, un estudio de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, coordinado por José Luis Chicoma, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Rodrigo Bolaños, Cuauhtémoc Osorno y Silvia Márquez. Edición: Salvador Frausto.