Del 17 de junio al 4 de julio, en alianza con Reforma y once medios de comunicación estatales, Ethos publicó una serie de reportajes que documentan las razones que impiden el funcionamiento total de los Sistemas Estatales Anticorrupción en diez estados.

En este sitio, podrá encontrar las versiones largas de los reportajes publicados, en las que se deja ver que los gobernadores y diputados locales han logrado designar en puestos clave de los Sistemas Anticorrupción a personas cercanas a ellos o que incluso pertenecían a su propio equipo de trabajo. Así, la clase política ha intentado protegerse a sí misma de investigaciones que puedan tocar sus intereses. Además, hay personas que sin experiencia relevante en el tema, con vínculos políticos, o inclusive que han sido acusados de corrupción.

Lo más lamentable es que los Sistemas Estatales no han atendido una serie de casos notorios de corrupción.

«¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción», es un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, José Luis Chicoma, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya.

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Jugadores con distintas camisetas enturbian el combate a la corrupción en Veracruz


Apenas va comenzando el actual gobierno y ya existen sospechas de nepotismo, en un entorno ríspido y de falta de confianza entre el mandatario y la fiscalía, además de “emisarios del pasado” –duartistas y yunistas– que permanecen en el sistema anticorrupción local. Organizaciones civiles ven con desconfianza la subordinación política de los integrantes del SEA.

 

Por Israel Hernández / Ethos Laboratorio de Políticas Públicas [*]

 

Con procesos viciados y poco transparentes para el nombramiento de sus integrantes, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Veracruz no ha podido entregar resultados en el combate a una práctica que coloca a la entidad como emblema de malversación de fondos a nivel nacional, en gran parte debido a la gestión del exgobernador Javier Duarte de Ochoa (PRI).

La situación no ha mejorado con los mandatos de Miguel Ángel Yunes (PAN, 2016-2018) y Cuitláhuac García (Morena, 2018-2024), pues las pugnas políticas han enturbiado la rendición de cuentas, en un estado cuyos gobiernos anteriores dejaron la deuda en 44 mil millones de pesos, según el reporte de diciembre de 2018 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Compuesto por exfuncionarios y excolaboradores de los gobiernos del priista Javier Duarte de Ochoa y el panista Miguel Ángel Yunes Linares, el SEA no ha logrado consolidar una estrategia clara para acabar con la corrupción y enfrenta obstáculos presupuestales, operativos, de credibilidad y distanciamiento con la sociedad veracruzana, en un entorno en el que, de cada siete personas que tuvieron al menos un contacto con algún servidor público, una vivió una experiencia de corrupción, durante 2017, de acuerdo a la Encuesta de Impacto Gubernamental del INEGI.

Desde su instalación en agosto de 2018, el Comité Coordinador del SEA no ha incidido en la investigación y seguimiento a los casos de desvío de recursos públicos que marcaron la administración de Duarte de Ochoa; y ha sido omiso al presunto tráfico de influencias y la asignación de contratos de servicios y obra pública otorgados al primer círculo de Yunes Linares.

Tampoco se tiene certidumbre sobre su actuar frente a los posibles casos de nepotismo y de abuso de autoridad que se documentaron periodísticamente en el arranque del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez (Morena), los cuales, de acuerdo al presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Sergio Vázquez Jiménez (al momento de la entrevista todavía no cumplía su periodo de un año, tras el cual fue sustituido por Emilio Cárdenas Escobosa), ya fueron presentados en el pleno del Comité Coordinador y están bajo investigación de la Contraloría General del Estado.

Al respecto, la contralora general del estado, Leslie Garibo Puga, fue cuestionada por casos de presunto nepotismo y declinó comentar al respecto, argumentando que por el momento está más preocupada por el manejo de los recursos del SEA: “Ahorita este es el tema más fuerte aquí en el SEA, ustedes lo acaban de ver, se está abriendo la sesión. Creo que tenemos que darle prioridad”.

En sus primeros diez meses de vida, el CPC experimentó la renuncia de dos de los cinco comisionados (actualmente está en proceso de elegir nuevos miembros), por lo que dicho organismo, considerado el alma independiente y vigilante del Sistema, se ha visto limitado a pronunciamientos mediáticos y la canalización de una treintena de denuncias ciudadanas.

Denuncias sin dientes

Para Sergio Vázquez Jiménez, expresidente del CPC, el actual trabajo del SEA ha quedado reducido a un concierto de buenas intenciones, sin tener resultados concretos en el combate a la corrupción que permea en todos los niveles de la administración pública y del sector empresarial.

“No hay un contrapeso real o por lo menos en el papel no existe. En una mesa de siete personas tenemos un solo voto y cuando se trata de tomar decisiones nos quedamos muy cortos (…) Cuando queremos pasar al terreno de los hechos es donde encontramos todas las barreras del mundo y hemos ido transitando en lo mediático, saliendo en los medios, para que por lo menos tengamos presencia pública”, dice quien representa la voz ciudadana y preside el Comité Coordinador.

De agosto de 2018 a la fecha, el CPC ha canalizado ante la Contraloría General del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y las contralorías internas de organismos autónomos 38 denuncias ciudadanas en las que se presume hubo actos de corrupción en la administración pública, casos de los que el organismo ciudadano no tiene información sobre los procedimientos de investigación, seguimiento o sanción. Asimismo, el Comité Coordinador ha sesionado en 14 ocasiones, sin que se tengan resultados en materia administrativa o penal sobre el actuar indebido de servidores públicos o particulares.

“El problema es que a pesar de los señalamientos públicos y mediáticos, y aunque quizá en su momento tengamos algunas inhabilitaciones o sanciones, siguen dadas las condiciones para quien llegue al poder o al servicio público sea un corrupto”, insiste el entonces presidente del CPC.

Por su parte, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), Pedro José María García Montañez, reconoce que, al menos en el ámbito administrativo, el SEA no ha dado fruto en cuanto a la resolución de casos en los que se haya denunciado corrupción.

“El Sistema se instaló formalmente el primero de agosto del 2018 y se hicieron todos los nombramientos necesarios, de hecho en Veracruz estamos en semáforo verde en cuanto al cumplimiento de las leyes del Sistema Anticorrupción y operando conforme lo establece la Constitución. En la parte sustantiva de denuncia, que es lo más importante, el desdoble ha muy sido lento, y no porque no se quiera hacer, sino porque lleva un procedimiento que implica la integración de información e investigación por parte del Órgano de Fiscalización Superior o de las contralorías internas. Una vez ocurre esto, se turna a nuestra instancia y resolvemos, lo cual también lleva un procedimiento de ley que se ajusta a la Ley de Responsabilidades Administrativas (…) Pensaría que lo mismo está pasando en la parte penal y que está bajo control de la Fiscalía Anticorrupción”.

Para conocer si en el terreno penal existen resultados derivado del trabajo del SEA, se buscó al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marcos Even Torres Zamudio. Sin embargo, el funcionario, quien rindió protesta (en medio de reclamos) el año pasado para un ciclo de cinco años, no atendió la solicitud de entrevista.

Tampoco hubo respuesta de la contralora general del estado, Leslie Mónica Garibo Puga, a quien, en su calidad de representante del Gobierno del Estado en el Comité Coordinador, se le consultaría sobre la reducción presupuestal del 50 por ciento al SEA de Veracruz.

Vale la pena apuntar que el pasado 27 de febrero, el Congreso de Veracruz, dominado por la fracción legislativa de Morena, aprobó la reforma al Presupuesto de Egresos 2019 en el que se establece un monto de 20 millones de pesos para que el SEA opere en su segundo año, contrario a los 40 millones que se había estipulado en el proyecto presentado a finales de 2018.

Al respecto, Vázquez Jiménez lamentó la decisión del Poder Ejecutivo, la cual perjudica directamente la planeación del Sistema y obliga a recortar la plantilla del mismo, compuesta hasta marzo del 2019 por 70 personas.

“De octubre a diciembre de 2018 operamos con 9 millones de pesos. Con ese recurso montamos el SEA desde cero y proyectamos un plan de trabajo de manera que solicitamos la designación de 40 millones de pesos para este año. La Secretaría Ejecutiva deberá ajustarse”, explica quien era presidente del CPC.

Independencia cuestionada

Desde su origen e instalación, el SEA de Veracruz ha sido víctima de los intereses partidistas y de la necesidad del gobernador en turno de mantener su control político, lo cual ha quedado de manifiesto en la composición del Comité Coordinador y del propio Comité de Participación Ciudadana.

En el análisis de Víctor Manuel Andrade Guevara, exintegrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SEA e investigador especializado en cultura de la legalidad y rendición de cuentas por la Universidad Veracruzana, ambos comités carecen de autoridad moral, independencia y de personajes que estén identificados con la lucha ciudadana.

“Mientras en los principales órganos no tengamos personas que cumplan con las condiciones de independencia de los poderes públicos, de las elites y de los partidos, así como prestigio, trayectoria y reconocimiento en estas causas, no habrá un combate eficaz a la corrupción”, sostiene.

La visión del académico es secundada por el director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), Iván Gidi Blanchet, quien considera que la presencia de actores políticos en el SEA sólo contribuye a la simulación.

“Cuando los fiscales no son independientes, cuando quienes están al frente de esta política anticorrupción tienen una subordinación política, sucede que no actúan con imparcialidad y esto sólo es garantía de impunidad”, afirma el representante de la organización civil.

De los siete integrantes del Comité Coordinador, el máximo órgano del Sistema, tres de ellos llegaron a encabezar sus respectivas encomiendas gracias al cobijo de Javier Duarte; dos fueron colaboradores cercanos de Miguel Ángel Yunes y una, la actual contralora general Leslie Mónica Garibo Puga, es una pieza clave en el gobierno morenista de Cuitláhuac García.

En el caso del expresidente del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Vázquez Jiménez, carga con serios señalamientos públicos por ser dueño de dos despachos de auditoría que fueron contratados por el gobierno estatal de Javier Duarte y el Ayuntamiento de Xalapa.

La designación de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), uno de los entes que integran el Comité Coordinador, fue apoyada por Duarte de Ochoa y la fracción legislativa del PRI en septiembre de 2012. Antes de ocupar dicho cargo, Portilla Vásquez se desempeñaba como director de Control y Evaluación de la Contraloría General, cuyo entonces titular, Iván López Fernández, impulsó abiertamente.

En tanto que la actual consejera presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez, en marzo de 2014 recibió el visto bueno del Congreso del Estado, entonces dominado por el PRI y controlado por Duarte, para ser parte del organismo que promueve la transparencia y la rendición de cuentas. En aquel entonces, un grupo de diputados del PAN manifestó que, desde su posición como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, García Álvarez había sido la responsable de echar abajo la alianza PAN-PRD que se cocinaba para el proceso electoral local de 2013.

Pese a ello, la titular del IVAI ha cuestionado en múltiples ocasiones el trabajo del entonces presidente del CPC, Sergio Vázquez y presionó para que se integrara un equipo dentro del SEA para establecer el plan de trabajo 2019 y adaptarlo a la partida presupuestal autorizada, pues insistió en que la falta del secretario técnico ha retrasado la operatividad del Sistema.

El tercer integrante del Comité Coordinador ligado al priismo es Andrés Cruz Ibarra, magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz y representante del Consejo de la Judicatura, quien en 2007, cuando Veracruz era gobernado por Fidel Herrera Beltrán, es ascendido a magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Previamente, Cruz Ibarra se desempeñó en diferentes cargos de la administración pública priista.

Una vez que llegó al Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares también colonizó los espacios que estaban pendientes dentro del SEA: en diciembre de 2017, con el Congreso del Estado a su favor, logró que Pedro José María García Montañez, su secretario particular, fuera nombrado magistrado del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa (TEJAV). Actualmente García Montañez preside el Tribunal facultado en inhabilitar a los funcionarios corruptos.

Asimismo, en julio de 2018, Yunes Linares propuso al exvisitador general de la Fiscalía General del Estado, Marcos Even Torres Zamudio, como fiscal anticorrupción y la Legislatura avaló el nombramiento, que desde entonces ha sido cuestionado por el actual gobernador, Cuitláhuac García. El actual titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz goza de cercanía con el fiscal Jorge Winckler Ortiz, quien a su vez fue abogado de la familia Yunes. Apenas en noviembre de 2018, Torres Zamudio fue acusado de negociar la libertad de Arturo Bermúdez Zurita, exjefe policiaco en el gobierno de Duarte.

El procedimiento legislativo para nombrar a Torres Zamudio fue duramente cuestionado por Jeremías Zúñiga Mezano, aspirante a ocupar la Fiscalía Anticorrupción y presidente en Veracruz de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, quien además fue uno de los 33 ciudadanos que promovieron amparos e impugnaron el nombramiento.

“De Marcos Even Torres no se puede esperar mucho porque obedece a compromisos políticos y de partido, con un claro conflicto de interés. Yo fui el único aspirante que tenía el verdadero respaldo ciudadano, no hubo piso parejo e imperó la fuerza de los diputados de la alianza PAN-PRD (…) La justicia resolvió que todos los actos del Congreso son soberanos y la decisión no nos favoreció”, señala Zúñiga Mezano.

Pugnas internas y pasados borrosos

En Veracruz, la intervención ciudadana dentro del SEA se ha visto mermada por los conflictos internos de la Comisión de Selección que se encargó de elegir a los integrantes del CPC y por las diferencias de quienes fueron nombrados.

En un primer momento, en junio del 2018, Víctor Manuel Andrade Guevara, designado por el Congreso del Estado como parte de la Comisión de Selección del CPC, decidió separarse del grupo de trabajo conformado para dicho propósito con el argumento de que no había criterios claros para decidir al respecto.

“Nunca se definieron los parámetros para seleccionar e integrar el Comité de Participación Ciudadana. Para mí había que valorar la trayectoria, el prestigio y el trabajo previo del aspirante, pero además su independencia. No fue así, tanto que estuvieron a punto de designar a una persona que había sido pareja de un miembro de la Comisión de Selección”, expone.

De acuerdo a Andrade Guevara, de la treintena de ciudadanos que se postularon, la mayoría habían sido funcionarios o colaboradores en la administración de Javier Duarte de Ochoa o Fidel Herrera Beltrán.

“El claro ejemplo lo tenemos con el presidente del Comité, Sergio Vázquez, un auditor que fue contratado por la Secretaría de Obras del gobierno duartista y el Ayuntamiento de Xalapa sin tener observaciones por parte del Orfis. Lo mismo pasa con el comisionado Emilio Cárdenas, que en 2014 también trabajó como director de Prensa en Comunicación Social del Gobierno del Estado y ha tenido otros encargos en el PRI, incluida la jefatura de prensa del Comité Directivo Estatal”, precisa.

En relación a los señalamientos que enfrenta Vázquez Jiménez, el pasado veintidós de agosto del 2018, el contralor interno de la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, Luis Guerrero García, presentó una denuncia en contra del presidente del CPC ante la Fiscalía Anticorrupción. El funcionario municipal acusa que la contratación del despacho contable propiedad del integrante del SEA estuvo plagada de irregularidades, además de que nunca entregó los resultados de la auditoría realizada a la CMAS de Xalapa.

Tras el proceso de evaluación de postulaciones, la Comisión de Selección nombró a Sergio Vázquez Jiménez por un año; José Emilio Cárdenas Escobosa, por dos (acaba de asumir como presidente del CPC); Alma Delia Hernández Sánchez por tres; Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampiery por cuatro y Mercedes Santoyo Domínguez por cinco. Los dos últimos, quienes estarían mayor tiempo dentro del CPC, renunciaron en diciembre de 2018 y febrero de 2019, respectivamente.

Antes de llegar al SEA, Alma Delia Hernández Sánchez se desempeñó en diferentes puestos de la Coordinación de Comunicación Social en las administraciones priistas de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, y recientemente en el Colegio de Veracruz.

Respecto a Jesús Muñoz de Cote, quien fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, su renuncia estuvo asociada a diferencias con miembros del propio CPC y con otros integrantes del Comité Coordinador.

“Hubo señalamientos mediáticos en un contexto donde se daba un proceso electoral que considero desviaron el rumbo del Comité de Participación Ciudadana, además también se dieron roces con integrantes del Comité Coordinador que no estaban de acuerdo con la posición ciudadana. Por eso tomé la decisión de hacerme a un lado y trabajar desde mi lugar como empresario”.

En cuanto a Mercedes Santoyo, su renuncia fue motivada porque se sumó al equipo de trabajo de la contralora general Leslie Garibo Puga. De esta forma, el CPC se redujo a tres integrantes y los comisionados faltantes deberán ser repuestos por la Comisión de Selección en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la fecha de cada renuncia.

Previo a la ruptura dentro del CPC, en octubre de 2018 también renunció Martín Quitano Martínez, nombrado como titular de la Secretaría Ejecutiva del SEA, que procedía de la dirección de la Editora de Gobierno, en la administración de Miguel Ángel Yunes. De forma interina, el Órgano de Gobierno del SEA nombró a Guadalupe Noé Hernández Martínez.

Sin embargo, despachó dos meses como secretaria técnica interina de la Secretaría Ejecutiva, Marisol de la Merced Jiménez, a raíz de la renuncia intempestiva de Hernández Martínez, tras una discusión pública con Sergio Vázquez Jiménez en la que intercambiaron acusaciones de corrupción. El pasado 28 de mayo Carlos Quiroz Sánchez recibió el nombramiento oficial, tras haber sido publicada su designación en la Gaceta Oficial del Estado,

En sesión ordinaria del CPC, el martes 9 de abril, Hernández acusó a Vázquez de uso discrecional del presupuesto del SEA y de contratar a personal allegado a sus negocios personales y que no cumplían con los perfiles requeridos.

En respuesta, Sergio Vázquez expuso en la reunión que Guadalupe Noé Hernández no había sido transparente en procesos de licitación para la compra de bienes y contratación de servicios, por lo que solicitaba fuera investigado.

“Él sostiene que yo impuse personal y que tengo el control del SEA, pero es falso porque legalmente yo no tengo ningún tipo de atribución para el manejo del dinero o la contratación de personal, eso lo ve directamente la Secretaría Ejecutiva. Yo lo invité a que si tenía elementos, que me denunciara. En mi caso yo sí lo señalé porque tengo información de que hubo partidas para la licitación de bienes que no se ejecutaron, lo hice saber al Órgano de Gobierno y ya lo puse de conocimiento de la Contraloría y del Orfis”, dijo el presidente del CPC.

Cabe recordar que el director de ONEA, Iván Gidi, contendió para ser secretario técnico del Sistema, pero no fue favorecido por los integrantes del Comité Coordinador.

“Mi postulación se vio afectada porque en ONEA fuimos muy críticos del gobierno de Miguel Ángel Yunes, por eso se decantaron por Martín Quitano. En el caso de nuestra organización, tampoco tuvimos ninguna injerencia para la integración del Comité de Participación Ciudadano o en la selección del personal de la Secretaría Ejecutiva, seguiremos la lucha por nuestra cuenta”, dice Gidi Blanchet.

Mientras todo esto pasaba, el SEA ya fue alcanzado por el recorte presupuestal y cumplidos los primeros cinco meses del 2019 no han podido reajustar la operatividad del organismo: el expresidente del CPC, Sergio Vázquez, confirmó que aún no está definido el plan de trabajo de este año y vislumbró una reducción en la plantilla laboral.

“En su momento le pedimos al secretario Noé Hernández que presentara un plan de medidas de contención del gasto y nunca se dio. Tampoco ha habido disposición de los entes que componen el Órgano de Gobierno para sentarse a analizar las medidas que debemos tomar para ajustarnos al presupuesto de 20 millones de pesos y apenas estamos en ese proceso”.

Disyuntiva entre reconciliación e impunidad

Si bien hay confianza en la disposición y las buenas intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en el caso de Veracruz, del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el director de ONEA, Ivan Gidi, y el investigador de la UV, Víctor Manuel Andrade, coinciden en que el combate a la corrupción debe ser integral y considerar los casos registrados en el pasado inmediato.

“Hay un problema de enfoque en la política anticorrupción del gobierno federal y que están replicando los estados, que es más importante el perdón y la reconciliación, pero me parece que eso no funciona. La ley debe aplicarse y acabarse con la impunidad, si no se sanciona, el ciclo continúa. Tiene que haber denuncias y sanciones, tienen que llegar a instancias del TEJAV o de la Fiscalía, de lo contrario no habrá motivos que ayuden a prevenir estos actos”, manifiesta Andrade.

Sobre el plazo en el que pueden verse resultados del SEA, Gidi Blanchet considera que a mediados de 2019 se debe informar a la ciudadanía, involucrarla directamente y establecer un mecanismo preventivo efectivo que inhiba los actos de corrupción.

“Desde ONEA vemos el Sistema con desconfianza, a pesar de ello queremos sumar esfuerzos y que se mantenga el espíritu ciudadano, que sea la voz que dé legitimidad y la que exija transparencia, acabar con la impunidad y entregar resultados lo más pronto posible”, refiere el directivo de la organización.

 

[*] Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya.

 

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