Del 17 de junio al 4 de julio, en alianza con Reforma y once medios de comunicación estatales, Ethos publicó una serie de reportajes que documentan las razones que impiden el funcionamiento total de los Sistemas Estatales Anticorrupción en diez estados.

En este sitio, podrá encontrar las versiones largas de los reportajes publicados, en las que se deja ver que los gobernadores y diputados locales han logrado designar en puestos clave de los Sistemas Anticorrupción a personas cercanas a ellos o que incluso pertenecían a su propio equipo de trabajo. Así, la clase política ha intentado protegerse a sí misma de investigaciones que puedan tocar sus intereses. Además, hay personas que sin experiencia relevante en el tema, con vínculos políticos, o inclusive que han sido acusados de corrupción.

Lo más lamentable es que los Sistemas Estatales no han atendido una serie de casos notorios de corrupción.

«¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción», es un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, José Luis Chicoma, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya.

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Tabasco batea de foul en el combate a la corrupción


En la tierra del presidente, la llegada de la ola morenista obliga a replantear metas y planes, pues los integrantes ciudadanos del sistema anticorrupción pegan pocos jonrones. ¿Qué viene ahora? El SEA deberá arreglárselas con menos presupuesto y una sociedad irritada por los altos sueldos de los funcionarios.

 

Por Alexis Pérez / Ethos Laboratorio de Políticas Públicas [*]

 

A casi dos años de su creación y uno de su conformación, el Sistema Estatal Anticorrupción de Tabasco (SEA) enfrentó la renuncia del secretario técnico y dos de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), en medio de cuestionamientos por altos salarios, al tiempo que la sociedad civil acusa que no se han investigado casos de corrupción por falta de voluntad política.

El sistema encargado de prevenir, investigar y sancionar posibles hechos de corrupción en la entidad fue creado en 2017, dos años después de que entrara en vigor la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, en Tabasco, una de cada cuatro personas que realizaron un trámite gubernamental fue víctima de un acto de corrupción durante 2017.

Estos ocurrieron principalmente en los trámites relacionados con el sector de seguridad pública, los gestionados ante el ministerio público y en los relacionados con la apertura de empresas.

Tan solo un año después, la Secretaría de Contraloría, hoy Función Pública, presumió a nivel nacional que Tabasco era una de las entonces 13 entidades que cumplía con todas las leyes para combatir la corrupción, acordes con el SNA (reforma constitucional y ocho leyes secundarias), además de contar con un Comité de Selección, el de Participación Ciudadana (CPC), instalar su Comité Coordinador, y llevar a cabo el nombramiento de su secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, vital para el manejo de recursos y el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de este último Comité.

Desde su nacimiento, organizaciones civiles del estado cuestionaron las designaciones de quienes formarían el Comité de Participación Ciudadana, por tratarse de exfuncionarios y exdiputados, muchos de ellos con antecedentes partidistas.

De acuerdo con Sergio Antonio Reyes, presidente del Colegio de Abogados Tabasqueños, los nombramientos de Felicitas del Carmen Suárez Castro, José Neftalí Frías Díaz, Laura del Carmen Álvarez Larios, José Luis Mora Flores y Rafael Escalante López, se dieron a pesar de tener fuertes vínculos con pasadas administraciones estatales o municipales.

A José Luis Mora Flores, quien fue el primer presidente del CPC, se le relacionó con una posible triangulación de 55 millones de pesos del Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo de las Empresas de Tabasco (FIDDET) al Instituto de Contadores Públicos de Tabasco del cual fue vicepresidente fiscal; hecho que negó tras ser electo por el Comité de Selección.

En el caso de Rafael Escalante López, años antes de ser designado miembro del CPC, ocupó la Dirección de Programación del Consejo Municipal de Centro. Laura del Carmen Álvarez Larios se desempeñó como directora de Fomento Económico y Turismo en Villahermosa.

Por su parte, Felicitas Suárez Castro fue presidenta del Instituto de Transparencia del estado, además de ocupar una plaza como magistrada del Tribunal Superior de Justicia. En tanto que José Neftalí Frías Díaz aspiró en 2016 a la candidatura para la alcaldía de Nacajuca, municipio que ya había gobernado entre 1981 y 1982 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

José Alberto Pinzón, quien llegó en relevo de José Luis Mora Flores, fue designado a finales de 2018. Varios años atrás, en 2009, ocupó una diputación por el Partido de la Revolución Democrática.

A varios meses de la renuncia de Suárez Castro y Escalante López, el pasado 6 de mayo se nombraron a Fernando Vázquez Rosas y a Mileyli María Wilson como reemplazos.

El primero de ellos ocupó dos cargos en el sexenio de Arturo Núñez; primero como vocero especializado en Seguridad Pública y en la recta final de la administración, la titularidad de la Comisión de Radio y Televisión del estado.

En tanto, Wilson Arias fue secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y asesora del ex fiscal del estado, Fernando Valenzuela Pernas, cuando fue diputado local.

Ajustes tras sueldazos

A la crítica por los perfiles se les sumó la asignación de salarios superiores a los 95 mil pesos brutos mensuales para los integrantes del CPC y 98 mil pesos brutos mensuales para el secretario técnico, lo cual generó críticas de la opinión pública en la tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho de la austeridad su bandera.

Lo anterior originó una serie de desacreditaciones públicas, incluida la del gobernador del estado, Adán López Hernández (rindió protesta el 31 de diciembre del año pasado, como abanderado de Morena), quien cuestionó que algunos de los integrantes del SEA cobraran casi 100 mil pesos mensuales, por lo que anunció una reducción de al menos 10 millones de pesos para la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio 2019.

Cabe precisar que para el presente año, el presupuesto aprobado fue de 22 millones 126 mil 498 pesos para el Sistema, en tanto que para 2018 fue de 25 millones de pesos.

Tras las críticas, el 20 de febrero los medios locales trascendieron la renuncia del secretario técnico Víctor Ernesto López Aguilera y de dos integrantes del CPC, Felícitas Suárez Castro y Rafael Escalante López. Actualmente Elidé Moreno Cáliz está al frente de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva.

Ante esto, fue el propio gobernador, con apenas cuatro meses y medio en el poder, quien confirmó al día siguiente la salida de los tres integrantes del Sistema y que todos habían argumentado motivos personales. Sin embargo, medios locales reportaron que se trató de una especie de “purga” que coincidió con el inicio de funciones del mandatario morenista, Adán López Hernández.

Cuestionados sobre su percepción salarial, integrantes del CPC reconocieron que se ajustaron el salario, para erradicar la imagen que la ciudadanía tiene sobre ellos.

El presidente del CPC mantiene un sueldo de 100 mil pesos brutos mensuales, mientras que sus compañeros se “ajustaron” el salario a 86 mil pesos brutos mensuales, de acuerdo con las actas de sesiones disponibles en el sitio web del Sistema.

También advirtieron que, ante el recorte presupuestal, algunas propuestas de combate a la corrupción surgidas desde este órgano podrían quedarse como ideas y no concretarse.

Actualmente, todos los integrantes del CPC utilizan las oficinas que renta la Secretaría Ejecutiva, quien también les facilita el mobiliario, papelería e insumos.

Defensora del sistema

La recién nombrada secretaria técnica, Elidé Moreno Cáliz (quien anteriormente estuvo en el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ITAIP), coincide en que se requiere un mayor presupuesto para cumplir con las exigencias de la ciudadanía.

“Tenemos proyectado salir con todas nuestras actividades con el presupuesto aprobado (alrededor de 22 millones), sin embargo, la plataforma digital requiere de un sistema tecnológico que garantice acceder a la información del SEA, y todo eso cuesta; se requieren especialistas, equipo, licencias, lo que se nos demanda también cuesta, si tuviéramos más podríamos hacer más cosas”.

La funcionaria defiende la labor del SEA y rechaza que no haya resultados a tres años de su creación, como se ha criticado. “Tuvimos algunas recomendaciones encaminadas a fortalecer procesos de adquisición y de participación en la observación al recurso público. Esas han sido las principales aportaciones. Lo que hace falta es difundir lo que hemos hecho y también interés por parte de la ciudadanía”, agrega.

Actualmente, los integrantes del CPC reconocen que el desempeño ha sido bajo y desconocen si existen denuncias por posibles actos de corrupción.

Argumentaron que los demás miembros del Comité Coordinador (CC) no les informan sobre las denuncias presentadas, el número de expedientes abiertos e investigaciones de oficio, al no existir un mecanismo interno para dar seguimiento.

Muchos foros y pocas denuncias

Con la llegada del nuevo gobierno y la legislatura local, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Estatal Anticorrupción, todos pertenecientes al CC, cambiaron de titulares, lo que ha retrasado el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas al combate a la corrupción.

Elías Arzubide Dagdug llegó el 31 de diciembre a la Fiscalía Anticorrupción en relevo de Luz del Alba Pardo Cruz (también exfiscal del caso Andrés Granier), por nombramiento directo del encargado de despacho, días antes de que Jaime Humberto Lastra Bastar fuera designado por el Congreso local como fiscal general del estado. El nuevo fiscal anticorrupción deberá borrar dudas que dejó su antecesora, porque el gasto de la oficina a su cargo no produjo suficientes carpetas de investigación.

Con la llegada del nuevo gobernador López Hernández, éste nombró a su secretario de la Función Pública, Jaime Antonio Farías Mora. Según lo reportado por algunos medios, este nuevo secretario ha comenzado la auditoría de ocho dependencias de gobierno, por las denuncias que hicieron funcionarios de esta administración en contra de autoridades salientes de la administración del ex gobernador Arturo Núñez Jiménez.

Para Julia Arrivillaga, del Observatorio Ciudadano de Tabasco, los escándalos y cuestionamientos al SEA han retrasado su consolidación.

“Se desconoce qué labores realizaron, únicamente se informó sobre foros y mesas para dar a conocer el funcionamiento del SEA, su vinculación con organizaciones de la sociedad civil no fue la adecuada y los integrantes han sido señalados por autoasignarse salarios onerosos sin justificación alguna”, acotó.

Al respecto, el actual fiscal anticorrupción coincide en que hasta el momento el SEA es visto como un ente alejado de la sociedad, cuya creación no ha dado los resultados exigidos por la ciudadanía.

“Hace falta crear un mecanismo de denuncia que esté al alcance de la ciudadanía, un mecanismo que permita detectar a tiempo los hechos de corrupción, investigarlos y sancionarlos para hacer más eficaz y eficiente al SEA”, expone Elías Arzubide Dagdug, quien empieza su misión a la par del gobernador y el fiscal general.

Otro de los retos, dice, es que los servidores deban firmar un código de ética con el que todos se comprometan a conducirse con honestidad en el desempeño de sus funciones.

“Debe existir un monitoreo permanente para todos los servidores y un código de ética, lo más importante es dar resultados en materia anticorrupción”, afirma.

El excomisionado del organismo garante de la transparencia del estado, José Antonio Bojórquez, quien llegó a su cargo en el sexenio de Andrés Granier y concluyó su gestión en la administración de Arturo Núñez, manifiesta que el SEA se encuentra paralizado, sin coordinación para desplegar las funciones que les establece la ley, por lo que es necesario una reforma.

“El marco jurídico del SEA requiere una reingeniería normativa, la naturaleza del SEA era dotar a los ciudadanos en una lucha contra la corrupción; al no tener mecanismos para presentar denuncias y que formen parte de la investigación aquellas personas que señalen un hecho de corrupción, le resta poder a los ciudadanos, dejar de involucrarlos significa fortalecer el monopolio público en el combate a la corrupción”.

El abogado detalló que otra de las problemáticas es que en el SEA hay demasiados integrantes para la toma de decisiones.

“El problema nativo de los SEA es el diseño normativo, pareciera que la ingeniería regulatoria fue hecha con el propósito de garantizar la ineficacia del SEA. No funcionan los consejos tan grandes para la toma de decisiones, reúnen a muchas personas ocupadas en tantos temas que es difícil hacer coincidir las agendas”, remata.

La sociedad civil ha presentado denuncias sobre posibles hechos de corrupción en el manejo de los recursos del Seguro Popular, en la triangulación de fondos del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET) y por la condonación de un préstamo que el gobierno del estado hizo a la Unión Ganadera Regional de Tabasco, mismas a las que no pueden dar seguimiento los quejosos ante la falta de mecanismos del SEA y la falta de voluntad política de las autoridades, según organizaciones civiles.

Piden autoridades independientes

En agosto del 2013, el entonces gobernador Arturo Núñez Jiménez otorgó, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Sedafop), un préstamo de 30 millones de pesos a la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT).

Pese a existir un pagaré firmado con un interés del 5 por ciento mensual después de los 90 días de plazo para saldar la deuda, y tras siete prórrogas, el 6 de julio del 2018 la administración estatal condonó la deuda.

Para el abogado Sergio Antonio Reyes se trató de un hecho concreto de corrupción, en el que autoridades de la Sedafop incurrieron en faltas administrativas graves, pues no solo no se cumplieron los objetivos de dicho préstamo, “reactivar las funciones de la UGRT”, sino que el recurso se habría catalogado como fondo perdido.

El litigante considera que el SEA debió actuar de oficio, pues a seis años del préstamo, no hay responsables ni sanciones administrativas.

“El préstamo fue cargado a un fondo irrecuperable, dejaron que pasaran los 90 días y tras múltiples prórrogas deciden condonarlo. El SEA debió actuar de oficio e integrar una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, ya que, por tratarse de recurso público, el dinero debe ser recuperado”, explica.

Por su parte, la magistrada especializada en responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, Guadalupe del Consuelo Zurita Mezquita, reconoce que desde su integración al SEA en agosto de 2017, no han emitido sanciones contra servidores públicos o particulares.

Los únicos dos expedientes que han recibido por faltas administrativas graves no llegaron al pleno por “vicios” en las carpetas de investigación integradas desde los órganos internos de control de las dependencias.

“Las autoridades investigadoras y las instancias substanciadoras deben ser independientes, no pueden ser la misma, es un vicio de forma, no tiene que ver con el fondo, en cuanto a si se cometió o no la falta, porque no se llega hasta esa instancia, por los vicios formales, ambos [expedientes] se regresaron a las instancias substanciadoras”, informó.

Lo anterior sugiere algún tipo de intencionalidad de parte de los órganos internos de control, dependientes de la Secretaría de la Función Pública, por no permitir que los casos denunciados por la comisión de presuntas faltas administrativas graves lleguen al Tribunal de Justicia Administrativa, para su análisis y resolución.

Zurita Mezquita asegura que se deben priorizar las tareas de prevención sobre conductas que pudieran propiciar que se inicien procesos de responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos.

Limpiar imagen, prioridad del SEA

A casi dos años de su conformación, el SEA en Tabasco se encuentra incompleto o en “proceso de reestructuración”, como prefieren llamarle sus integrantes.

Algunos de los miembros coinciden en que la principal virtud es poder dar resultados, aplicar sanciones y acompañamiento a las denuncias presentadas por la sociedad civil.

Los involucrados refieren que el presupuesto de 22 millones de pesos aprobado para el año en curso no es una limitante para realizar acciones que permitan limpiar la imagen que el SEA se ha ganado desde el año 2017, un sistema local envuelto en escándalos debido a los perfiles de sus autoridades, la cercanía de éstas con el grupo gobernante en turno, sus altos salarios, la presión mediática y política sobre algunos de sus representantes, las renuncias de éstos, la falta de mecanismos eficientes para la presentación y atención de denuncias, y la parálisis política para investigar presuntos casos de corrupción.

 

[*] Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya.

 

Sistemas Estatales Anticorrupción – Veracruz
Sistemas Estatales Anticorrupción – Ciudad de México

 

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Sistemas Estatales Anticorrupción – Chiapas

 

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Sistemas Estatales Anticorrupción – Chihuahua

 

Sistemas Estatales Anticorrupción – General