Del 17 de junio al 4 de julio, en alianza con Reforma y once medios de comunicación estatales, Ethos publicó una serie de reportajes que documentan las razones que impiden el funcionamiento total de los Sistemas Estatales Anticorrupción en diez estados.

En este sitio, podrá encontrar las versiones largas de los reportajes publicados, en las que se deja ver que los gobernadores y diputados locales han logrado designar en puestos clave de los Sistemas Anticorrupción a personas cercanas a ellos o que incluso pertenecían a su propio equipo de trabajo. Así, la clase política ha intentado protegerse a sí misma de investigaciones que puedan tocar sus intereses. Además, hay personas que sin experiencia relevante en el tema, con vínculos políticos, o inclusive que han sido acusados de corrupción.

Lo más lamentable es que los Sistemas Estatales no han atendido una serie de casos notorios de corrupción.

«¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción», es un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, José Luis Chicoma, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya.

¿Qué nos frena? General

¿Qué nos frena? Ciudad de México

¿Qué nos frena? Guerrero

¿Qué nos frena? Chihuahua

¿Qué nos frena? Chiapas

¿Qué nos frena? Baja California

¿Qué nos frena? Nuevo León

¿Qué nos frena? San Luis Potosi

¿Qué nos frena? Veracruz

¿Qué nos frena? Tabasco

Al Sistema Anticorrupción de Quintana Roo le hacen falta victorias


Después de la sacudida borgista, el SEA se la pasa tocando el balón sin disparar a gol. De acuerdo con sus más críticos, destacan simulaciones, opacidad y complicidades en un esquema en el que los salarios del Comité de Participación Ciudadana consumen la mitad de su presupuesto, al tiempo que la ciudadanía desconoce la existencia del mecanismo.

 

Por Adriana Varillas / Ethos Laboratorio de Políticas Públicas [*]

 

A casi dos años de haberse creado el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Quintana Roo, que completó su estructura operativa en agosto de 2018, sus avances lucen lentos. Aún no registra resultados o acciones contundentes y su trabajo es inexistente para el común de la población, familiarizada con la corrupción, pero distanciada de este nuevo modelo legal de coordinación entre autoridades y ciudadanos para combatir la impunidad, fomentar la transparencia e inhibir la deshonestidad.

“Al Sistema le hace falta una victoria concreta, visible. No necesariamente que alguien vaya a la cárcel, pero sí un éxito pronto, concreto, resultado del trabajo del Sistema”, afirma el presidente de la Coparmex Cancún, Adrián López, ratificado en el cargo el 30 de marzo pasado.

Por separado, Cynthia Dehesa, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), coincide en que “la alternancia no rompió las estructuras de corrupción; ahí es donde el Sistema debe impactar”, mientras que Celina Izquierdo, vocera de la Comisión de Selección (CS), agrega que “la gente no sabe qué esperar del Sistema, lo cual es muy peligroso”.

Eduardo Galaviz, del Observatorio Legislativo, manifiesta que la sociedad no tiene información sobre el SEA, cómo está integrado y su funcionamiento, no porque no existan los datos, sino porque “lo que no hay es difusión”.

La ausencia de resultados tangibles y de apropiación del Sistema Anticorrupción por parte de la ciudadanía, sumado al cambio de gobierno federal, lo hacen peligrar en el futuro inmediato, coinciden quienes conocen desde dentro el aparato que intenta combatir la corrupción en el estado.

Antonio León Ruíz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, advierte poca claridad en el discurso del presidente, Andrés Manuel López Obrador:

“Esperemos que la visión nacional no vaya a ir desmantelando el Sistema. Al presidente no le gustan los temas de la sociedad civil, la transparencia. Hay un riesgo latente de que todo lo construido en los últimos 19 años pase por una ruta crítica, donde se inhiba la actuación de la sociedad civil”.

El presidente de la Gran Comisión en el Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila (PAN), coincide con el magistrado: “El riesgo principal que enfrenta la transparencia, es que se le considere un asunto ‘fifí’; porque parece que es un tema de algunos pocos; de ciudadanos que no tienen nada que hacer mas que generar solicitudes de información. Se tiene que democratizar”.

La fundadora de la organización “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, Fabiola Cortés Miranda, se asume pesimista.

“Veo un negro panorama, que inicia con las descalificaciones a una institución como lo es el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que me parece muy grave como usuaria de esa herramienta que es tan útil para combatir la corrupción.

“No creo que existan reformas para darle empuje al Sistema. Es algo que no le convence, porque está consciente que no le conviene y, por el contrario, le afecta. Van a tratar de relegar el tema y sus incipientes avances”, subraya.

Sobre el tema, el titular de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), Rafael del Pozo Dergal, urge a la ciudadanía a no perder los espacios ganados hasta ahora e insta a involucrarse más en la vigilancia del Sistema, con mayor exigencia, constancia y compromiso.

El funcionario menciona que después del clamor social por acabar con la corrupción y los excesos que caracterizaron al gobierno del entonces mandatario y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Borge (2011-2016), sobrevino un agotamiento en la sociedad civil. “Hoy se siente un letargo y ese clamor se volvió un susurro”.

En 2016, la ciudadanía quintanarroense votó en contra de Borge y se decantó por Carlos Joaquín González, quien había roto con el PRI para insertarse en la contienda como abanderado por la coalición PAN-PRD, con el eslogan del “cambio” y la promesa de no dejar impunes los actos u omisiones del borgismo.

En 2017, nueve de cada 10 quintanarroenses de 18 años o más, consideraron que los actos de corrupción son comunes en su estado, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que coloca a la entidad casi al fondo, en el lugar 24 a nivel nacional.

También reporta que, de cada cinco personas que tuvieron contacto con algún servidor público, una vivió una experiencia de corrupción.

Avances: armonización legislativa y… nada más

Los logros del Sistema se limitan a la creación de su ley marco -lo que incluye la armonización de siete leyes reglamentarias aprobadas el 14 de julio de 2017- así como a la designación de sus integrantes ciudadanos dentro de la Comisión de Selección (CS), del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del titular de la Secretaría Ejecutiva (SE), proceso que inició el 17 de octubre de ese año y culminó el 28 de agosto de 2018, con el nombramiento de Luis Eduardo Ánica Rodríguez como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva.

Esas designaciones, además de ser fruto de convocatorias abiertas dentro de los procedimientos que establece la Ley, estuvieron a cargo de las y los ciudadanos, aunque fueron aprobadas por el Congreso, indican Martínez Arcila e Izquierdo Sánchez.

Sin embargo, las designaciones de la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, del Auditor Superior del Estado, del presidente del Tribunal Superior de Justicia y de los cinco magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) -que nació con el Sistema- no emanaron de procesos netamente abiertos y fueron objeto de señalamientos.

La tardanza con que fue nombrado el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva –en agosto de 2018– propició que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), retuviera los seis millones de pesos que se autorizaron para el presupuesto del Sistema, en ese año, lo que a su vez provocó que las y los integrantes del CPC invirtieran de su propio dinero para sacar adelante el trabajo. Fue hasta diciembre que los recursos aprobados les fueron reintegrados.

“En diciembre de 2017, cuando estábamos en el proceso de selección del primer CPC, nos preguntábamos cómo iban a solicitar su presupuesto para el 2018, si serían nombrados hasta marzo de ese año. Sin tener la facultad, el Comité de Selección gestionó un presupuesto.

“Se pidieron 20 millones y se aprobaron sólo seis, pero el recurso no se liberó hasta diciembre de 2018, de tal modo que los integrantes del CPC tuvieron que poner de su dinero todo ese año”, narró Celina Izquierdo.

Presupuesto, ¿insuficiente o ajustado a resultados?

De acuerdo con integrantes del propio SEA, aunque aquello se superó, en diciembre del 2018, cuando se discutía el presupuesto asignado al SEA, Miriam Cortés Franco –entonces al frente del CPC– advirtió que se corría el riesgo de no cumplir con los objetivos trazados de no aprobarse los casi 21 millones de pesos solicitados para el ejercicio fiscal 2019.

Se aprobaron sólo 10 millones. El argumento del Congreso es que se fortaleció todo el Sistema, aumentando el presupuesto a dependencias y organismos integrados al Comité Coordinador.

Cynthia Dehesa y Marcos Gutiérrez concuerdan en que el argumento es falaz, porque no garantiza que el monto aumentado se dirija expresamente al combate a la corrupción, sino a satisfacer las funciones propias de cada dependencia que integra el SEA.

El Sistema tiene “la mitad del presupuesto necesario”, lo que equivale a una “voluntad a medias”, expresa Dehesa. Gutiérrez añade que el tamaño del presupuesto es un indicador del tamaño de voluntad política para hacer del combate a la corrupción una realidad y del Sistema, una herramienta eficaz.

En contraste, para organizaciones como Somos Tus Ojos, el monto presupuestal fue “adecuado”, tomando en cuenta los resultados, que califica como “pobres” o “inexistentes”, tanto del CPC como del Sistema en general.

El presidente de la Coparmex-Cancún manifiesta que, comparado con el presupuesto de otros Sistemas, el de Quintana Roo “no está mal”, aunque resalta que el estado está obligado a invertir más, al encabezar a las entidades con índices más altos de corrupción e impunidad en el país.

Del Pozo Dergal considera que “el dinero no sustituye al ingenio”, mientras que el diputado Martínez Arcila, recuerda que bajo las mismas condiciones operan las dependencias de gobierno, con muchas necesidades, pero recursos limitados.

“La historia del CPC no es diferente, ni ajena a la de la administración pública. Siempre es mayor la necesidad, que el recurso”, manifiesta.

Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la asignación presupuestal debe ser “suficiente” y “completa”, pues de lo contrario el Sistema “difícilmente operará adecuadamente”.

“No debe ser un presupuesto desmedido, pero sí se debe de dotar de recursos suficientes, además de capacitación y profesionalización de sus integrantes; de lo contrario, podríamos estar ante un Sistema fallido, al no poder dar resultados”, expresa.

Recuerda que al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que nació con el SEA, le asignaron 35 millones de pesos de presupuesto, pese a que solicitaron 100 millones.

Honorarios del CPC, ¿excesivos o justificables?

El principal órgano ciudadano del Sistema –el CPC– opera en una suerte de “limbo” e indefiniciones en cuanto a sus tareas y funciones, además de enfrentar críticas por los onerosos honorarios que reciben sus miembros.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Anticorrupción, quienes integran el CPC no tendrán relación laboral alguna con la Secretaría Ejecutiva, pues el vínculo legal y su contraprestación serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios.

No gozarán de prestaciones y percibirán honorarios equivalentes a la remuneración de un secretario de la administración pública estatal.

De acuerdo con el tabulador de sueldos y compensaciones 2019, el sueldo bruto de un secretario estatal es de 117 mil pesos, tomando en cuenta la compensación bruta por nivel de responsabilidad.

A decir del CPC, cada uno de sus integrantes gana 95 mil pesos mensualmente, lo que suma un millón 140 mil pesos al año, es decir, tan sólo en los honorarios del CPC para el 2019, se consumirán 5 millones 700 mil pesos del presupuesto otorgado al Sistema.

Para el contralor estatal los honorarios de las y los integrantes del Comité son “excesivos” y considera que además de que deberán tomar un papel “más protagónico”, pues su desempeño ha sido “bastante modesto”, tendrá que discutirse cómo hacer para que sus integrantes se involucren de lleno en su labor y ésta sea su prioridad.

Las y los integrantes del CPC también pueden conservar su empleo base, lo cual es calificado por el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, como una “bigamia laboral”.

“No es correcto que alguien que está trabajando en el Sistema, siga trabajando por su cuenta; no puedes ganar aquí y allá; no es corrupción, pero no es ético”, insiste Galaviz.

Cynthia Dehesa, por el CPC, ataja y asegura que la importancia de este órgano dentro del Sistema, requiere de profesionistas especializados en la materia, que eleven el nivel de los diagnósticos, la elaboración de políticas públicas anticorrupción, indicadores y lineamientos que se entregarán a la Secretaría Ejecutiva y al Comité Coordinador para su aprobación y eventual implementación.

Admite que hay un debate del por qué si es un trabajo de medio tiempo, el pago es tan alto y si la remuneración no debería ser menor, para invertir más en las acciones del CPC y no en sueldos.

Argumenta que viáticos, instalaciones, insumos, personal y recursos materiales, necesarios para desempeñar su función, salen de sus honorarios, pues no se les asigna ningún recurso adicional.

Sistema de “simulación”: ONGs

En un tono más crítico, tanto Fabiola Cortés como Eduardo Galaviz, coinciden por separado en que el Sistema Anticorrupción a nivel nacional y local, es “una simulación” y un “sistema de complicidades institucionales”, desde su origen, su instalación, la selección de sus integrantes y la redacción de la propia ley, calificada por la activista como “un catálogo de buenas intenciones”, que sólo enuncia la necesidad de aplicar buenas prácticas, pero no castiga con severidad los actos de corrupción.

Como ejemplo, en enero pasado, el SEA enfrentó una de sus primeras pruebas de “fuego”.

En diciembre de 2018, con base en el artículo 23 de la Ley Anticorrupción, la asociación civil, Somos Tus Ojos, solicitó al CPC, turnar al Comité Coordinador (CC) -integrado por autoridades locales- una petición para emitir un exhorto público sobre un probable hecho de corrupción que involucra al Congreso local, acusado del presunto desvío de millonarios recursos por el tema de las “ayudas sociales”.

Cortés Miranda, de Somos Tus Ojos, explicó que la Unidad de Transparencia de la XV Legislatura se ha negado a poner a la vista los recibos, facturas, comprobantes o cualquier otro documento que acredite que los recursos se entregaron a las y los beneficiarios, bajo el argumento de que fueron entregados a la Auditoría Superior del Estado, que puede mantenerlos en reserva durante siete años.

En principio, el CPC se negó a hacer la solicitud al CC, aludiendo que era necesario que las autoridades competentes hubiesen determinado, primero, que había un hecho de corrupción y que éste no hubiera sido “suficientemente atendido”; también emitió un breve comunicado.

“No quisieron ni siquiera subir la petición para que las autoridades investigaran y se pronunciaran”, indica la activista, quien subraya que tuvieron que presentar un amparo ante la negativa del Comité.

El recurso fue presentado el pasado 29 de marzo, ante el Juzgado Sexto de Distrito, radicado en Chetumal (271/ 2019)- y obligó al CPC a sesionar el 25 de abril, para rectificar y solicitar al Comité Coordinador, la emisión del exhorto público a efecto de que la Auditoria Superior del estado ponga a disposición de la organización y de la ciudadana Teresa Pérez Sorcia, toda la documentación que acredite el gasto hecho por el Congreso, desde 2016, por el tema de las “ayudas sociales”, así como la conclusión de las auditorías existentes.

En 2018, la también abogada promovió un amparo en contra de la designación de Fernando Gama Rodríguez, acusado de entregar documentación falsa para postularse como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Además, denunció el hecho ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El caso está “congelado” y se le ha prohibido acceso al expediente.

“Me parece insólito que a través de un acto de corrupción, se nombre a uno de los magistrados del Tribunal que tendrá que castigar actos de corrupción y que goce de la protección del Congreso y de la fiscal”, reprocha.

Al respecto, el diputado Eduardo Martínez Arcila defiende la actuación del Congreso y afirma que la transparencia demanda mayor responsabilidad de quienes manejan la información pública, para no hacer de ésta una herramienta “para difamar y golpear”.

Los funcionarios impugnados

Cynthia Dehesa, integrante del CPC, comenta que, a nivel nacional, se ha visto que una manera de ejercer el control de los SEA, es que los gobernadores incidan en la elección de sus miembros.

Joaquín González ha insistido en que, “desde el inicio de esta administración, trabajamos en el combate a la corrupción y la impunidad para corregir el rumbo de Quintana Roo”.

Dehesa admite que hubo designaciones “polémicas” o al menos cuestionadas, porque no derivaron de procesos abiertos, como el caso de la Fiscalía y la Auditoría y explica que los órganos ciudadanos del Sistema no pudieron intervenir, porque fueron elegidos e instalados, posteriormente al nombramiento de ambos funcionarios y de los integrantes del TJA.

Por ejemplo, el 1 de septiembre, Juan Manuel Palacios Herrera, fue designado por 24 votos a favor en el Congreso, como auditor superior, hasta el 31 de diciembre del 2024.

Fungía como auditor interino desde el 5 de junio de 2017, en sustitución de Javier Zetina González, quien renunció al cargo bajo presiones políticas. Él había sido nombrado auditor por la anterior legislatura, el 24 de junio de 2016, durante una sesión prácticamente secreta y fuera del recinto legislativo, en un lujoso hotel de Cancún.

Eduardo Galaviz, del Observatorio Ciudadano, ubica la elección del actual auditor, como un primer error, debido a que fue parte de la Auditoría Superior que avaló las cuentas públicas a Borge. Recuerda que cuando el funcionario fue cuestionado sobre el tema, declaró que no había podido negarse por temor a ser despedido.

“¿Cuál es la garantía de que no deje pasar otro acto de corrupción ahora, por el mismo temor?”, cuestiona, al señalar que, en general, los nombramientos se dieron a personajes “afines” a grupos políticos o de poder, no a figuras críticas.

Otra designación controversial fue la de la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, elegida con 20 votos a favor en el Congreso el 14 de septiembre del 2017, como parte de una terna enviada por el entonces fiscal, Miguel Ángel Pech Cen, quien renunció al cargo en septiembre del 2018 y fue sustituido en diciembre por Oscar Montes de Oca.

El Consejo de Licenciados en Derecho, a cargo de José Juan Chilón Colorado, refutó su nombramiento, debido a su inexperiencia en la materia; la funcionaria enfrentó un procedimiento administrativo cuando se desempeñó como juez penal, derivado de un acto de autoridad cuestionado.

Fabiola Cortés, de Somos Tus Ojos, subraya que además de no cumplir con el perfil que marca la Ley, ni con el requisito de honorabilidad, la fiscal Anticorrupción “es el principal obstáculo para combatir la corrupción” y retoma el caso del magistrado Rodríguez Gama, acusado de presentar documentación falsa al Congreso, para poder concursar como miembro del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

La fiscal –dice– se ha negado a investigar el caso, pese a que existen evidencias y pruebas; tampoco ha intervenido ante las denuncias por presunto desvío de recursos de las “ayudas sociales”, en el Congreso, ni la denuncia en contra del ex gobernador, Félix González Canto (2005-2011), por la venta de terrenos patrimonio del estado, a precios subvaluados, esquema que heredó a su sucesor, Roberto Borge.

Con Fabiola Cortés coincide Eduardo Galaviz, quien señala que debiendo ser la más activa, el trabajo de la Fiscal “no se percibe”.

La fiscal Villanueva ha sido proactiva en presentar denuncias contra funcionarios del borgismo, pero algunas de éstas se cayeron durante los juicios, por irregularidades en el proceso, al vencer los tiempos para ejercer acción penal o debido a que, al no ser delitos graves, los imputados han logrado su libertad a cambio de fianzas o del reintegro de los montos que se les demandan.

Entre los casos más sonados están el del exdirector de VipSaesa, Carlos Acosta Gutiérrez, vinculado a proceso el 11 de julio de 2017, por ejercicio indebido de la función pública y sujeto a arraigo domiciliario en marzo de 2018.

El exfuncionario fue liberado el 1 de febrero de este año, por instrucción de un juez de control, quien fundó su resolución con base en el amparo 900 / 2018, concedido a Acosta Gutiérrez por un juez de Distrito, quien determinó que había vencido el plazo para el ejercicio de la acción penal.

Lo mismo ocurrió con el ex secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra), Mario Castro Basto, detenido en Mérida, Yucatán el 19 de agosto de 2018, acusado de desempeño irregular de la función pública, con daño patrimonial del orden de los 600 millones de pesos.

Un Tribunal Colegiado resolvió que prescribió el delito que se le imputaba y ordenó liberarlo, el 12 de diciembre pasado.

El ex director de la Administración Portuaria Integral (APIQROO), Ercé Barrón Barrera, fue aprehendido en Tijuana, Baja California, el 25 de noviembre de 2017, por presunto daño patrimonial.

Fue vinculado a proceso y se le dictó prisión, pero logró ser liberado el 18 de enero de 2018 al obtener una suspensión provisional, derivada de un amparo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito, por la presunta actuación irregular de la Fiscalía al momento de ejecutar la orden de aprehensión. Su juicio sigue su curso.

El órgano garante, ausente del Sistema

Uno de los personajes más criticados dentro del SEA, es el presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), Orlando Espinosa Rodríguez, designado durante el borgismo.

Para Dehesa, Izquierdo y Cortés Miranda, constituye la parte más débil del Sistema, por su ausencia y falta de cooperación, que juzgan grave, al tratarse del Órgano Garante de transparencia.

“El Sistema está casi completo, porque la pieza que falta es el órgano garante. Sí está trabajando, pero no se integra al Sistema. Se va hasta el 2024 y es intocable, porque es autónomo”, concuerda el presidente de la Coparmex.

El diputado, Eduardo Martínez considera que la Contraloría estatal debería ser más coercitiva y punitiva y ve en el CPC, el componente más débil del Sistema. “Están como en un limbo”, menciona.

El contralor, Rafael del Pozo, apunta hacia el Poder Judicial, del que demanda mayor apoyo.

2019, el reto es para el CPC

Izquierdo Sánchez indica que cuidaron mucho la selección del CPC que, en comparación con otros estados, fue blindado de la intromisión gubernamental.

“Las esferas gubernamentales no metieron la mano; no hubo ‘mano negra’ como en otros estados, en donde intervinieron fuerzas y partidos políticos”, sostiene.

Lo anterior cobra relevancia, porque el presidente del CPC, preside también el CC y el Sistema Estatal Anticorrupción, lo cual se traduce en un contrapeso ciudadano al poder público, afirma Marcos Gutiérrez, quien ascendió al frente del Comité de Participación Ciudadana, el 13 de marzo pasado, en sustitución de Miriam Cortés.

“Este es el momento del CPC. El papel de Miriam Cortés fue consolidar el presupuesto e instalar el Sistema; a Marcos le toca armar la estrategia, coordinar los trabajos, hacer los diagnósticos y enlazar los haceres (sic) del Comité”, asegura Izquierdo Sánchez.

Para Galaviz y Fabiola Cortés, de origen, la designación de Cortés Franco fue incorrecta, pues ocupa un cargo directivo dentro de la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvac), lo que implicaba un posible conflicto de interés, al ser representante de un sector.

Para Adrián López, de la Coparmex, al CPC le hace falta mayor visibilidad y difusión de sus actividades, toda vez que en él recae la responsabilidad de “evangelizar” en temas de anticorrupción.

Contemplan primeras reformas al SEA

La discusión sobre el papel, funciones y honorarios del CPC, ha dado pie a miembros del Congreso, para contemplar las primeras reformas a la Ley local, que podrían aprobarse en este mismo año, adelanta el diputado Martínez Arcila.

“Vienen modificaciones al Sistema. Vamos a escuchar qué posibles reformas pueden plantearse. Hay un gran debate a nivel nacional sobre la naturaleza y el status laboral de los integrantes del CPC, por ejemplo. Si son servidores públicos o no, si deben estar al 100 por ciento; si hay riesgo de burocratización.

“Quizá lo vea esta Legislatura o le toque ya a la siguiente. Serían las primeras reformas a la Ley Anticorrupción”, sostiene. Otra reforma contemplada es la posibilidad de dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, agrega.

Izquierdo Sánchez añade como punto a revisar, el posible conflicto de interés de quienes luego de trabajar dentro del gobierno, incluso prestando servicios de asesoría, son postulados para formar parte del CPC, así como los candados que limitan a menores de 35 años, la posibilidad de concursar.

Dentro del CPC existe la necesidad de aumentar las redes con otros estados y de ser más mediáticos, perdiéndole el miedo a la denuncia pública y haciendo valer su independencia.

Marcos Gutiérrez comparte que busca además que las sesiones del CPC sean transmitidas en tiempo real e involucrar más a los medios de comunicación, con talleres sobre el SEA.

 

[*] Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya.

 

Sistemas Estatales Anticorrupción – Veracruz
Sistemas Estatales Anticorrupción – Ciudad de México

 

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Sistemas Estatales Anticorrupción – Chiapas

 

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Sistemas Estatales Anticorrupción – General