El espíritu menguado para combatir la corrupción

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Por: Animal Político

 

Antes de llegar a la presidencia de los Estados Unidos en 1901, Theodore Roosevelt escribió en la revista The Atlantic sobre la importancia de mantener al servicio civil norteamericano fuera del alcance de aquellos dispuestos a utilizar sus plazas como botín político. En 1895 (cuando Roosevelt escribe la columna) cundían dudas acerca de reformar el servicio civil, dada la prevalencia de la inconformidad con la efectividad de la burocracia entre la opinión pública. Reconociendo la magnitud del reto por delante, el futuro presidente escribió:

Es verdad que nunca podemos esperar que una reforma se lleve a cabo únicamente con legislación. Debe haber un espíritu favorable detrás de la leyasí como una implementación leal y sabia de la misma”.

El espíritu favorable del cual habla Roosevelt es lo que típicamente conocemos como voluntad política, aquel ímpetu detrás de las autoridades por cambiar el statu quo. Este ánimo transformador resulta indispensable para encarar los obstáculos e inercias que buscan revertir el estado de las cosas a su punto de partida. Es por ello que su implementación no solo debe ser leal a lo planteado en la ley, sino sabia al momento de enfrentar estas resistencias para poder superarlas.

Todos estos elementos han sido carentes en la implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) hoy en día. Viendo los resultados de elecciones desde el 2016, pareciera que los políticos mexicanos han entendido la rentabilidad política de abanderar un discurso anticorrupción. No obstante, los esfuerzos han llegado hasta allí, dado que en casi todos los estados puede observarse una gran resistencia por parte de élites locales.

En julio de este año, Ethos publicó diez reportajes que relatan las formas de bloqueo político que han enfrentado dichos sistemas desde el comienzo de su instalación. Dar frente a estos esfuerzos requerirá una transformación no solo de leyes, como advirtió el expresidente estadounidense, sino también de condiciones para virar la voluntad a favor de esta apuesta. Con este propósito en mente, ahora compartimos algunas de las propuestas contenidas en nuestro reporte ¿Qué nos frena? Los retos y obstáculos en el combate a la corrupción en los estados:

Mejorar y acompañar los procesos de designación

Las autoridades que integran los sistemas deben tener un compromiso con la integridad y el bien público. Actualmente, los gobernadores y legisladores locales buscan cooptar estos espacios con gente afín, protegiendo sus intereses y manteniendo el statu quo. Prevenir que esto ocurra requiere de procesos vigilados y acompañados por ciudadanos comprometidos con el combate a la corrupción.

La participación ciudadana implica que tanto organizaciones, como medios de comunicación y ciudadanos comunes y corrientes se interesen y sepan de estos procesos. Experiencias como las de Jalisco, donde el propio Comité de Participación Social1 evalúa los perfiles de aspirantes a cargos dentro del sistema, pueden servir como ejemplo de una forma de implicar a la ciudadanía y aumentar el costo político de nombrar a perfiles mal evaluados.

Más controles y rendición de cuentas

No se debe desvincular a las instancias del sistema del resto del sector público, es necesario que otros órganos den seguimiento a sus labores de forma continua y proactiva. Tanto los gobernadores como los Congresos locales tienen una responsabilidad de acompañar al sistema y exigir rendición de cuentas. En otros países, las comisiones legislativas pueden llamar a fiscales o auditores a comparecer frente a sus integrantes para conocer información y hacer modificaciones a leyes o nombramientos si es necesario.

De igual manera, los espacios institucionalizados también deben estar a disposición de la ciudadanía. En el caso del sistema, los CPC tienen una oportunidad para ser un vínculo constante con la sociedad civil y evaluar el trabajo del resto de las instancias. La divulgación de información sobre sus actividades, retos y logros son esenciales para el diseño e implementación de políticas anticorrupción.

Explorar mecanismos de coordinación

El principal objetivo de crear un Comité Coordinador está en el nombre de este órgano rector del Sistema: coordinar a las autoridades encargadas del combate a la corrupción. En la teoría, las instancias que detectan posibles actos de corrupción pueden turnar la investigación a fiscalías o contralorías, quienes deben llevar los casos ante una instancia judicial para que se llegue a la sanción en caso de comprobarse la culpabilidad.

Sin embargo, esta cadena todavía no cuenta con una fuerza suficiente para que dicho objetivo se cumpla. En varios casos, se requiere de la cooperación de otras autoridades para complementar la investigación con insumos valiosos (inteligencia financiera a cargo de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo). Contrario a lo que se ha propuesto, esta cooperación no depende de la inclusión de estas instancias en el propio sistema. Es necesario que las autoridades establezcan enlaces, convenios y otros mecanismos de cooperación con las instancias adecuadas para mejorar la eficacia de su trabajo. Nada de ello requiere incrementar el tamaño del Comité Coordinador o burocratizar de más a los sistemas.

Fomentar mejores prácticas de presupuestación

Algunos de los órganos de creación reciente no han seguido buenas prácticas en su planeación presupuestaria, lo que puede verse reflejado en asignaciones francamente bajas. Es importante que los órganos del sistema basen su presupuesto en esquemas de medición del desempeño, y que visibilicen sus necesidades a través de anteproyectos bien armados. De igual forma, es importante que gocen de canales de comunicación continuos con el Congreso local y Secretarías de Finanzas para abogar por un presupuesto adecuado.

Mayor transparencia presupuestaria

Si nos preguntamos cuánto dinero se asigna hoy al combate a la corrupción, no podemos dar una respuesta clara para todos los estados. La información de cuánto designan órganos como las contralorías y el Poder Judicial para actividades específicas a este propósito no es pública, y no queda claro que sea del todo existente. Yendo más a fondo, para la mayoría de las fiscalías anticorrupción no hay un presupuesto público autónomo, ya que la mayoría depende directamente de la Fiscalía general de su estado.

Medidas como anexos transversales y la obligación de publicar el presupuesto destinado a ciertos órganos desde el presupuesto de egresos pueden ser pasos importantes para procurar una asignación suficiente para el sistema anticorrupción. Mientras estos montos se mantengan opacos, los ciudadanos no podrán evaluar y exigir a las autoridades una asignación adecuada.

Estas son solo algunas de las propuestas que Ethos presenta para mejorar la efectividad de los sistemas estatales. Como en muchos otros temas en México, la reforma anticorrupción no será exitosa si no se busca transformar la voluntad de quienes hoy tienen en sus manos la implementación. Al igual que nuestros vecinos del norte en el siglo XIX, tenemos que encontrar las formas de darle la vuelta a la voluntad política y ponerla al servicio del bien público. Hoy, por lo menos, tenemos las herramientas para que este espíritu se pueda volver una realidad.

1 Nombre que se le dio al Comité de Participación Ciudadana del estado.

 

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