Crónica de una serie de proyectos de infraestructura cancelados

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Por: Ana Laura Barrón

 

Si bien es cierto que los cambios de administración suelen traer consigo una nueva agenda con prioridades y líneas de acción, se requiere continuidad y mejora de las políticas públicas en beneficio de la sociedad mexicana, a través de decisiones sustentadas en criterios de valor por dinero y que generen beneficios sociales comprobables en el corto y largo plazo.

 

 

El anuncio oficial de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), por razones por demás conocidas -al menos en el discurso público-, puso el punto final sobre la que quizás sea una de las decisiones más controversiales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La promesa del actual presidente de México al electorado estuvo centrada en la austeridad en el gasto público y el combate a la corrupción. Es por ello que, casi a la par de la suspensión de los trabajos del NAIM, la Comisión Nacional de Hidrocarburos -por instrucciones de la SENER- suspendió las licitaciones de las rondas petroleras, con el argumento de que se llevaría a cabo la revisión del avance de los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos vigentes para detectar y prevenir posibles actos de corrupción.

Al día de hoy, la plataforma Proyectos México, operada por Banobras para promover las oportunidades de inversión en el país, tiene registrados 274 proyectos en operación y 320 proyectos nuevos en los sectores de electricidad, hidrocarburos, transporte, infraestructura social, telecomunicaciones, entre otros. En el listado se encuentra el proyecto de la Red Troncal de telecomunicaciones, cuyas bases originales fueron publicadas en junio del 2018 y cuyo procedimiento ha sido aplazado por el nuevo gobierno con el fin de incorporar elementos adicionales a las bases del concurso. Originalmente, dicho proyecto se llevaría a cabo a través de una contratación bajo el esquema de las Asociaciones Público Privadas (APP) y consistía en el aprovechamiento de 25 kilómetros de la infraestructura de fibra óptica disponible de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de telecomunicaciones.

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Temas: Financiamiento para el desarrollo y Esquemas público – privados 

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