Corrupción en la Secretaría de Agricultura: ¿una fatalidad?

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Por: Laure Delalande 

 

¿Cómo pudieron los servidores públicos y otros actores involucrados en la política agropecuaria llegar a niveles de corrupción nunca antes vistos? La respuesta no solo se halla en lo sucedido en el sexenio pasado, sino también en el “ADN” de la Secretaría de Agricultura, pues siempre ha sido, de por sí, una institución gubernamental altamente vulnerable a la corrupción.

 

La política agropecuaria y rural de nuestro país ha tenido resultados francamente decepcionantes debido a la corrupción estructural que merma a las instituciones públicas. A pesar de los cuantiosos montos canalizados por la Secretaría de Agricultura, ser agricultor en México es sinónimo de perseverancia, en particular si se es pequeño productor. Si bien la administración de Enrique Peña Nieto se ha vanagloriado de haber sido partícipe de un crecimiento importante del sector, en términos estrictos, sus funcionarios fueron espectadores pasivos de una coyuntura favorable para las agroexportaciones que poco ha tenido que ver con las acciones del gobierno.

Lo que más bien se ha observado en los últimos años son niveles de corrupción inauditos en la Secretaría de Agricultura. La pregunta aquí es: ¿cómo pudieron los servidores públicos y otros actores involucrados en la política agropecuaria llegar a niveles de corrupción nunca antes vistos? La respuesta no solo se halla en lo sucedido en el sexenio pasado, sino también en el “ADN” de la Secretaría de Agricultura, pues siempre ha sido, de por sí, una institución gubernamental altamente vulnerable a la corrupción.

Solo algunos programas podrían salir indemnes ante un diagnóstico de si son, o no, afectados por la corrupción; uno de ellos es el Proagro -actualmente Producción para el Bienestar- porque opera sobre la base de un padrón público, con transferencias bancarizadas, lo cual impide que los funcionarios públicos o gestores puedan extorsionar a los beneficiarios. Sin embargo, aún con este escenario favorable, este programa ha beneficiado principalmente a los productores más pudientes del norte del país, lo cual ha puesto en duda la relevancia del fuerte gasto público que implica. La actual administración ha decidido limitar a veinte el número máximo de hectáreas de las parcelas beneficiadas.

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Tema: Anticorrupción y Transparencia

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