APP disfrazan deuda pública; necesario modificar proceso de fiscalización

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27 de febrero, 2017 | Por: Paola Morales 

Las asociaciones público-privadas han sido utilizadas para adquirir deuda descontrolada, debido a vacíos en la fiscalización a la que son sometidas.

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En una relación en la que todos deberían ganar, las asociaciones público-privadas (APP) han sido utilizadas para adquirir deuda descontrolada por parte de las entidades, debido a vacíos en la fiscalización a la que son sometidas.

Actualmente, se desconoce cuánto se gasta en las APP, además de que la forma en que son fiscalizadas ha permitido cometer irregularidades y disfrazar deuda pública.

Desde su definición es difícil comprender su naturaleza, pues no hay un consenso para definirlas, sin embargo, el concepto más utilizado es el del Banco Mundial, el cual las define como un «contrato de largo plazo entre sector público y privado para proveer un activo o servicio público, en el cual el privado adquiere riesgos y la responsabilidad de administrarlos, y existe pago por resultados«.

La fiscalización de las APP es problemática ya que este tipo de proyectos comprometen recursos del presupuesto por muchos años, y actualmente no hay estrategias multianuales de fiscalización. Además de que no hay capacidad operativa para las auditorías, éstas no tienen criterios unificados.

«La fiscalización actualmente se hace anual, se selecciona aleatoriamente con base en distintos criterios, por ejemplo programas, alguna institución en específico, una función específica o proyectos de inversión; del otro lado, todos los fondos de recursos federales que se transfieren a los municipios», explica Jonathan Jiménez , investigador de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas a The Huffington Post.

Ethos identificó además que tampoco hay un mínimo control de los recursos que son transferidos a los Estados.

«Tengo un compromiso político, yo quiero lanzarme, generar votos y mi estrategia es definida por intereses públicos y lo que más vende es la infraestructura pública, y no tengo lana. Busco la forma para generar un contrato de APP, que el privado construya y yo se lo voy pagando después. Entonces no se categoriza como deuda, sino como una inversión público-privada«, explica Jiménez.

Las APP comprometen los recursos por largos periodos, por lo cual no hay estrategias multianuales de fiscalización, además de que los proyectos existentes superan la capacidad operativa de la fiscalización.

Asimismo, no hay una homologación de criterios de auditorías para las APP. Debido a que no son un esquema idéntico al de obra pública, se debe establecer un mecanismo de auditorías para cada etapa del desarrollo y funcionamiento.

Algunos casos de APP, menciona el investigador, son el Museo Internacional del Barroco o la llamada Ciudad Modelo Audi.

El problema mayúsculo, explica Jiménez, es, por ejemplo, si el contrato es por 25 años, pues se hace necesario el fiscalizar más de una vez a lo largo de todo el contrato.

Como muestra de esto, menciona el proyecto del Acueducto Monterrey VI, la obra terminó en 2016, se comenzó su construcción en 2010, se tendría que haber terminado en 2015 para estar operando en 2016, pero el contrato rescindió entre el público y el privado a finales de 2016.

Por ello, Ethos propone generar una Ley Federal de Gasto Federalizado, que especifique lineamientos para evaluar los recursos solicitados por una entidad estatal o municipal, a fin de eliminar la duplicidad de los fondos en materia de infraestructura; esto evitaría que municipios obtengan recursos de distintas dependencias para realizar un solo proyecto y lograría eficientar el gasto.

Asimismo, sugieren que exista continuidad de los fondos, pues garantizaría la planeación financiera de los municipios. Además, solicitan regular los subejercicios para identificar las necesidades de los municipios, estandarizar los criterios de fiscalización y centralizar el pago de las APP.

«Nuestra propuesta pide que no se viole el principio de anualidad y su fiscalización y que se fiscalice a lo largo del tiempo con herramientas distintas, pues se puede fiscalizar más y mejor a lo largo del tiempo.»

Jiménez explica que lo que su propuesta busca es reducir la corrupción que puede justificarse bajo esta figura.

«Nuestra propuesta va orientada a generar los mecanismos adecuados para eliminar este recurso como gestores o duplicidad de recursos de los fondos.

«Este mecanismo puede ayudar en un escenario utópico, donde la corrupción sí se combate, este esquema nos ayudaría a subsanar las finanzas públicas , te permite planear gasto y no recortar programas sociales«, explica el investigador.

 

Publicado en: Huffington Post

Tema: Esquemas Público-Privados / Finanzas Públicas

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