Amainar la violencia

4569

EthosNoticias y Eventos

16 de julio, 2017 | Por: Alberto Aguirre

Los Bonos de Impacto —de acuerdo con el think tank que dirige el peruano José Luis Chicoma— podrían brindar una solución en temas de calidad en la educación, ya que permiten atender a problemáticas y poblaciones muy particulares con un enfoque a la prevención o intervención temprana y la inclusión para mejorar la calidad del gasto.

 

Luego de tres años de altibajos y bajo el freno impuesto por las conmociones de Tlatlaya, Ayotzinapa y Nochixtlán, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia delimitó 108 municipios (de los 2,450 existentes en el país) como “áreas de enfoque”, prioritarios en la atención gubernamental.

Las condiciones de seguridad y justicia en esas demarcaciones, en las que radican apenas 856,000 habitantes (0.7% de la población nacional), requerían la intrusión urgente de las instancias de gobierno. Los polígonos de intervención, definidos inicialmente eran más y abarcaban un amplio abanico de acciones. El enorme esfuerzo de planeación, sin embargo, no se vio reflejado en la implementación; en parte por las restricciones presupuestales, en parte por la disputa por esa privilegiada posición que Roberto Campa Cifrián dejó para hacerse cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y que persiguió —infructuosamente— Alma Eunice Rendón.

El despliegue de este programa implica 75 estrategias distintas, en las que participan con 17 dependencias y entidades. Y en el 2016, según consta en el Informe de la Cuenta Pública, derivó en 166 actividades en los 32 estados.

El desempeño de la estrategia, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, fue óptimo. ¿Pero cuál es el impacto real de estos programas? Exiguo, a juzgar por el incremento de los hechos violentos en las semanas recientes. El combate a la violencia y la inseguridad es tarea central del gobierno federal, pero también de los actores sociales. Y ante las limitaciones presupuestales, comienzan a buscarse nuevos mecanismos y enfoques para la prestación de servicios hacia el impacto.

En México ya hay experiencias con Bono de Impacto: el programa el futuro en mis manos, para empoderar a 1,320 jefas de familia por medio de capacitaciones, cuyo fin último es generar un aumento del poder adquisitivo, ahorro y posesión de activos, se llevará a cabo en la Zona Metropolitana de Guadalajara con una duración de 30 meses.

Y en los 115 municipios de Chiapas está “Alcance”, un proyecto que sigue el modelo de Pago por Resultados que inició en el 2013 para garantizar el acceso a nivel secundaria de 43,316 alumnos durante sus cuatro años de implementación, por medio de ejercicios que generen objetivos personales y becas para pagar los costos del proceso educativo. El fin último es que estos estudiantes se inscriban a preparatoria o completen un año de estudios. Por no ser un Bono de Impacto, este programa no cuenta con inversionistas y el DIF de Chiapas pagará directamente al proveedor de servicios, Escalera, por resultados logrados.

Esta fórmula innovadora podría aplicar en el sector salud, para combatir la obesidad y el sobrepeso. Actualmente, 15% de la población adulta está diagnosticada con diabetes —dentro de tres décadas, ese número alcanzará a 22% de los mexicanos— y las instituciones de salud del gobierno ya acusan problemas de cobertura, capacitación del personal y falta de un sistema de seguimiento a los pacientes y colaboración entre diferentes entidades públicas.

Y también, para abatir el rezago educativo, que afecta a 35% de la población, especialmente en estados con altos niveles de pobreza. La deficiente infraestructura educativa, la falta de inclusión a zonas y poblaciones marginadas y estratégicas de educación temprana, y la baja calidad en la enseñanza, son algunos de los retos estructurales.

Los Bonos de Impacto —de acuerdo con el think tank que dirige el peruano José Luis Chicoma— podrían brindar una solución en temas de calidad en la educación, ya que permiten la selección de resultados para las escuelas o para atender a problemáticas y poblaciones muy particulares con un enfoque a la prevención o intervención temprana y la inclusión para mejorar la calidad del gasto. Esta herramienta aplicaría también para atender a jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral. Y a la reinserción social y la prevención del delito.

EFECTOS SECUNDARIOS

ANTÍDOTO. Debido al incremento de la inseguridad, el mercado de seguridad privada en México aumentó. Esta industria está valuada en 28,000 millones de pesos y durante el primer semestre del año ha tenido un crecimiento entre 1 y 1.4% y se espera que cierre con un aumento de 2 y 2.5%, de acuerdo con los estimados de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, cuya facturación anual rebasa los 3,000 millones de pesos y en los primeros seis meses ha incrementado sus ventas 8% y espera cerrar el año con un aumento de 12 por ciento.

¿PACIENTES? El IMSS notificó públicamente que pasado mañana hará público el fallo de la licitación por 6.5 millones de piezas de uso médico —entre sábanas y ropa hospitalaria— para las 35 delegaciones y 25 UMAE del instituto. Se trata de la licitación pública número LA-019GYR120-E7-2017, por un monto máximo de 768 millones de pesos, a la que se inscribieron 23 empresas. Como se ha vuelto mala costumbre en las licitaciones del IMSS, hay descalificaciones mediáticas e inconformidades anticipadas. En este caso, diversos participantes presumen que se favorecerá a la firma Indaljim, ganadora de estos contratos durante los últimos cuatro años.

CONTENIDO RELACIONADO