Energías renovables: aliadas en un plan de recuperación post Covid-19

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Por: Ana Laura Barrón y Andrea Morales

 

El futuro de la energía será renovable o no será.

La crisis generada por la COVID-19 alrededor del mundo es una crisis sin precedentes en todos los ámbitos de la vida pública, incluido el sector energético. Así lo ha reconocido la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) en su ‘Global Energy Review 2020’, en el cual cuantifica los impactos en el sector energético por las restricciones a la actividad social y económica debido a las medidas de confinamiento implementadas por los gobiernos, y señala que, con la mayor contracción en 70 años, la reducción en la demanda de energía a nivel mundial en 2020 tendría un impacto siete veces mayor que el de la crisis financiera de 2008[1].

Esta merma es causada, principalmente, por la caída en la demanda de energéticos de fuentes tradicionales, como el petróleo y el carbón; mientras que, por el contrario, las energías de fuentes renovables registraron una tendencia a la alza, impulsada, entre otros factores, por el aumento de la capacidad instalada, al despacho prioritario asociado a sus bajos costos operativos y al acceso preferencial a muchos sistemas de energía. De modo que ha podido observarse que la energía renovable presenta una mayor resistencia a los cambios en el nivel de la demanda.

Este escenario nos transporta a la situación actual de la política energética en México. El Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE), operador del sistema eléctrico nacional, y la Secretaría de Energía (SENER) han publicado, respectivamente, dos acuerdos regulatorios[2] que tienen como objetivo establecer una ‘Política de Confiabilidad’ para garantizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) basada en los criterios como la seguridad, diversificación energética, suficiencia, y eficiencia económica, y que podrían tener implicaciones con respecto a la incorporación de las renovables a la matriz energética. Estos establecen limitaciones para los generadores de energías renovables, al restringir el otorgamiento de nuevos permisos de interconexión a la red, y establecer requisitos adicionales para las centrales eléctricas ‘limpias’, en virtud de factores como la congestión y la capacidad de la red a nivel regional.

 

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