Resumen ejecutivo

El fenómeno delictivo en México es mucho mayor de lo que se reporta, ya que menos de uno de cada diez delitos cometidos es registrado. La cifra negra del país es una de las más altas del continente, principalmente debido a la desconfianza e ineficacia de las instituciones que persiguen y castigan el delito.

Ante la ola de violencia que vive el país, la respuesta inmediata del gobierno ha sido aumentar el gasto público en seguridad. En el 2015 llegamos a invertir 209,400 en este rubro, considerando las funciones de Justicia, Seguridad Nacional y Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior. Respecto a la seguridad interna, el gasto entre 2008 y 2015 creció 61%, pasando de invertir 27,259 mdp a 43,957 mdp, lo que representa el 1.4% del gasto total del gobierno federal.

A pesar del incremento del gasto, México es uno de los países más violentos del mundo con 15.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Incluso, no hemos podido regresar a los niveles de violencia que se registraron antes del 2005.

Considerando las cifras anteriores, la pregunta obligada es: si invertimos cada vez más recursos en seguridad interior, ¿por qué persisten los altos niveles de violencia? Tomando en cuenta que la mayor parte de los recursos federales se invierten en la policía, una posible respuesta es que se ha conformado un cuerpo policíaco con un número adecuado de elementos para combatir el crimen pero sus capacidades de persecución y prevención del delito siguen siendo limitadas.

Un componente central de la política de seguridad es la prevención del delito, atendido por el gobierno federal hasta 2016 a través del Programa Nacional de Prevención del Delito y mediante diversas acciones de otras secretarías federales. En 2016, el monto total asignado a dicho fin ascendió a 148,102 mdp. Sin embargo, un análisis detallado de esta última cifra muestra que hay algunas actividades cuya relación con la prevención del delito no es clara, así como tampoco se dilucida si fueron pensadas y diseñadas para prevenir el delito o sólo se trata de actividades que ya realizaban las dependencias federales y que fueron re-etiquetadas como gasto en prevención.

En lo que respecta a la administración de justicia, de acuerdo con el Índice de Impunidad Global, del total de delitos consumados sólo existe un 4.5% de sentencias condenatorias, es decir, una impunidad cercana al 95%. Estos resultados pueden deberse, entre otros factores, al poco personal dedicado a la procuración y administración de justicia. En México sólo existen 3.2 agencias del Ministerio Público y 7.5 agentes por cada 100 mil habitantes. Así, la procuración y administración de justicia pueden ser un cuello de botella para el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El diagnóstico sobre el gasto y el estado de la seguridad en México muestra que hay muchas tareas pendientes. Sin embargo, algunos de los cambios que favorecerán la eficiencia de los recursos y, por lo tanto, la reducción de la inseguridad son:

  1. Asignar y ejercer el gasto de manera inteligente.
  2. Focalizar y asignar recursos para la prevención basados en evidencia.
  3. Fortalecer las capacidades de los cuerpos policíacos a nivel subnacional en seguridad.
  4. Incluir en el diseño de los fondos federales incentivos orientados a resultados.
  5. Fortalecer la procuración y administración de justicia.
  6. Promover la cultura de la denuncia.
Infografía general «Descifrando el gasto público en seguridad»

Capítulo 1

UNA MIRADA AL RESTO DE ICEBERG: LA CIFRA NEGRA

En la actualidad es común escuchar cifras alarmantes sobre el número de homicidios, robos o secuestros registrados. Sin embargo, no debemos olvidar que el fenómeno delictivo es mucho mayor de lo que se reporta. Desde 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), genera información sobre la incidencia delictiva y las características y efectos de los delitos cometidos. También estima la cifra negra, es decir, el porcentaje de delitos cometidos no denunciados o sin averiguación previa. El dato de la cifra negra indica que en México menos de uno de cada diez delitos cometidos es registrado.

Gráfica 1. La cifra negra en México

Fuente: elaboración propia con información de la Envipe (2011-2016)


Es importante señalar que
no todos los delitos presentan una cifra negra tan elevada. El robo total de vehículos es el crimen más denunciado, siendo su cifra negra de 34%. Por su parte, la extorsión, el robo o asalto en la calle o transporte público y el robo parcial de vehículos son los delitos que menos se denuncian, ya que presentan una cifra negra de 98.4%, 95.8% y 94.8%, respectivamente (Envipe, 2016).

A nivel estatal no existe mucha variabilidad en cuanto al número de delitos con averiguación previa iniciada. De acuerdo con la Envipe 2016, la entidad federativa con mayor cifra negra fue Guerrero (97.5%), mientras que en el extremo opuesto encontramos a Baja California Sur (87.6%). Disminuir la cifra negra requiere un esfuerzo importante de los gobiernos estatales para promover la denuncia, sobre todo en aquellos estados donde las características del delito y el desempeño de las instituciones inhiben esta conducta. Además, una menor cifra negra implica una mayor capacidad del gobierno para perseguir y sancionar el delito.

Existen muchas razones por las cuales las personas no denuncian pero buena parte de ellas son atribuibles a la autoridad. En la siguiente gráfica se observa que las principales razones por las que no se denuncian los delitos son por considerarse una pérdida de tiempo, por desconfianza hacia la autoridad y por falta de pruebas.

Gráfica 2. Principales causas de la no denuncia

Fuente: elaboración propia con información de la Envipe (2016)

 

A nivel internacional es común que la mayor parte de los delitos cometidos no se denuncien. Sin embargo, la cifra negra de México es una de las más altas del continente.

Tabla 1. Comparación internacional de la cifra negra

Fuente: elaboración propia con base en la información  de la Organización de Estados Americanos y de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil Nota: se tomaron las cifras oficiales más actualizadas por país.

El diagnóstico sobre el estado de la seguridad en México no debe excluir el análisis de la cifra negra, ya que este indicador proporciona un contraste respecto a los datos comúnmente utilizados para medir el grado de violencia en el país. Por tanto, la lectura sobre la reducción del número de delitos registrados en los últimos años es distinta si se considera que la cifra negra ha incrementado. Además, la cifra negra es un indicador del desempeño de las instituciones públicas, dado que buena parte de las razones por las que no se denuncia son atribuibles a la autoridad. Así, mejoras en los niveles de confianza, procesos ágiles y sencillos pueden traducirse en una cifra negra menor.

Finalmente, es importante recalcar que aun cuando los resultados de las encuestas de percepción deben tomarse con cautela, la información que proporciona la Envipe permite aproximar las dimensiones y características del delito en México, lo que resulta fundamental para el diseño de políticas efectivas de combate a la delincuencia.

Infografía Capítulo 1 «Una mirada al resto del iceberg: la cifra negra»

Capítulo 2

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL A LA INSEGURIDAD

Ante la ola de violencia que vive el país, la respuesta inmediata del gobierno fue un aumento del gasto público en seguridad. Es importante comenzar esta sección haciendo una precisión sobre los distintos conceptos generalmente utilizados en el tema de seguridad. Cuando se habla de seguridad pública nos referimos a la capacidad del Estado para preservar la integridad física de las personas y su patrimonio, garantizando así una convivencia pacífica en la sociedad. La seguridad interior es un concepto mucho más amplio que involucra asegurar el funcionamiento de las instituciones, la gobernabilidad democrática o el Estado de Derecho ante el surgimiento de riesgos internos. Finalmente, la seguridad nacional está relacionada con la capacidad de proteger el territorio de amenazas externas.

Ahora bien, es deseable que la estimación del gasto nacional en seguridad contemple las instituciones que previenen, persiguen, sancionan y castigan el delito, ya que ofrece una visión integral de este rubro. En este sentido, el cálculo del gasto en seguridad se hace a partir del análisis de las funciones presupuestales. En un primer momento, se toman como base los recursos destinados a la función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior y se agrega el presupuesto de Seguridad Nacional y Justicia. Dado lo anterior, y tomando en cuenta los recursos de los tres Poderes de la Unión, el gasto en seguridad para 2015 se estimó en 209,400 mdp.

Gráfica 3. Evolución del gasto federal en seguridad (mdp)

Fuente: Elaboración propia con información de la Cuenta Pública (SHCP)

En 2015, 40% del gasto federal en seguridad se destinó a la seguridad nacional, 39% a la función justicia y 21% a la seguridad interior. En los últimos años, el uso del Ejército y la Marina para perseguir el delito, así como la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio pueden explicar la importancia de las funciones Seguridad Nacional y Justicia. No obstante, también son necesarios mayores recursos para prevenir el delito y fortalecer las capacidades de las instituciones policiales.

Gráfica 4. Gasto federal en seguridad pública por función presupuestal 2015

Fuente: elaboración propia con información de la Cuenta Pública Federal (SHCP)

A pesar de la importancia de tener una visión integral del gasto en seguridad, las estimaciones nacionales e internacionales normalmente se enfocan en el gasto en seguridad interior, dado que el análisis de este rubro aporta información valiosa sobre cómo hacer más eficiente el gasto para disminuir los niveles de violencia. En México, el gasto en seguridad interior creció 61% entre 2008 y 2015, pues la inversión pasó de 27,259 a 43,957 mdp.

Para 2015, el gasto en seguridad interna del país representó el 1.4% del gasto total del gobierno federal. Un comparativo internacional permite apreciar que los recursos invertidos por el gobierno son bajos, considerando que México es uno de los países más violentos del mundo.

Gráfica 5. Gasto en seguridad interior como porcentaje (%) del gasto total

Fuente: elaboración propia con información de la (OCDE) y de la SHCP Nota: el dato de México es para 2015 y el resto de los países 2014

Comparado con otras categorías de gasto, la seguridad interior recibió poca atención en términos presupuestales en 2015. De las veintisiete funciones que componen el gasto del gobierno federal, Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior ocupó el lugar catorce. Ese año se invirtió más en ciencia, tecnología e innovación que en seguridad interior.

Gráfica 6. Gasto federal en seguridad interior comparado con otras categorías de gasto (2015)

Fuente: elaboración propia con información de la Cuenta Pública Federal (SHCP)

Dentro del gasto federal en seguridad interior, destaca el presupuesto asignado a la Policía Federal. Bajo la dirección del Comisionado Nacional de Seguridad, la Policía Federal es el órgano más importante del poder ejecutivo encargado de la persecución de delitos. Para 2015, el presupuesto de la Policía Federal fue de 31,765 mdp (más del 60% de la función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior). El 96.7% del gasto de la Policía Federal se destinó al pago de servicios personales, 2.8% a gastos de capital y 0.5% para obra pública. La importancia del pago de servicios personales dentro del presupuesto de este órgano se debe al crecimiento del número de integrantes y al aumento de sus tasas salariales. Mientras que en 2006 la Policía Federal contaba con 11,663 elementos, para 2015 la cifra creció a 43,724 (275% más). En 2010, el salario promedio mensual de los elementos de la Policía Federal era de 15,817 pesos; para 2015 fue de 20,552, aumentando 30% aproximadamente (SHCP).

Además de lo anterior, el análisis de los Programas Presupuestarios de la Policía Federal permite observar que se destinó una importante cantidad de recursos a la implementación de operativos de prevención y disuasión del delito. Otro rubro importante de gasto lo conforman las actividades para el fortalecimiento de las capacidades de la Gendarmería Nacional, sobre cuyos resultados se sabe poco.

Tabla 2. Programas presupuestarios de la Policía Federal para 2015

Fuente: elaboración propia con información de la Cuenta Pública Federal (SHCP)

Un componente importante de la seguridad es la prevención. La literatura señala que existen tres formas de prevenir el delito: la primaria, encaminada a evitar condiciones asociadas al delito; la secundaria, que consiste en intervenciones sobre grupos vulnerables para cambiar las condiciones sociales que derivan en delitos o construir entornos no propicios para el delito; y la terciaria, que busca evitar la reincidencia de los presos al identificar y cambiar factores que motivan a un grupo específico a cometer un crimen (México Evalúa, 2014, pág. 11).

Un aspecto destacable de la presente administración ha sido su apuesta por la prevención, ya que durante muchos años sólo existieron estrategias generales o actividades dispersas en la materia. Un ejemplo de ello fue el Programa Nacional de Prevención del Delito, mismo que surgió en 2013 y cuyo fin era “atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia” (DOF, 2014). Para 2016, al programa se le asignaron 2,015 mdp (menos del 1% del presupuesto total del Poder Ejecutivo Federal), aunque para 2017 fue eliminado del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El esfuerzo por prevenir el delito también se realiza desde distintas secretaría federales. De acuerdo con el Anexo 19 del PEF 2017, los recursos asignados a la política preventiva ascienden a 139,152 mdp (2.8% del presupuesto total del gobierno federal). En la siguiente gráfica se muestra que la Secretaría de Educación Pública es la dependencia que más recursos destina a la materia.

Gráfica 7. Proporción del gasto en prevención por ramo adminitrativo

Fuente: elaboración propia con información del PEF (2017)

Un análisis detallado del Anexo 19 muestra que hay algunas actividades cuya relación con la prevención del delito no es clara, como las de apoyo a la función pública y buen gobierno. Tampoco es claro si las actividades del Anexo 19 fueron pensadas y diseñadas para prevenir el delito o si sólo se tratan de actividades que ya realizaban las dependencias federales y que fueron re-etiquetadas como gasto en prevención. De acuerdo con Lilian Chapa, experta en prevención del delito, las estimaciones del gasto en prevención expuestas en el Anexo 19 tienen dos consecuencias importantes. Por un lado, se sobreestima la importancia presupuestal que recibe la política preventiva y, por el otro, se genera confusión sobre lo que es y lo que no es prevención (Chapa, 2015).

Como se mencionó anteriormente, la prevención del delito es un concepto que también se refiere a la capacidad de evitar que los presos cometan nuevamente delitos una vez que estén en libertad. En este sentido, la Constitución Mexicana señala, en su Artículo 18, que el propósito de la prisión es lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Para 2015, el presupuesto ejercido en reclusión y readaptación social fue de 20,354 mdp, aunque no se sabe con precisión qué porcentaje se destinó a programas de reinserción social. A pesar de que en México sólo el 11.6% de los presos reinciden, el problema en algunas entidades federativas es alarmante (Inegi, 2015). En Jalisco y Aguascalientes, por ejemplo, 4 de cada 10 presos reinciden.

Tabla 3. Reincidencia delictiva por entidad federativa (2016)

Fuente: elaboración propia con información del Inegi (2016)

En conclusión, muchos rubros del gasto en seguridad son opacos, tanto en su destino como en los resultados que producen. Esto implica que no existe información confiable sobre qué funciona y qué no, lo que debilita la toma de decisiones sobre la permanencia, eliminación o modificación de los programas. Sólo con información pertinente y detallada sobre las prioridades de gasto y sus resultados será posible mejorar la eficiencia de este rubro presupuestal.

Infografía capítulo 3 «El gasto subnacional en seguridad»

Capítulo 3

EL GASTO SUBNACIONAL EN SEGURIDAD

Las entidades federativas tienen un papel importante en el combate de la inseguridad, debido a que les corresponde la persecución y castigo de los delitos del fuero común (equivalentes al 95% del total de los delitos que se cometieron en el país en 2016, aproximadamente). La inversión de los estados en seguridad se nutre de dos fuentes principales: los ingresos propios y las transferencia federales. La calidad y cantidad de la información disponible sobre el destino de los recursos propios dificulta un análisis profundo de este rubro, por lo que es necesario mayor transparencia y rendición de cuentas sobre cuánto y en qué se gasta, así como de los resultados que se producen con estos recursos.

Respecto a las transferencias federales, hasta el 2015 existían dos fondos de seguridad para los estados: el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para la Policía Acreditable (SPA). El FASP es la transferencia federal más importante para los estados en materia de seguridad. Con los recursos del Fondo, los estados pueden invertir en alguno de los siguientes programas prioritarios (SegobSESNSP, 2017):

  1. Desarrollo de las capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad.
  2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial.
  3. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.
  4. Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios.
  5. Fortalecimiento al sistema penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes.
  6. Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.
  7. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.
  8. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.
  9. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
  10. Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.

El presupuesto del FASP para 2017 fue de 7,000 mdp y se distribuyó entre las entidades federativas de acuerdo con siete variables: monto base, población, combate a la delincuencia, control de confianza, información de seguridad pública, nuevo sistema de justicia penal y sistema penitenciario. Los estados que recibieron más recursos este año fueron el Estado de México, el Distrito Federal y Chiapas (DOF, 2016).

Desde 2011, el SPA era un fondo que se otorgaba con el fin de  ayudar a que los estados se reorganizaran bajo el esquema del Mando Único Policial y a que conformaran Módulos de Policías Estatales, Ministeriales o Custodios Acreditables (Segob, 2016). En el 2015, el monto de recursos del fondo fue de 2,759.1 mdp, el cual se repartió con base en las siguientes variables: población, combate a la delincuencia, cobertura territorial y evaluación de la aplicación del subsidio. Los estados que recibieron más ingresos del SPA en ese año fueron el Estado de México, el Distrito Federal y Veracruz (DOF, 2015).

Por su parte, el gasto de los municipios y delegaciones en seguridad se financiaba de los recursos propios y de los ingresos obtenidos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun). El Subsemun debía “destinarse a la profesionalización, al equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, al mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y –desde 2009– a la Operación Policial y al desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito” (Segob, 2012, pág. 4). Para 2015, el Subsemun se conformó con 4,893 mdp, con los que se benefició a 280 municipios que fueron elegidos con base en su población, la incidencia delictiva y la variable cobertura a municipios (aquellos considerados destinos turísticos, en la zona fronteriza, conurbados o afectados por la proximidad geográfica e incidencia delictiva de otros municipios) (DOF, 2015).

En 2016, la Nueva Estructura Programática fusionó el SPA y el Subsemun y creó el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). Para 2017, el Fortaseg ascendió a 5,000 mdp, distribuidos entre 300 municipios con base en su población, combate a la delincuencia e incidencia delictiva, características municipales específicas y su Estado de Fuerza. El Fortaseg debe invertirse en los mismos programas prioritarios del FASP, salvo los relacionados con el sistema penitenciario; el desarrollo de las ciencias forenses; el fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto y la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas (DOF, 2017).

Gráfica 8. Evolución del FASP, SPA, Subsemun y Fortaseg (2001-2017)

Fuente: elaboración propia con base en información del DOF Nota: precios base 2010. Para 2017 se consideró únicamente el INPC de enero

Los fondos federales en seguridad presentan algunos problemas en su implementación que condicionan su efectividad. Muestra de ello son las 552 auditorías realizadas por la ASF entre el 2008 y el 2014 al FASP y al Subsemun, mismas que derivaron en 4,521 recomendaciones de mejora de diversa índole (ASF). En la tabla 4 se presentan cuáles son los principales problemas en la gestión de ambos fondos.

Tabla 4. Principales problemas identificados por la ASF en la gestión de los fondos federales en seguridad

Fuente: elaboración propia con información de la (ASF)

Considerando que buena parte de los recursos que se invierten a nivel subnacional en seguridad pública provienen de las transferencias federales, la eficiencia del gasto en este rubro estará sujeta al desempeño de los fondos federales en seguridad. Una alternativa para producir mejores resultados con dichos fondos la ofrecen los Outcomes Based Agreements (OBA, por sus siglas en inglés). Los OBA son contratos entre un financiador y un proveedor de servicios, donde los pagos y estímulos financieros se otorgan en función del logro de resultados medibles, y no del cumplimiento de actividades, de los servicios otorgados o de las personas atendidas, como tradicionalmente se miden las acciones del gobierno.

Los OBA pueden darse entre el gobierno y un proveedor de servicios o entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Particularmente, la eficiencia de los fondos federales en seguridad puede potenciarse mediante un tipo de OBA denominado Acuerdo Intergubernamental. En este tipo de contrato se delinean funciones y responsabilidades del gobierno federal y los gobiernos subnacionales para garantizar el cumplimiento de resultados medibles (Beeck Center and Georgetown University, 2014). Por ejemplo, las observaciones de la ASF en cuanto a los fondos federales en seguridad dejan ver que en algunas entidades los indicadores de resultados son inexistentes o insuficientes; que no existe voluntad para medir el impacto de los recursos y que los informes de seguimiento sobre el ejercicio, destino y resultados de los fondos no se entregan con regularidad y su calidad es cuestionable. Con los OBA buena parte de estos problemas son subsanados, ya que la entrega de recursos está atada a la obtención de resultados tangibles. Por tanto, la generación de indicadores pertinentes –así como su medición y reporte periódicos– son condiciones necesarias para que los gobiernos subnacionales puedan acceder a estos recursos.

Infografía capítulo 4 «¿Más policias ¿menos violencia?»

Capítulo 4

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS?

La efectividad del gasto público debe ser una constante en el funcionamiento del gobierno, más cuando se trata de temas de alto impacto en la calidad de vida de los ciudadanos como la seguridad interior. Considerando que el gasto federal representa más de dos terceras partes de lo invertido a nivel nacional en seguridad, su crecimiento debería reflejarse en menores niveles de violencia. A continuación se exponen algunos indicadores en materia de seguridad que sugieren la poca efectividad de este gasto.

En primer lugar,un comparativo internacional nos permite observar que México es uno de los países más violentos del mundo.Con 15.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, México está muy lejos de tener sociedades pacíficas como las de Argentina y Chile (7.6 y 3.6 homicidios por cada 100 mil habitantes). Incluso, tenemos una tasa de homicidios 10 veces más alta que la del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con 1.6 homicidios por cada 100 mil habitantes (UNODC, 2014).

Imagen 1. Radiografía del homicidio en el mundo

Fuente: (UNODC, 2013)

Ser considerado como uno de los países más violentos del mundo es producto, entre otras cosas, de un historial acumulado en materia de homicidios. La siguiente gráfica muestra cómo a partir de 2007 el número de homicidios registrados se incrementó considerablemente, hasta llegar a su punto más alto en 2011. Pese a una marcada disminución de esta variable desde el 2012, a partir del 2014 el número de homicidios dolosos volvió a incrementarse.

Gráfica 9. Evolución del número de homicidios dolosos en México

Fuente: elaboración propia con información del (SESNSP)

El diagnóstico de la violencia varía drásticamente entre las entidades federativas. Para 2016, los estados con las mayores tasas de homicidios fueron Colima, Guerrero y Sinaloa. Por su parte, Yucatán, Aguascalientes y Nayarit fueron los estados más pacíficos. Cabe destacar también que la violencia en once estados supera el promedio nacional.

Tabla 5. La tasa de homicidios en los estados (2016)

Fuente: elaboración propia con información del (SESNSP)

Un aspecto que debe destacarse es que de 2010 a 2016, doce entidades federativas lograron reducir su tasa de homicidios; Nayarit, Durango y Chihuahua presentan números alentadores. No obstante, la violencia incrementó considerablemente en estados como Colima, Zacatecas y Baja California Sur.

Tabla 6. Comportamiento de la tasa de homicidios por entidad federativa

Fuente: elaboración propia con información del (SESNSP)

La tasa de homicidios es una variable comúnmente usada para medir el grado de violencia en un país. Sin embargo, conviene también profundizar sobre cómo se comportan el resto de los delitos del fuero común para tener un diagnóstico completo de la inseguridad. En este sentido, la siguiente gráfica muestra que los delitos de fuero común tienen una tendencia similar a la de los homicidios: incrementan a partir de 2006, disminuyen entre 2011 y 2015  y vuelven a incrementar a partir de esa fecha.

Gráfica 10. Evolución de los delitos de fuero común registrados

Fuente: elaboración propia con información del SESNSP

Actualmente, el delito de fuero común más frecuente es el robo (principalmente de vehículos y a transeúnte), seguido de las lesiones y los delitos patrimoniales (los más comunes son el daño en propiedad ajena y fraude). Los homicidios sólo representan el 2% de los delitos registrados.

Gráfica 11. Radiografía del delito (2016)

Fuente: elaboración propia con información del SESNSP

Dados los resultados mostrados hasta ahora, la pregunta obligada es si invertimos cada vez más en seguridad interior, ¿por qué persisten los altos niveles de violencia? Una posible explicación a este fenómeno es que los recursos ejercidos hasta hoy en día han servido para conformar un cuerpo policíaco con el número de elementos adecuados para combatir el delito, pero con capacidades limitadas de persecución y prevención. En la tabla 7 se muestra, por ejemplo, que México posee 367 policías por cada 100 mil habitantes, mientras que los países del OCDE, 297 en promedio.

Tabla 7. Comparación internacional de los elementos destinados a la persecución del delito

Fuente: elaboración propia con información de UNODC (2013)

Los indicadores anteriores dan cuenta de la capacidad del poder ejecutivo en la persecución del delito. También es pertinente saber cuál ha sido el desempeño del poder judicial en cuanto a la administración de justicia. Recordemos que la función de Justicia recibe mayores recursos que la función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, por lo que, si el gasto fuera eficiente, se esperarían mejores resultados en este rubro.

Un indicador de la capacidad de las instituciones para procurar justicia es el porcentaje de sentencia. De acuerdo con el Índice de Impunidad Global, en México «del total de delitos consumados, solamente existe un 4.5% de sentencias condenatorias. Lo cual nos arroja una impunidad cercana al 95». Incluso, considerando la cifra negra, la impunidad incrementa a 99%; es decir, menos del 1% de los delitos cometidos reciben castigo (UDLAP, 2016).

Estos resultados pueden deberse al poco personal dedicado a la administración de justicia. En la tabla 8 se observa que en México existen 4 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en los países OCDE, 16. Además de lo anterior, en México sólo existen 3.2 agencias del Ministerio Público y 7.5 agentes por cada 100 mil habitantes (UDLAP, 2016).

Tabla 8. Comparación internacional de los elementos dedicados a la administración de justicia

Fuente: elaboración propia con información de UNODC (2013)

Los datos presentados dan cuenta de que la procuración y administración de justicia pueden ser un cuello de botella para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que existen muchos elementos persiguiendo el delito y pocos dedicados a estas funciones.


Recomendaciones

El diagnóstico sobre el gasto y el estado de la seguridad pública en México muestra que hay muchas tareas pendientes. Sin embargo, algunos de los cambios más apremiantes que favorecerán la eficiencia de los recursos y, por lo tanto, la reducción de la inseguridad son:

  1. Asignar y ejercer el gasto de manera inteligente. La asignación del gasto en seguridad debe ser producto de un ejercicio de planeación mediante el cual se definan prioridades, así como objetivos claros y medibles. Además, se debe contar con información precisa sobre los resultados que se generan para tomar decisiones informadas sobre cómo asignar el gasto eficientemente.
  2. Focalizar y asignar recursos para la prevención basados en evidencia. La política preventiva debe ser parte central de la estrategia nacional de seguridad pública. No obstante, para asegurar que produzca mejores resultados es necesario que sea focalizada en las zonas y grupos poblacionales de mayor riesgo. Además, las decisiones sobre dónde y en qué invertir deben estar basadas en evidencia, de tal manera que no se destinen recursos a actividades de poco impacto en la prevención del delito.
  3. Fortalecer las capacidades de los cuerpos policíacos a nivel subnacional en seguridad. Una política sostenible de combate a la delincuencia debe apostar por el fortalecimiento de las capacidades de las policías estatales en la persecución del delito. En este sentido, cobra importancia la creación de un sistema de carrera policial que regule el ingreso, la remuneración, formación, promoción, evaluación, certificación y estímulos para los miembros de las instituciones policiales. Sin una estrategia clara de profesionalización policial, los aumentos del gasto se reflejarán, principalmente, en un mayor número de policías, lo que ha demostrado ser una política poco efectiva en la disminución de la violencia.
  4. Incluir incentivos orientados a resultados en el diseño de los fondos federales.
    Las recomendaciones de la ASF dan cuenta de la existencia de muchas áreas de oportunidad en cuanto a la gestión de los fondos federales en seguridad. No obstante, las observaciones más comunes recalcan la poca efectividad, transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos. De ahí que resulte fundamental incluir en las reglas de operación de los fondos mecanismos novedosos, como los OBA, para atar la entrega de recursos a resultados concretos y medibles, así como a las mejoras en los sistemas de transparencia y rendición de cuentas estatales.
  5. Fortalecer la procuración y administración de justicia. El aumento del número de jueces y agentes del Ministerio Público, así como el fortalecimiento de sus capacidades, redundará en una procuración y administración de justicia expedita y eficaz. Hasta ahora, el aumento de recursos para la función de Justicia observado en los últimos años no ha correspondido con los resultados obtenidos en estas áreas.
  6. Promover la cultura de la denuncia. En México, buena parte de la cifra negra es explicada por la ineficiencia y desconfianza en las instituciones que persiguen el delito y procuran justicia; por ello, el combate de la corrupción en los cuerpos policíacos y en los Ministerios Públicos, así como las mejoras en sus procesos, redundarán en mayores niveles de denuncia. Paralelamente, se deben promover los mecanismos seguros de denuncia que traduzcan la información proporcionada por el ciudadano en resultados tangibles.

 

Bibliografía

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